CON LA CRUZ A CUESTAS

"Se robaron los auxilios" fue el comentario generalizado después de que apareció la noticia según la cual se ordenaba investigación penal contra once funcionarios de la Cruz Roja, por presunta vinculación con un faltante cercano a los dos mil millones de pesos en ayudas enviadas a Colombia a raíz de la tragedia de Armero. Las primeras informaciones dejaban la impresión de que se trataba de algo parecido al famoso robo de los auxilios del terremoto de Managua por parte de Somoza. Sin embargo, al final de la semana la cosa había resultado menos emocionante de lo que auguraba.
El procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos, luego de conocer un informe hecho por Ciro Alberto Romero y Jorge Ernesto Leiva, abogados designados para la investigación adelantada a raíz del debate impulsado en la Cámara de Representantes en diciembre del año pasado sobre "el destino y manejo que se le d¿o por parte de la Cruz Roja, a los diferentes elementos y auxilios en dinero recibidos con motivo del desastre causado por el volcán Arenas del Nevado del Ruiz", decidió ordenar que se abriera investigación penal contra once funcionarios de la Cruz Roja. El presidente de la entidad, Guillermo Rueda Montaña, apoyó integralmente que se llevara a cabo esta investigación.
De acuerdo con el informe de los agentes de la Procuraduría, después de las indagaciones preliminares, encontraron que en la "Bodega Internacional" habían desaparecido una serie de equipos y elementos médicos y los responsables de esto habrían incurrido en delitos que iban desde la apropiación, peculado culposo, complicidad, falsedad en documentos, infracciones disciplinarias y hasta falta contra la ética profesional. Además, afirman haber encontrado "caos administrativo en la Sociedad Cruz Roja".
Los implicados, según la Procuraduría son entre otros, el director del Socorro Nacional, Carlos Eduardo Martínez Sáenz; el director ejecutivo, Artemo Franco Mejía; la jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Silvia Inés Congote de Gómez; la revisora fiscal general, Mary Vargas de Benavides; El jefe del departamento de contabilidad, Gilberto Ospina Flórez; el jefe de transporte y servicios generales, Alfonso Pachón López; la revisora delegada, Ayda Rueda; el asistente del voluntariado, Walter Cotte, y el asistente del Socorro Nacional, Fernando Bendeck Nieto. Además un funcionario del Ministerio de Salud, un abogado y varios particulares.
El informe de los abogados, acogido por el procurador, sostiene además que no ha sido correcto el manejo que le han dado a las investigaciones las personas que fueron encargadas antes de éstas, y que ha habido intentos de sabotaje en el desarrollo de las mismas.
La cosa en realidad no es tan grave. La impresión inicial de que se trataba de un hurto continuado como el de la Aduana, fue quedando sin piso hasta el punto de que el mismo procurador tuvo que salir a aclarar que la investigación apenas estaba comenzando y que la Procuraduría se había limitado a solicitar que se abriera. Lo que sí queda claro es que hubo desviación de los auxilios de su destino original, lo que en términos legales se considera un "peculado técnico", aunque la desviación haya tenido también fines humanitarios y carezca de dolo o mala fe.
En este sentido, Rueda Montaña al reconocer que los vehículos acabaron en otros sitios del país, sostiene: "Las ambulancias recibidas son para su utilización por la Cruz Roja Colombiana de acuerdo con sus necesidades presentes y futuras para la mejor atención de desastres de todo tipo". Para los investigadores de la Procuraduría estas afirmaciones del presidente de la Cruz Roja, "pone de manifiesto que están en desacuerdo con la voluntad de los donantes".
Tampoco le gustó la desviación al presidente de la seccional de la Cruz Roja de Ibagué, Ramiro Lozano Neira, quien permanentemente acusó a la Dirección Nacional de ignorar la seccional y de haberle dado un mal trato a los socorristas de su región. "En el departamento del Tolima, pusimos más de 23 mil muertos, entre ellos los directivos y 48 voluntarios de la Cruz Roja y no hemos recibido sino los sobrados que nos han querido dar nuestros directivos nacionales", afirma en su testimonio.
De resto lo que se desprende de la lectura del informe es que en la emergencia posterior a la tragedia de Armero, hubo una especie de administración casera, un poco de desorden y de descontrol que dieron pie a la idea de que se habían cometido irregularidades e inclusive la posibilidad de que, por negligencia, a nivel bajo se hubieran cometido. Esto fue explotado politicamente como parte de las tradicionales peleas regionales. Fue la representante tolimense Hilda Martínez de Jaramillo quien, en compañía de su paisano Jairo Rivera, promovió el debate en la Comisión Quinta de la Cámara y que dio paso a la llamada "Comisión Accidental". A partir de ese debate, el 10 de diciembre del 86 fueron nombrados los investigadores del procurador Carlos Mauro Hoyos.
En esa época Rueda ya había dado declaraciones de prensa en las que afirmaba que "no había plata perdida o escondida" y que la "verdadera avalancha fue de ropa sucia", al tiempo que entregaba un detallado balance de la plata que se recaudó en el exterior para los damnificados.
También hubo un poco de exageración por parte de la prensa. Los dos mil millones de pesos desaparecidos registrados en los primeros informes resultaron ficticios. Al ser consultado por SEMANA, el investigador Jorge Ernesto Leiva, dijo: "Yo nunca he mencionado cifra alguna porque eso es incalculable. Eso es un invento de los periodistas que sefueron por el lado espectacular de la noticia".
Para los directivos de la Cruz Roja "los cargos son gaseosos", "no se establece ningún delito" y "las afirmaciones no tienen respaldo probatorio". En una rueda de prensa en la que el vicepresidente de la entidad, Diego Llinás Pimienta califica el informe de la Procuraduría como un "montaje con propósitos no muy claros", la Cruz Roja entregó un comunicado de prensa en el que, además de mostrar su preocupación por la desfiguración del resultado del informe, explica una por una de las acusaciones.
En él sostiene que la calamidad del desastre de Armero superó todas las disponibilidades de su organización administrativa e informa la calidad del auditaje a que estaban sometidos todos los movimientos de la entidad en relación con los auxilios enviados para la catástrofe: La firma de auditores internacionales Touche Ross & Asociados y la Price Waterhouse.
En balance, una fuente de la Cruz Roja, que admite que hubo cierta descoordinación, desinformación y confusión afirma que lo que ha sucedido es lo que ocurre comúnmente a cualquier entidad cuando le llega la auditoría y no está al día en los libros, entonces a simple vista se ven unos faltantes escandalosos.
La verdad era simplemente que la Cruz Roja Colombiana estaba siendo manejada a la colombiana.