Leonidas Bustos y Gustavo Malo: ¿irán a la cárcel?

El escándalo de la Corte Suprema cada vez tiene más tentáculos. Esta semana, en ese entramado apareció un nuevo protagonista: el magistrado Gustavo Malo. El jurista tiene a su cargo el proceso contra Musa Besaile, en el cual este ya aceptó haber pagado 2.000 millones de pesos al ex fiscal Gustavo Moreno para engavetar la decisión en su contra. La Corte Suprema de Justicia le pidió la renuncia a su colega y ahora el caso se encuentra en la Comisión de Acusación de la Cámara. Con Malo, ya serían tres magistrados los que tendrán que responder a este organismo. ¿Qué les puede pasar? ¿Irán a la cárcel? ¿Pueden seguir en sus cargos? SEMANA explica cómo será el proceso en su contra y lo que viene para ellos.  

 ¿Por qué los magistrados van a la Comisión de Acusación y no la Fiscalía?

Todos los magistrados de las altas cortes son aforados. Esto quiere decir que los procesos en su contra no los lleva un juez ordinario, sino una instancia superior. En principio, tener fuero no significa impunidad, pues se trata de una protección que existe en todas la legislaciones para que los funcionarios no puedan ser perseguidos a punta de procesos judiciales. En el caso de los magistrados, el órgano encargado de investigarlos y acusarlos es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿De qué señalan a Leonidas Bustos y Gustavo Malo?

Ambos son acusados de hechos de corrupción mientras eran magistrados de la Corte Suprema. Bustos, quien fue presidente del alto tribunal, fue salpicado en el escándalo por medio de Gustavo Moreno. El senador Musa Besaile asegura que el ex fiscal anticorrupción le pidió 2.000 millones de pesos y que en una servilleta le escribió que el dinero iría para Leonidas Bustos. Gustavo Malo es el magistrado encargado del caso y sería investigado por haber supuestamente engavetado esa investigación. También se podría indagar si existieron hechos irregulares en los procesos ante la Corte de Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos.

¿Quiénes son los congresistas que llevan el proceso?

Dentro de la Comisión de Acusación se debe nombrar unos congresistas investigadores. En el caso de Leonidas Bustos y Gustavo Malo son Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y Fabio Arroyave, liberal.  Contra este último justamente este martes los investigadores anunciaron apertura de investigación. Es la primera vez en la historia de la Comisión de Acusación que se realiza un duunvirato, cuando un congresista de la oposición y otro del Gobierno se unen para mirar procesos con ocasión de aforados. Ambos fueron escogidos por la mesa directiva de la corporación, que la conforman el presidente, Fabio Arroyave, el vicepresidente Germán Alcides Blanco, representante del Partido Conservador, y el secretario general de la corporación, Juan Pablo Duque, quien no es representante.

¿Por qué el caso de Ricaurte pasó a la Fiscalía?

El proceso contra Francisco Ricaurte sigue en la Comisión de Acusación. Sin embargo, esta compulsó copias a la Fiscalía compulsó copias, además, a la justicia ordinaria para que lo investigue porque algunos delitos los habría cometido cuando ya no ostentaba el cargo de magistrado.

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¿Por qué la llaman la Comisión de Absoluciones?

En casi medio siglo esa corporación solo ha acusado a tres altos dignatarios del Estado, de los cuales solo uno llegó a la Corte Suprema, el exmagistrado Jorge Pretelt, investigado por el delito de concusión (cuando un funcionario público, ejerciendo su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o cobra más de lo estipulado en la ley por sus funciones). A propósito de la investigación de Pretelt, la Corporación Excelencia a la Justicia presentó un informe que aseguraba que de 2012 hasta 2014 esa corporación recibió un total de 3.496 denuncias, de las cuales 1.957 fueron archivadas y 1.538 casos estaban sin resolver.

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¿Quiénes conforman la Comisión de Acusación? ¿Son abogados?

La Comisión de Acusación tiene 15 miembros de los cuales nueve son abogados. La composición es la siguiente: Fabio Alonso Arroyave, liberal, abogado; Germán Alcides Blanco, conservador, abogado; Ana Cristina Paz, Partido Verde, abogada, Berner Zambrano, de La U, economista; Candelaria Patricia Rojas, del Movimiento 100 por ciento Colombia, zootecnista; Carlos Edward Osorio, de La U, abogado; Carlos Alberto Cuenta, Cambio Radical, profesional en mercadeo; Humphrey Roa, conservador, arquitecto; Luis Fernando Urrego, conservador, abogado; Federico Hoyos, Centro Democrático, politólogo; Nicolás Guerrero Montaño, La U, abogado; Edward Rodríguez, Centro Democrático, abogado; Edgar Alfonso Gómez, liberal, abogado; Julián Bedoya, liberal, abogado; y Hernando José Padauí, Cambio Radical, médico.

¿Por qué nadie cree que pueda salir una investigación de allí?

El escepticismo frente a lo que pueda hacer la Comisión de Acusación en este escándalo se debe a razones históricas (ver punto anterior) y prácticas. Como la comisión no es un órgano judicial, sino político, conformado por 15 representantes de diferentes partidos, la capacidad técnica de adelantar una investigación judicial de esa envergadura es muy limitada. El constitucionalista César Torres del Río asegura que “prima la actitud de prolongar y de no satisfacer las demandas democráticas de ciudadanos y del propio Congreso (...) el problema también tiene que ver con la tradición misma que implica la exoneración de los delitos por anticipado”.

¿Por qué dicen que allí opera el ‘yo te absuelvo, tú no me juzgas‘?

Las investigaciones contra los magistrados encuentran un ambiente muy difícil en el Congreso, pues la  Corte Suprema es a su vez el juez de los parlamentarios. El constitucionalista Juan Manuel Charry asegura que la ineficiencia de la Comisión se debe a un mal diseño del Estado. “Hoy los juristas controlan a los congresistas y eso se debe a un diseño mal elaborado de la Constitución, que cruzó las competencias otorgándole más peso a las cortes”, puntualiza Charry.

¿Puede ser rápida la investigación?

El reglamento con el que se rige la Comisión de Acusación es el reglamento del Congreso (la ley Quinta de 1992). Los ritmos de la política nunca se ajustarán a los ritmos judiciales. Por ejemplo, el Congreso trabaja en sus periodos ordinarios desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre y desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio. Además, la Comisión tiene reuniones los miércoles de cada semana, desde las 7:30 hasta las 9:30 de la mañana, momento en el que los miembros parten para sus comisiones respectivas. En otras palabras, trabajan ocho de los 12 meses del año y este 2017 los representantes solo se reunirán 34 días, durante dos horas por día, lo que en la práctica entorpece todo el funcionamiento de las investigaciones.

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¿Cómo comienza el proceso?

El proceso lo dirigen los representantes investigadores. Si es un tema penal se sigue la 600 y si es disciplinario el Código Disciplinario Único.  Al final, ambos deben presentar una ponencia ante los 13 miembros restantes de la Sala Plena de la Comisión de Acusación. Allí deben decir si proponen inhibir, precluir o acusar a los investigados. Para acusarlos, el pleno de la comisión tiene que aprobar el informe con la mitad más uno de los votos de sus 15 miembros. Si se llega a presentar esa situación, automáticamente pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes.

¿Qué pasa cuando el proceso llega a la Cámara de Representantes?

En ese momento el presidente de esa corporación, en este caso el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, debe nombrar una comisión accidental, por lo general con representación de todas las fuerzas políticas, para que rinda un informe ante la plenaria. El tiempo que los representantes accidentales tienen para presentarlo lo define la mesa directiva de Cámara y su postura -por mayoría- debe ser de inhibir, precluir, regresar o aprobar el informe de la Comisión de Acusación. En el caso de Samper, hace 20 años, la plenaria precluyó la investigación. La comisión accidental elige a un representante para hablar en plenaria. Algunos de ellos, de manera personal, tienen el derecho a presentar ponencia de archivo, si la comisión decide avanzar con el proceso al Senado. En la plenaria de la Cámara se debe adelantar una votación para decidir si se realiza la acusación y el caso pasa al Senado.

¿Qué hace el Senado?

Si la plenaria de la Cámara acusa ante el Senado a los altos funcionarios llega el momento más determinante para la investigación. El informe que viene de esa corporación entra a una comisión de instrucción que debe estar conformada por senadores elegidos por la Presidencia del Senado, en cabeza del conservador Efraín Cepeda. Esa comisión cumple una función igual a la comisión accidental de la Cámara. Es decir, también es conformada por las todas las fuerzas políticas que tiene el Senado y su labor es llevarle el informe a la plenaria en el orden de archivar, aprobar o regresar a la Cámara el informe de acusación.

¿Qué es el juicio de indignidad?

En el Senado se presenta el momento definitivo del proceso. Si los senadores consideran que el proceso tiene méritos penales este se traslada a la Corte Suprema de Justicia para que se determine la responsabilidad de los magistrados en la Comisión de delitos. Paralelamente el senado puede adelantar un juicio político. Este juicio no resuelve si se cometieron delitos ni manda a la cárcel al implicado. Lo único que puede concluir es que la persona es indigna de ocupar su cargo.   

¿Pueden ir a la cárcel?

Durante todo el proceso en el Congreso, la libertad del acusado no es un tema de debate. La solicitud de medida de aseguramiento solo se puede hacer si el caso llega a la Corte Suprema, después de pasar por el Senado. La Corte puede pedirla preventivamente en tres casos: si la persona es un peligro para la sociedad, si se va a fugar o si puede alterar las pruebas del proceso. Si estas condiciones no se reúnen, la persona solo puede ser detenida si es condenada. Como el delito por el cual los acusan es concusión, de ser declarados culpables la pena tiene privación de la libertad.