Colombia según las Farc

En las últimas semanas, las Farc han hecho desde La Habana toda clase de propuestas que no solo dibujan con detalle la Colombia a la que aspiran políticamente (claramente chavista) sino, por primera vez, cómo se ven a sí mismas en calidad de movimiento político desarmado. Algo que puede ser positivo si tienen voluntad de paz, pues indicaría que están armando en serio su tinglado de negociación. Pero que, a la vez, deja flotando una pregunta: ¿entienden los hombres de Timochenko a qué país le están hablando?

Desde que empezó el décimo segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno y las Farc, el pasado 28 de julio, esa guerrilla se ha dedicado a desgranar diariamente, como lo hizo durante la discusión del tema agrario, una lista de “propuestas mínimas” sobre participación política, el segundo de los seis puntos que figuran en la agenda. Sus ideas van de lo negociable hasta lo imposible.

Las Farc han pedido que se les entreguen curules por varios términos legislativos en el Congreso, en asambleas y concejos. Han exigido que todos los guerrilleros, sin distingo de los crímenes que hayan cometido, puedan participar en política y acceder a cargos de elección. Demandaron democratizar la propiedad de los medios de comunicación y que el Estado les financie periódicos, canales y revista. Pidieron sustituir la Cámara de Representantes por una Cámara Territorial, cuya composición adelantaron. Y rechazaron toda decisión de Justicia Transicional que no se pacte previamente con ellos.

En una disertación destinada a quedar en los anales del santanderismo, que empezó en el ius puniendi (el derecho estatal a hacer justicia) y acabó en el “principio de legalidad”, Iván Márquez descalificó el Marco Jurídico para la Paz, que estudia la Corte Constitucional como una “iniciativa unilateral del gobierno” que “ningún papel positivo jugará en el proceso de paz”. 

Dijo que no ha sido discutida con la guerrilla y que proviene de un Estado que no ha podido derrotarla y sin autoridad para adoptar iniciativas de Justicia Transicional. Y hasta criticó al magistrado ponente por filtrar apartes de su ponencia a los medios.

En otro razonamiento que denota hasta dónde las Farc recurren en Cuba a la ‘legalidad burguesa’ que siempre han desconocido, Pablo Catatumbo declaró al Estado responsable por las víctimas del conflicto. 

“Al no haber vencedor ni vencido, y no habiendo concluido aún el conflicto porque el Estado, por decisión del gobierno que lo representa, no lo quiere, es entonces el Estado el mayor responsable por las consecuencias de la contienda”, dijo, proponiendo que una comisión con participación internacional estudie la responsabilidad que tienen en el conflicto el bipartidismo, los medios, la Iglesia, las potencias extranjeras, los latifundistas, los empresarios y el sector financiero. Todos, menos las propias Farc. 

Las diez propuestas sobre acceso a los medios de comunicación tienen un claro sello chavista y de lo que está haciendo el presidente Correa en Ecuador. Incluyen crear un consejo de supervisión, una ley de regulación, impedir el monopolio, garantizar que los contenidos “respondan a propósitos nacionales”, dar a la oposición acceso a la propiedad de los medios e introducir la figura de las “cadenas nacionales”.

Por primera vez, las Farc expusieron cómo se ven en calidad de movimiento político. Para pasar a la legalidad, piden hacer cambios institucionales para “garantizar (…) los derechos políticos de todos los integrantes de las organizaciones guerrilleras”. Pidieron curules en el Congreso y en concejos y asambleas “durante los periodos que se determinen” y una “circunscripción de paz” para llevar voceros al Congreso. 

Aspiran a una financiación estatal especial, a tener un representante en el Consejo Nacional Electoral y, además de contar con acceso a los medios de comunicación estatales, que se les financien un diario, una emisora, un canal de televisión y una “revista teórica”. Y quieren medidas de seguridad, supervisadas por una comisión con participación internacional.

Han pedido una asamblea constituyente; cambios en la estructura y la doctrina de las Fuerzas Militares y la Policía; abolición del presidencialismo; elección popular de Procurador, Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo; un Estatuto de la Oposición y una profunda reforma del sistema político, electoral y de partidos. 

Han propuesto reemplazar la Cámara por un ente territorial, crear instituciones de veeduría y control que entreguen a la “participación ciudadana” las decisiones clave en el ámbito local. Piden reformar la Justicia, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y cambiar el sistema de elección de magistrados de las altas cortes. 

Quieren que la oposición tenga derecho a “consulta previa” en relaciones exteriores, seguridad y defensa y administración de Justicia, y que tenga asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la junta del Banco de la República y el Consejo Nacional Electoral. Y pidieron subir los impuestos para acercar a Colombia “al menos al nivel de tributación más bajo de los países que conforman la Ocde”. 

En los dos meses que lleva discutiéndose el punto de participación política, las Farc han hecho cerca de 50 propuestas y, como en el punto agrario, probablemente llegarán al centenar. Algunas de ellas pueden ser negociables y hasta pertinentes. Pero otras se salen tan evidentemente de la agenda pactada que, probablemente, ni las Farc mismas insistirán en ellas en la Mesa.

Por una parte, todas estas propuestas delinean el programa político, de claro corte chavista, que las Farc están visiblemente construyendo en sus intervenciones diarias desde que empezó la negociación, hace casi un año.

Además, hablan por primera vez de cómo esa guerrilla se prefigura en la legalidad. Un programa y una visión que para muchos colombianos pueden ser inaceptables pero que, si la guerrilla deja las armas y se pone fin al conflicto armado, tiene derecho a defender con las ideas y a pelear electoralmente. Todo esto muestra a una guerrilla en busca de reconocimiento como sujeto político y comprometida con las cotidianas demandas de la metodología de negociación acordada.

Sin embargo, el gran corto circuito de esta negociación es que las Farc aspiren a hablar de política mientras la aplastante mayoría del país quiere oírlas reconocer sus crímenes, pedir perdón a las víctimas y aceptar alguna medida de reparación y justicia como cuota inicial para concederles cualquier cosa. 

¿Entienden las Farc que la sociedad colombiana está en una sintonía y ellas en otra, completamente distinta? ¿Entienden las Farc que mientras no haya una verdad y un perdón auténticos es muy difícil que los colombianos acepten siquiera la firma de un acuerdo sobre los puntos pactados con el gobierno?

Para muchos colombianos es bastante cínico y contradictorio oír a los guerrilleros hablar de política y hacer propuestas a diestra y siniestra, como si no hubieran cometido durante tantos años crímenes de lesa humanidad. Una actitud que contrasta con la del Estado, que ha reconocido el conflicto, las víctimas y la responsabilidad de algunos de sus agentes en graves violaciones a los derechos humanos. 

Aún le falta mucho al Estado en esa dirección. Pero si las Farc –tal vez por miedo al síndrome de la claudicación– no empiezan a entender que la negociación pasa por reconocer su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, será muy difícil una reconciliación política.