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| 8/11/2003 12:00:00 AM

Como perros y gatos

Una monumental pelea tiene enfrentados al Grupo Familia y el empresario Samuel Tcherassi. El asunto tiene más de guerra sucia que de proceso judicial.

Como perros y gatos, Sección Nación, edición 1110, Aug 11 2003 Como perros y gatos
En el mundo empresarial ha causado conmoción la orden de arresto contra Mónica Gómez, integrante del conglomerado antioqueño conocido como el Grupo Familia. Este, sin embargo, es sólo un detalle más en el enfrentamiento sin cuartel entre los Gómez, productores de la famosa marca de productos de aseo, y el empresario Samuel Tcherassi, hermano de la diseñadora Silvia Tcherassi, y miembro de una reconocida familia barranquillera.

El asunto no merecería mayor atención de no ser por las multimillonarias cifras en juego, la presión que las partes han hecho sobre la justicia y los medios, las decenas de trabajadores que han resultado damnificados y los episodios que han involucrado a la Fuerza Pública, tomas armadas de empresas y acusaciones mutuas de estafa y extorsión.

A diferencia de lo que se podría pensar, este agarrón comenzó como una excelente oportunidad de negocios. En agosto de 1999 Tcherassi celebraba su 'matrimonio' con la familia Gómez cuando les vendió 50 por ciento de su fábrica Detergentes Panamericanos (DPA) en Barranquilla. Como parte del acuerdo Tcherassi cedió la administración a los nuevos socios. A los pocos meses la empresa, que importaba la materia prima, tuvo pérdidas por la devaluación y fue necesario capitalizarla, lo que se hizo por partes iguales. Las pérdidas continuaron, Tcherassi asumió la gerencia y se hizo otra capitalización en la que sólo participaron los Gómez, con lo que quedó el barranquillero como socio minoritario.

En busca de materia prima nacional los Gómez contactaron en 2000 a Carlos Julio Santamaría, dueño de La Catleya, una empresa bogotana que había montado hacía poco una planta de detergentes, y le propusieron asociarse. "Yo accedí -cuenta Santamaría- por los buenos apellidos que respaldaban la negociación".

Crearon la Procesadora de Detergentes La Torre S.A. con Santamaría como dueño de la mitad, y el resto por partes iguales entre los Gómez y DPA. A los pocos meses La Torre, bajo la administración de los Gómez, comenzó a tener pérdidas, como antes DPA, y fue necesario capitalizarla. Ni Santamaría ni Tcherassi tenían plata pero para los Gómez eso no fue problema. Como consecuencia obtuvieron la mayoría de la nueva empresa.

Pero siguió dando pérdidas. Para Tcherassi la razón era que los Gómez compraban la materia prima a empresas de su grupo a costos elevados y vendían por debajo del valor de producción. Los Gómez dicen que el problema es que en los estatutos quedó que los únicos a los que se les podía vender la producción era a DPA, gerenciada por el barranquillero, y a La Catleya de Santamaría. Sostienen que éstas no pagaban los pedidos y como miembros de la junta de La Torre no permitían que se les subieran los precios.

Tcherassi y Santamaría consideraron que la capitalización de La Torre fue ilegal pues el dinero invertido era para cubrir errores de los Gómez. Para ellos esto fue una estrategia para tomarse la empresa y por eso pidieron la intervención de la Superintendencia de Sociedades. El matrimonio se dañó. Comenzaron a asomar las reclamaciones judiciales.



De alquilar balcon

Buscando soluciones se convocó una asamblea en octubre de 2001. Los Gómez llegaron con la mayoría accionaria. Tcherassi se consideraba perdido pero su abogado, César Ucrós, encontró un error a su favor: los Gómez no habían registrado en libros una parte de sus acciones.

Con esta sutileza, si se aliaban, Santamaría y Tcherassi quedaban con el mismo porcentaje que los Gómez. Y se jugaron esta carta. El representante de los Gómez, ofuscado, se alteró y accidentalmente, según él, regó su taza de tinto sobre el representante del barranquillero. Ahí fue Troya. Los Gómez se retiraron para deshacer el quórum pero, según Tcherassi, al salir uno de ellos gritó "no a todo", con lo que se asumió como si hubieran votado -y validado- el acta.

Los Gómez dicen que Santamaría y Tcherassi capitalizaron ilegalmente en ese momento la empresa "sin poner un solo peso" y se la tomaron. Ya con el control, nombraron como nuevo gerente a Tcherassi e hicieron varios cambios en los que los Gómez no pudieron participar.

Pero éstos no se quedaron quietos. Sabían que mientras se resolvía sobre la validez de esa asamblea, quien tuviera el control de la planta era quien mandaba. Según Tcherassi los Gómez mandaron soldar las puertas de la empresa y emplazaron a un grupo de celadores para impedirle la entrada. El barranquillero logró hacerlo por el lote de La Catleya, colindante con La Torre. Con un grupo de escoltas, varios perros rottweiler y papeles en mano llegó a reclamar su puesto como gerente. "Dormí una semana dentro de la fábrica para que no me sacaran", dice.

Al día siguiente los Gómez obtuvieron el apoyo de la Policía y con un camión antimotines llegaron a La Torre. Pero cuando iban a ingresar una llamada, atribuida por aquellos a las influencias de Tcherassi, hizo que los agentes se retiraran. Con esto quedó casada una garrotera que siguió durante un año con 12 procesos judiciales, dos arbitrales, tres querellas policiales y tres trámites administrativos en la Supersociedades.

Por su parte, la alianza de Santamaría con Tcherassi no duró mucho. El primero dice que sólo buscaba un cambio en la 'desastrosa' administración de La Torre, pero que con el barranquillero al frente las cosas siguieron igual. Alega que entabló denuncia penal porque él es el legítimo propietario del 50 por ciento de la empresa pues ante la Supersociedades la capitalización de los Gómez fue irregular.



Nuevos amores

En noviembre de 2002 el enredo parecía ver la luz al final del túnel. Minutos antes de celebrarse un tribunal de arbitramento uno de los miembros del clan antioqueño se reunió con Tcherassi y acordaron un divorcio amistoso. El costeño aceptaba retirar las demandas a cambio de 6.700 millones de pesos, que los Gómez pagarían en cuatro cuotas y quedaría nuevamente como único propietario de Detergentes Panamericanos DPA.

Como contrapartida los Gómez se quedarían junto a Santamaría con Detergentes La Torre y sus marcas. Además acordaron que se suspenderían todos los procesos, los Gómez recibirían el control de la planta con su representación legal y quedarían en firme las capitalizaciones.

La nueva luna de miel entre Tcherassi y los Gómez parecía marchar bien. El primero y el segundo pagos se dieron sin mayores contratiempos. Pero al tercero se volvió a armar el pleito.

Tcherassi había cedido la gerencia de La Torre a Mónica Gómez, pero ella no se pudo posesionar pues Santamaría impugnó el nombramiento. La razón es que éste asegura que nunca supo del acuerdo. "Lo único que me han dicho los Gómez es que me compran mi parte -dice- pero nunca han salido con nada. Ni siquiera me dejan entrar a la planta y eso que el lote es mío" , dice. Santamaría asegura que La Catleya ya tuvo que despedir a 50 trabajadores y que su empresa ha estado al borde de la quiebra.

Las versiones son encontradas. Los Gómez dicen que La Torre tenía que hacer el tercer pago por 2.391 millones de pesos y como ellos no tenían la representación legal no lo podían hacer. Para Tcherassi lo que hubo fue simplemente un incumplimiento. Sus adversarios aseguran que el barranquillero aceptó el acuerdo porque ya tenía a La Torre en tan mal estado financiero que incluso despidió a 80 empleados sin indemnización.

Volvieron las reuniones y Tcherassi, que además de Ucrós ya contaba con juristas como Alfonso Valdivieso, Néstor Humberto Martínez y Jaime Lombana, decidió que su DPA demandara el acuerdo en Barranquilla. Como reclamaba el pago de una deuda solicitó ante el juzgado segundo del Circuito embargar a todos los que firmaron el acuerdo: cuatro miembros de la familia Gómez, cinco de sus empresas, dos más de las que era propietario Tcherassi y a él mismo en persona.

Los Gómez se enteraron de la demanda en Barranquilla mientras trataban de negociar el pleito con los abogados de Tcherassi. Ya sólo los distanciaban 300 millones de pesos cuando se rompieron las conversaciones. "Por una cuenta de menos de 3.000 millones de pesos un juez nos embargó empresas por más de 500.000 millones", dice Mónica Gómez

Según ella la reacción de Tcherassi cuando ellos suspendieron la negociación fue tratar de tomarse la planta de nuevo. Dicen que con artimañas en tres oportunidades buscó engañar a los celadores. En una cuarta oportunidad se montó en una camioneta y trató de tumbar la puerta.



Ultimo 'round'

Tras el embargo de Tcherassi al Grupo Familia en Barranquilla Mónica Gómez publicó en El Tiempo y El Heraldo un aviso en el que advertía a proveedores, entidades financieras, acreedores y a quien tuviera relación con esta sociedad que Samuel Tcherassi ya no era representante legal de La Torre por decisión de la junta. En respuesta Tcherassi instauró una tutela por considerar que se le violó el derecho al buen nombre. "Daba la impresión que me habían botado cuando mi retiro fue resultado del acuerdo", dice.

El juez noveno de Barranquilla concedió la tutela y le ordenó a Mónica rectificar el aviso. Como, según el juez no cumplió oportunamente le dictó una orden de arresto por cinco días. No valió que ella publicara el aviso en dos oportunidades. El juez lo aceptó como rectificación pero mantuvo la orden de arresto por 'desacato'. La revisión pedida por los Gómez le correspondió al juez 13 de Barranquilla.

Mientras tanto el rollo del embargo continuaba. Según los Gómez, Tcherassi arrancó una página del acuerdo para engañar al juez segundo de Barranquilla. La página tendría una cláusula por la que cualquier diferencia debería resolverse en un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

A pesar de eso los Gómez pagaron 4.196 millones de pesos de caución para levantar el embargo, pero ese mismo día Tcherassi informó al juzgado que él como persona natural había comprado la deuda, por lo que retiraba la demanda. Según los Gómez de inmediato el barranquillero, como dueño de la deuda, volvió a embargar y por reparto esta vez le cayó al juez 13 de Barranquilla, el mismo que tiene la revisión de la tutela.

En esta oportunidad la aspiración de Tcherassi fue mayor pues logró que solidariamente otras 12 empresas del grupo fueran metidas en el pleito, entre ellas Productos Familia, la joya de la corona del grupo antioqueño. El juez decidió como medida cautelar embargar no sólo las empresas sino también sus cuentas, materias primas y cuentas por cobrar. Es decir, que varios miles de millones de pesos que cadenas como Carulla, Makro, Exito y Olímpica le debían a Familia fueron consignados al juzgado.

Algo a todas luces desproporcionado pues el monto de lo embargado se acercó a los dos billones de pesos. Los abogados de las nuevas empresas involucradas en el pleito pagaron 3.100 millones de pesos como caución para levantar el embargo. Pero la misma agilidad mostrada por el juzgado para tomar medidas cautelares no se vio en esta ocasión. La respuesta a los Gómez fue que no se les podía desembargar porque no todos los afectados se habían notificado. Faltaban dos empresas, justamente las de Tcherassi.

Los abogados de Familia tutelaron y ganaron, pero antes de que fuera notificado el juez decidió levantar el embargo contra Productos Familia y las otras empresas que entraron en el pleito en la segunda demanda. Esta decisión va a ser demandada por Tcherassi.

Como si todo lo anterior fuera poco, la Fiscalía decidió investigar de oficio si los fallos de los jueces barranquilleros fueron ilegales. Trasladó de Bogotá a Barranquilla un fiscal que, en sólo tres días, estudió miles de páginas de los complejos procesos, entrevistó a los jueces y decidió abrir investigación preliminar. La premura de esta entidad ha llamado la atención. Para no ir más lejos, las denuncias de Santamaría, una de las partes de este embrollo, no han merecido el mismo tratamiento.

En este punto la pelea ya acumula no sólo varios procesos civiles sino también varios penales. Tcherassi denunció a los Gómez por fraude procesal y fraude a una resolución judicial, lo que tiene prisión de uno a ocho años. Los Gómez también denunciaron por la misma causa a Tcherassi y según uno de sus abogados "estamos estudiando una denuncia por extorsión porque hemos recibido presiones indebidas".

Por ahora, como damnificados del orgullo de parte y parte, varias decenas de personas han perdido sus trabajos y cientos más temen correr la misma suerte. Ellos esperan que con los fallos de la justicia y la buena voluntad de los protagonistas del problema este monumental enredo termine por fin.

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