COMO PEDRO POR SU CASA

PARA MUCHOS COLOMbianos, la noticia más importante de este domingo no fue la jornada electoral sino la publicación en los principales diarios del país de un artículo de la revista Time en el que Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali, revive un asunto que genera gran polémica cada vez que se menciona: su sometimiento a la justicia.

Pero en las declaraciones de Rodríguez no hay nada nuevo, nada distinto de lo que ya se sabía sobre su propuesta de entregarse y no confesar nada a cambio de una casa por cárcel suya o del Estado, y de los buenos oficios que interpondría ante los demás narcotraficantes para que de la noche a la mañana se convirtieran en hombres buenos y dejaran este lucrativo delito. Tampoco hay nada nuevo en la negativa estadounidense a avalar una posible nevociación.

En todo caso, las informaciones de Time van a contribuir a enrarecer, aun más, el ambiente internacional contra Colombia y en especial la noción de que el país se ha convertido en una narcodemocracia. A los lectores norteamericanos -en especial a los funcionarios del gobierno en Washington- puede quedarles un sabor de que hay una negociación en curso o al menos a punto de iniciarse. Tranquiliza, en principio, que el gobierno le haya dicho a Time que en todo caso no va a renunciar a perseguir militarmente a estos narcotraficantes.

Esa, por ahora, parece sólo una promesa, como lo comprueba el hecho de que un periodista estadounidense, de quien en los medios periodísticos se sabía que estaba siendo buscado por los hombres del cartel de Cali para una entrevista, haya podido llegar a ellos sin que las autoridades policiales lo detectaran. Si es verdad que no lo descubrieron debe concluirse que los problemas de ineficiencia de ese cuerpo alcanzan niveles mucho más graves de lo que se pensaba. Si lo detectaron y no actuaron, entonces se confirmarían las serias dudas que le quedaron al país tras los cambios que se produjeron en agosto en la cúpula de la Policía.

Esto es aun más grave si son ciertas las informaciones en el sentido de que el periodista Alberto Giraldo, el mismo de los narcocasetes, fue el intermediario para que Quinn consiguiera las dos entrevistas con Rodríguez, la segunda de ellas en el barrio El Chicó de Bogotá. En este punto, vale la pena preguntar cómo es posible que después de lo que pasó con los narcocasetes, Giraldo siga gozando de total libertad para contactar a los hermanos Rodríguez Orejuela sin que las autoridades puedan servirse de ello para ubicarlos, en cumplimiento de las órdenes que en su contra ha dictado la Fiscalía. El propio ministro de Defensa, Fernando Botero, así lo reconoció a Quinn, a quien le dijo que al intermediario "lo debimos haber seguido". En medio de este escenario confuso, el único que parece estar cumpliendo con su deber es el fiscal Alfonso Valdivieso, quien más allá de todas estas historias de entrevistas y propuestas de negociación, consolidó la semana pasada un proceso por narcotráfico en contra de Miguel Rodríguez Orejuela, y lo llamó a juicio por primera vez, en un hecho que no parece tener antecedentes en la última etapa de la lucha contra el cartel de Cali.

Lo triste, a juzgar por lo sucedido en el caso de la entrevista de Gilberto Rodríguez a Time, es que si ese juicio llega a darse y aun si la Fiscalía consigue una severa condena contra el acusado, es posible que este, su hermano y sus amigos sigan, después de ello, paseandose por el país como Pedro por su casa.