A como dé lugar...

Si bien el gobierno de Álvaro Uribe no será recordado por inaugurar ninguna gran obra de infraestructura, no se puede decir lo mismo sobre el empuje que le metió, literalmente hasta último momento, a dejar en marcha varios megaproyectos claves para el país. De salir estos adelante sin mayores contratiempos, le garantizarán en el momento en que se corte la cinta inaugural de las obras un lugar en la foto. Sin embargo, la forma como se adjudicaron algunos de estos multimillonarios negocios hace que el entusiasmo sea mesurado y que, por el contrario, la sensación sea de que del afán lo único que le puede quedar al país es el cansancio.

El más reciente episodio se dio la semana pasada con la adjudicación de la Transversal de las Américas: un sistema de carreteras que va desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Panamá, atravesando la región caribe. Una carretera sobre la que no hay duda de su importancia. Sin embargo, el proceso al final quedó en entredicho pues hubo denuncias de supuestos sobrecostos por 500.000 millones de pesos y pronunciamientos de la Procuraduría de que un tramo clave del proyecto, la recta final para llegar a la frontera panameña, no tenía un adecuado plan de ejecución y no cumplía con las exigencias ambientales por ser zona de reserva. Aun así, dos días antes de terminar su mandato, la obra se adjudicó y los ganadores fueron las firmas Odinsa, Grupo Cóndor y Valorcon, que en esta administración tuvieron un notorio éxito al obtener buenos negocios con el Estado.

Las dudas con relación a los sobrecostos fueron expuestas en una audiencia en la que las denuncias no tuvieron ningún soporte contundente. Por el contrario, la adjudicación se hizo a la propuesta que presentó el presupuesto más económico, que fue 450.000 millones de pesos por debajo de los 1,6 billones de pesos que tenía el gobierno como precio base para otorgar la concesión.

Pero los reparos de la Procuraduría al parecer no fueron resueltos, tanto que el viernes este organismo de control abrió una investigación preliminar contra el Instituto de Concesiones (Inco), la dependencia a cargo del proceso, para evaluar si se acataron sus recomendaciones.

Más allá del intríngulis de este contrato, el entrante ministro de Transporte, Germán Cardona planteó el fondo del debate. En sus declaraciones a la prensa propuso que la adjudicación se postergara unas semanas para superar cualquier duda y arrancar con pie derecho y no a marcha forzada. Y se refirió a dos proyectos que ya empiezan a mostrar problemas. Citó el caso de la vía Bogotá-Girardot, en el que participa el cuestionado Grupo Nule y que ha tenido dificultades financieras; y la vía Rumichaca-Pasto-Chachagüí, que tiene problemas en sus diseños. Ya en el pasado los errores cometidos por otros gobiernos en estos megaproyectos le han salido muy caros al país. Sucedió con el caso Comsa y con el metro de Medellín.

Es legítimo que el gobierno hasta último minuto busque cumplir los compromisos políticos que ha adquirido con las comunidades, como puede ser en este caso con la costa, y que se esfuerce por redondear procesos largos, como el proyecto recién adjudicado.

Sin embargo, la administración Uribe tuvo una oportunidad de oro para transformar la infraestructura del país, pero su saldo es en rojo. La entidad que creó para atender el tema, el Inco, no levanta cabeza ni está a la altura de sus responsabilidades, y en su corta vida ha tenido nueve encargados de diferente orden -el último renunció al oponerse al proyecto de la transversal de las Américas.

También invirtió mal su primer mandato en un programa cuestionable como fue el Plan 2.500, modificó la ley de contratación para renegociar de manera muy conveniente para los contratistas las millonarias concesiones que estaban en marcha, y comprometió a diestra y siniestra vigencias futuras. Si de estos afanes se derivan posteriores líos en los proyectos, la cuenta de cobro que habrá que pasarle al gobierno saliente es muy grande.