La inevitable muerte de la Comisión de Aforados

En 2015 el conflicto más voraz del alto poder fue el de la Comisión de Aforados. Ninguna reforma constitucional había sido tan polémica y esforzada como la del equilibrio de poderes que contenía esa propuesta: un megatribunal con la capacidad de investigar al fiscal y a los magistrados, hasta ahora intocables ante la justicia. Sin embargo, después de un año de ser aprobada en el Congreso con muchos debates, e incluso algunos insultos, lo más probable es que este nuevo organismo no se conforme nunca.

El tema había generado tantas heridas en la Rama Judicial que el propio fiscal Eduardo Montealegre demandó en ese momento la reforma. El proceso le correspondió en la Corte Constitucional al magistrado Alejandro Linares, el único ternado por el presidente Santos. Por eso, muchos anticipaban que su ponencia sería favorable a la que fue la reforma bandera del gobierno.

Sin embargo, esta semana Linares registró una posición contraria a esa expectativa. Con eso dejó claro que no es 100 por ciento gobiernista, sino que tiene el talante para tomar decisiones difíciles e impopulares. Según trascendió, su ponencia establece que la Comisión de Aforados es inconstitucional, una posición que muy seguramente comparten todos sus colegas, pero que levantará ampolla.

La razón para él sería que se violó el principio de consecutividad, que se refiere a la obligación de discutir todos los temas desde el comienzo del debate del acto legislativo. Esto porque la eliminación del antejuicio político (es decir, del paso del proceso de los aforados por el Congreso) se incluyó después del cuarto debate.

El jueves pasado, la Corte Constitucional se reunió para analizar esta ponencia. Los otros siete magistrados no estuvieron de acuerdo con la tesis de Linares, pero al parecer sí con la consecuencia: eliminar la Comisión de Aforados. En la corte lo que ha tomado fuerza es la teoría de la sustitución de la Carta Política. Con ese argumento, los magistrados revivieron hace unas semanas la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y se anticipa que será el mismo que usarán para sepultar el supertribunal tribunal que tenía el poder de investigarlos.

Los magistrados consideran que el Congreso no tiene la facultad para modificar ese aspecto de la Constitución, pues alterarían principios fundamentales como la independencia del Poder Judicial. Siete magistrados podrían estar a favor de esa idea. Votaría en contra Linares, que no cree en la tesis de la sustitución, y Jorge Pretelt, por el proceso que se adelanta en su contra.

La tesis de la sustitución de la Carta ha indignado en el mundo político a quienes interpretan que los magistrados están diciendo que nadie puede tocarlos. Por eso, a raíz del fallo que revivió la Judicatura, muchas voces pidieron una constituyente para reformar a la Justicia pues consideran que es el único camino para ese fin. A eso se suma que con ese fallo, la Judicatura había quedado con el poder de nombrar la Comisión de Aforados, lo cual también desató controversias.

Al gobierno le preocupa lo que pueda pasar con esta sentencia. Por un lado, porque sería la segunda reforma a la justicia que resulta fallida. La primera se cayó en medio de un vergonzoso escándalo pues le colgaron todo tipo de micos. Eso precipitó la renuncia del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Por otro lado, se cree que este podría ser un precedente importante para lo que viene con el proceso de paz. La Corte Constitucional tiene en su agenda el plebiscito y el acto legislativo para la paz. La tesis de Linares de la consecutividad generó temor por lo que ese alto tribunal podría decir de la propuesta que salió de La Habana para blindar los acuerdos. La fórmula de incluir lo pactado en el bloque de constitucionalidad entró a ese acto legislativo en el séptimo debate.

Cualquiera que sea la decisión de la corte, levantará una enorme polémica. Mientras en el Palacio de Justicia ven a la reforma como una retaliación de la clase política con la Rama Judicial por las pérdidas de investidura y la parapolítica, en la opinión pública hay otra percepción. En ella quedará el mensaje de que los magistrados están actuando a nombre propio, lo cual no solo deja un muy mal sabor, sino que le hace mucho daño a la ya desprestigiada Justicia.