¿Comisión de sastres?

La Casa de Nariño dio a conocer los siete notables que integrarán la comisión para la reforma política y lo primero que provocó el anuncio fue un interrogante: ¿por qué, en tan corto tiempo, se desinfló en términos de tamaño e importancia la comisión?

Cuando el presidente Álvaro Uribe habló por primera vez de ella en su alocución del 20 de abril, la presentó como una "Comisión de Reajuste Institucional". Y dijo que su tarea era analizar con los partidos representados en el Congreso un proyecto de reforma política y de justicia para ser presentado el 20 de julio.

Eso sonó a palabras mayores. La única comisión de reajuste institucional que se recuerda fue la que conformó la Junta Militar hace medio siglo para regresar a la democracia. De ella hacían parte los ex presidentes y figuras como Guillermo León Valencia, Carlos Lleras, Luis López de Mesa, Gilberto Alzate y Alfonso López Michelsen.

Hoy, el nombre pomposo se fue diluyendo con el paso de los días. Al punto de que la Presidencia la bautizó, en el escueto comunicado del miércoles, como "Comisión de académicos encargada de asesorar al gobierno nacional en el estudio de los temas de la reforma política".

Y si bien los siete miembros que la integran son figuras de gran respeto (un ex vicepresidente, un ex ministro, tres ex magistrados, una ex congresista y un rector universitario), varios sectores de la política, la academia y los medios la recibieron con escepticismo o con sospecha.

Entre otras razones, por el momento elegido. Se anunció la comisión cuando todavía se oía el eco de las honras fúnebres de la reforma política sepultada horas antes en la comisión primera del Senado.

El espectáculo fue poco elegante. La bancada uribista no debatió, sólo hizo cálculos. Algunos se escabulleron para no tener que dar los dos votos que le hicieron falta a la reforma de la 'silla vacía' que se proponía sacar del Congreso la criminalidad que se había infiltrado en él. Y desde el punto de vista institucional, el mensaje no era mejor. La labor de más de un año de 260 congresistas, elegidos por voto popular, se reemplazaba de un día para otro por el trabajo en mes y medio de un grupo de siete particulares, elegidos a dedo. "La forma como se hundió la reforma fue brutalmente desinstitucionalizadora", dijo en el programa radial Hora 20 Francisco Gutiérrez, uno de los mayores conocedores de la historia de los partidos. "No hemos dimensionado la crisis. Yo he sido anticatastrofista, pero tengo que decir que este momento es muy crítico", añadió.

Hay quienes creen que anunciar la Comisión tenía un objetivo mediático. Según ésta interpretación, mostrar un interés por una reforma de mayor fondo era la única manera de contrarrestar el impacto negativo de no haber aprobado la reforma política de la 'silla vacía'.

La pregunta es para qué va a servir la Comisión. O mejor, qué se propone hacer el presidente Uribe a partir del 20 de julio en el Congreso. Para muchos, esta Comisión no es otra cosa que un grupo de sastres que deben diseñar un traje institucional a la medida del Presidente. Con el agravante de que no se sabe cuáles son esas necesidades: si las modificaciones que necesita el sistema político o acomodar la Carta para una nueva reelección.

En el Congreso las opiniones están divididas entre quienes la ven con buenos ojos y repiten el argumento uribista de que se necesita una reforma integral (que incluya financiación de campañas, voto preferente, etcétera), los que consideran que puede ser una comisión de poco impacto (como la del Gasto Público, de la cual el gobierno sólo tomó algunas sugerencias) y los que, como el senador Gustavo Petro, que ve "la intención de desmontar la Carta de 1991. Una contrarreforma para tocar temas de justicia que tienen que ver con la Corte y que estará ligada al favorecimiento de la reelección".

Son varios los puntos a considerar.Primero, hay un Congreso sin legitimidad. Tras el fracaso de la reforma política, siguen los 65 congresistas investigados por la para-política, más de 30 de ellos detenidos, y el 20 por ciento del Senado contaminado de paramilitarismo.

Que el Congreso no sea legítimo no solo es gravísimo, sino que es el órgano llamado a aprobar la reforma que va a diseñar la comisión ¿Se recurrirá a otra instancia? ¿Una constituyente o un referendo?

En segundo lugar, el país vive dos grandes escándalos: la para-política y la yidis-política. Y, en los dos, ha sido protagonista la relación entre el poder ejecutivo y el judicial, a veces de cooperación y a veces de confrontación. Un escenario poco propicio para que un equipo nombrado por la Presidencia, que ha venido acumulando poderes, proponga cambios de raíz.

Y en tercer lugar, hay un Presidente como Uribe, muy popular, que aún no dice si se lanza a un tercer mandato. ¿Cómo puede una comisión hacer una reforma sin saber si el Presidente quiere emprender una travesía que tiene un impacto contundente sobre la Constitución?

Un antecedente es el fallo con el cual la Corte Constitucional aprobó la reelección de Uribe. El tribunal dejó en claro que sólo la aprobaba por una vez, porque si se daba una segunda reelección inmediata, se desbarataba la arquitectura de pesos y contrapesos, sagrada en una democracia. Es decir, si el Presidente era reelegido, se tendría que modificar a fondo la Carta.

Pareciera que la comisión de notables no va a ir hasta allá. Por lo menos, uno de sus miembros, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, le dijo a SEMANA: "Yo me opongo a la reelección. En una comisión que la aliente, yo no puedo estar".

El escenario, sin duda, no es el más halagüeño. Y puede que la conveniencia y la oportunidad de convocar la comisión sean cuestionables. Pero es irrefutable que hay que hacer algo para salir de la crisis.

¿Una Constituyente, como propuso en el Polo Democrático? Suena absurdo cuando el país tiene una Constitución de la cual la mayoría se siente orgullosa. Colombia no es Bolivia o Ecuador, como para someter la estabilidad institucional al vaivén de las coyunturas o las veleidades caudillistas. "Uno no estrena carta cada 10 o 15 años", dice Gutiérrez.

¿Cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones, incluidas la de Presidente? Si bien esa salida tendría defensores, pues se ratificaría la ilegitimidad del Congreso, es mucho más drástica que la 'silla vacía', en la que sólo se castigaba a los partidos que permitieron que la mafia se filtrara en sus filas. Y no tendría mucha explicación recortar el período del Presidente.

La comisión tiene sin duda un gran desafío. Y sólo el 20 de julio, cuando presente su propuesta, se podrá evaluar su tarea. "No es justo que nos descalifiquen de entrada -alega De la Calle-, que nos juzguen por el resultado". El ex vicepresidente explica que su tarea será hacer recomendaciones y para ello hablarán con la oposición, la academia y las ONG, entre otros. "Son los poderes los que deben hacer el trámite de la reforma ante el Congreso".

Si bien según algunos de los comisionados, el gobierno no les dio los temas, ellos ya saben que tratarán básicamente asuntos electorales, es decir, la representación, los partidos, cómo darle más dientes al Consejo Nacional Electoral, y la financiación de campañas, entre otros.

En la medida en que la comisión actúe de manera independiente, y le saque el mayor provecho a la experiencia de sus miembros, podrá entregarle al país propuestas profundas y útiles. Y si ellas, no importa cuáles, se debaten con honestidad en los sectores sociales y políticos, se podrán convertir en un buen instrumento. Para no quedar como un saludo a la bandera o, como temen muchos, como un traje a la medida del gobierno.