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Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia.

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Colombia mantendrá fuero militar pese a críticas de HRW

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que la única forma de que el Gobierno retire el fuero militar del proyecto de ley es que la comisión de expertos lo aconseje, pero que no se hará para atender una petición de HRW.

24 de enero de 2012

Colombia mantendrá en el proyecto de ley sobre reforma judicial un artículo sobre el fuero militar que busca que todos los casos castrenses sean atendidos por tribunales militares, a pesar de varias críticas a esa propuesta formuladas por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, planteó que la única manera en que el Gobierno retire del proyecto de ley, que debate el Congreso, el tema del fuero militar, es que una comisión de expertos, integrada por el mismo gobierno a fines del 2011, lo desaconseje.

Pero "retirarlo para atender la petición de HRW, por supuesto no", señaló Esguerra.
Esa comisión la integran civiles, militares y oficiales de policías retirados, así como expertos del tema de la justicia penal militar.

"Ellos determinarán en su momento y en su sabiduría cómo se integra su trabajo en un proyecto de reforma y esa podría ser la única razón que determinará que el asunto del fuero pasara a formar parte de ese proyecto integral", aseguró el ministro en una nota divulgada el martes en un correo electrónico.

HRW criticó la inclusión de ese artículo sobre el fuero militar en el proyecto de reforma a la justicia en una carta que dirigió al presidente Juan Manuel Santos en diciembre, y volvió a cuestionarlo el lunes al presentar en Washington un informe sobre la situación de los derechos humanos en América Latina.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, atribuyó a presiones del sector castrense y de allegados al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) el debate sobre las reformas al fuero militar con el argumento de que policías y soldados están expuestos a la vigilancia de la fiscalía y habría que otorgarle seguridad jurídica.

Es un "eufemismo para conferir impunidad a quienes hacen tareas de seguridad pública", señaló Vivanco al divulgar el informe.

AP