Con las antenas puestas

CUANDO EN JULIO DEL AÑO pasado el presidente César Gaviria decidió designar a William Jaramillo como ministro de Comunicaciones, ese nombramiento era el reflejo de la determinación del primer mandatario de poner al frente de esa cartera no a un técnico sino a un político. Y como político, a un peso pesado.
El primer mandatario había comprendido que la compleja madeja de intereses políticos, económicos y de los más poderosos medios de comunicación, requería del manejo de un equilibrista, de un hombre capaz de conciliar esas presiones e introducir en el sector las reformas que le imponen sus desafíos tecnológicos. La telefonía celular, la apertura del sector a la inversión privada y la reforma a la ley de televisión eran algunos de los retos de Jaramillo al asumir como ministro.
Y en cuanto al tema de la televisión, el ex alcalde de Medellín se veía obligado a descifrar un laberinto particularmente complejo. Por un lado, estaba el mandato constitucional contenido en los artículos 20, 75, 76 y 77, que obligaba a reformar el sistema de televisión y abrirle las puertas a la inversión privada. Y por el otro, los intereses preestablecidos de los programadores que apenas seis meses antes habían comenzado a ejecutar sus contratos a seis años, en el marco de un esquema mixto concebido antes de la promulgación de la nueva Constitución Con su fama de ser hombre de pantalones y de decirle al pan, pan y al vino, vino, el Ministro asumió esta tarea, que un año después parece estar rindiendo frutos, pues según todas las informaciones ha sido alcanzado un acuerdo entre los programadores, el Gobierno y los miembros de la Comisión Sexta del Senado que debe abocar el estudio del tema para impulsar el proyecto de nueva ley de televisión.

CONVIVENCIA PACIFICA
La clave del acuerdo está en que de ser aprobada la iniciativa, se podrán abrir las puertas a la inversión privada en nuevos canales, sin que ello signifique desmontar el sistema mixto con el cual operan la Cadena Uno y el Canal A, esquema dentro del cual el Estado es propietario de las frecuencias y de los horarios, y los alquila a las programadoras para que los programen y comercialicen.
Semejante malabarismo fue posible por la capacidad de conciliación de Jaramillo y la de los senadores Juan Guillermo Angel, Edgardo Vives y Jorge Valencia, gracias a lo cual se recogieron las inquietudes de los programadores con miras a una transición tranquila y no traumática hacia un sistema privado de televisión.
El asunto, que ha ocupado reuniones en las cuales ha participado el propio presidente Gaviria, requiere sin duda de un alto grado de consenso. De lo contrario, sería imposible lograr la aprobación del proyecto en la última legislatura de este período del Congreso, que es la más enredada, la que se ve afectada por mayores interferencias políticas derivadas de la propia campaña electoral. El ejercicio intelectual que hizo posible avanzar hacia este consenso partió de un análisis novedoso sobre los verdaderos alcances de los artículos constitucionales referidos a los medios de comunicación y, particularmente, a la televisión.
Después de la promulgación de la Carta del 91, hizo carrera la tesis en el sentido de que la libertad "de fundar medios masivos de comunicación" consagrada como derecho fundamental de los ciudadanos en el artículo 20, implicaba una apertura automática a los canales privados. El nuevo proyecto de ley parte de una base distinta. Teniendo en cuenta que las tutelas interpuestas por quienes -como fue el caso del canal Telecinco de Barranquilla- creyeron en la aplicación inmediata de la libertad, fueron finalmente falladas en contra de los demandantes, se abrió paso una nueva interpretación del texto constitucional, cuyos tres puntos básicos son los siguientes:
· La clave del texto constitucional no es tanto la libertad de fundar canales, como "la igualdad de oportunidades en el acceso" al uso del espectro, consagrada en el artículo 75.
· No hubo, de parte de los constituyentes, intención de desmontar el actual sistema de adjudicación de espacios para los dos canales nacionales, tal como lo confirma un reciente fallo que declaró ajustada a la nueva Constitución la adjudicación de programas de agosto de 1991, hecha bajo el esquema de la ley 14 de televisión, anterior a la nueva Carta.
· Los constituyentes quisieron, ante todo, que en el uso del espectro se garantizara "el pluralismo informativo ", lo cual es más fácil si se preserva el esquema mixto que si se desmonta y se desata una competencia libre y generalizada de canales, que podría derivar en que la televisión quedara en muy pocas y poderosas manos.

INRAVISION Y LAS FRECUENCIAS
Aparte de esta nueva interpretación del texto constitucional, que abre las posibilidades de una coexistencia entre el tradicional sistema mixto y los nuevos canales privados, congresistas, programadores y funcionarios del Gobierno estuvieron de acuerdo en que antes de tomar cualquier decisión sobre adjudicación de nuevas frecuencias, es necesario reordenar el espectro, con el fin de que queden libres todas las frecuencias que se requerirían, para autorizar los nuevos canales.
Según el análisis, este ordenamiento podría liberar varias frecuencias a nivel local y regional, pero difícilmente podría abrir más de un cupo a nivel nacional, pues ya hoy en día las dos cadenas comerciales y la Cadena Tres copan buena parte del espectro en las frecuencias de VHF. Y si ese cupo adicional se abre para adjudicárselo a un determinado propietario, se estaría, según los congresistas, los programadores y el Gobierno, otorgando un privilegio que atentaría contra la igualdad de oportunidades.
Es así como se logró el acuerdo en el sentido de que lo lógico es que la apertura de nuevos canales sea autorizada a nivel local y regional, más no a nivel nacional, con lo cual la Cadena Uno y el Canal A quedarían como únicos de cubrimiento nacional, aparte del Canal Cultural o Cadena Tres.
Para evitar que una suma de canales locales se encadenen en horarios privilegiados (por ejemplo, de 7 a 10 de la noche) y compitan de manera desleal con las cadenas de Inravisión, el proyecto de ley contempla limitaciones al encadenamiento. "Si no lo hacemos así -le dijo a SEMANA uno de los senadores que ha venido trabajando en el tema- corremos el riesgo de que se encadenen un canal local de Bogotá con uno de Medellín de manera permanente y se queden con lo mejor del mercado,,. Y a su vez, para aumentar la capacidad de competir de las cadenas nacionales, el acuerdo a que se llegó prevé que debe desregularse el esquema mixto y brindarle la oportunidad a la Uno y al A de competir. Se trata -agregó la fuente- de posibilitar una mayor movilidad en la programación y una mayor flexibilidad para los noticieros, de tal modo que puedan competir ágilmente a la hora de dar una primicia informativa".
Estos son, en términos generales, los lineamientos del proyecto. Ahora vendrán los debates en comisión y plenaria, donde aunque muchas cosas pueden suceder, es previsible que el acuerdo con el que arranca el proceso garantice su aprobación sin mayores cambios. Como le dijo a SEMANA el senador Juan Guillermo Angel, ponente de la iniciativa, "esto ya está cocinado"

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