Con licencia para pagar

La polémica que se armó en el país por el tema de las licencias de conducción no cesa y promete empeorar. Por un lado, muchos sienten que les metieron la mano al bolsillo arbitrariamente, y por el otro el gobierno dice estar apegándose a las normas vigentes.

La verdad es que en materia de leyes de tránsito, los dos últimos gobiernos demostraron cierta improvisación. De otra manera no se explica que en una década se hayan expedido cuatro formatos de licencias de conducción, cinco leyes o normas que la reglamentan, una plataforma conocida como Runt que no funciona como debe ser y cientos de Centros de Reconocimiento a Conductores (CRC), que aún operan con fallas y abusos.

Y lo peor es que a partir del pasado 15 de julio, cuando comenzó a expedirse la más reciente versión de la licencia de conducción, cientos de miles de colombianos se han acercado a pagar los 190.000 pesos que cuesta renovar la suya, no lo logran y pierden tiempo valioso haciendo largas filas. A todo ello se suma que los exámenes médicos que realizan los CRC subieron de precio y en algunas regiones se duplicaron al pasar de 50.000 a 100.000 pesos.

En medio de ese caos la representante a la Cámara por el Mira, Gloria Stella Díaz, aseguró que la renovación de las licencias debe ser gratuita y amenazó con instaurar una acción de cumplimiento. Ante esa denuncia la ministra del ramo, Cecilia Álvarez, argumentó que “una cosa es cobrar por la licencia vencida y otra la renovación” y su directora de Tránsito, Lucy Ospina, cerró la polémica aclarando que la gratuidad es para la “sustitución y no para la renovación”.

Lo que quieren decir es que hay dos casos distintos: uno, si la licencia está vencida, se cobra al dueño por volverla a sacar. Este caso es el de prácticamente las 2,3 millones de licencias de servicio público que existen hoy en el país. Y dos, si la licencia no está vencida y el dueño quiere cambiarla por la nueva, no tiene que pagar nada. Este sería el caso de los dueños de licencias particulares a quienes solo se les vence en 2022.

Pero, lo curioso, es que ese segundo escenario no es posible. Porque por ahora, el ministerio decidió que a quienes no se les haya vencido la licencia no se las va a cambiar, sino a partir de 2015. Es decir, todos los que se acerquen hoy a sacar una nueva licencia tienen que pagar.

 Sin embargo, esta revista revisó cada una de las leyes, normas, decretos y resoluciones expedidas sobre el tema y encontró que, en 2006, se dijo que la renovación de esta licencia que apenas se pone en práctica se haría de manera gratuita. Si bien no se ha dicho nada distinto en las normas de años siguientes, lo cierto es que el concepto de gratuidad se ha ido desvaneciendo y hoy no es claro si se debe pagar o no por ese trámite.

La primera vez que se habló de esta nueva licencia fue en la Ley 1005 de 2006. En el artículo 16 se mencionó la gratuidad de la renovación. Luego, la Ley 1383 de 2010 volvió a hablar de que sería gratis para los dueños de la licencia y aclaró que “para garantizar la gratuidad del cambio de licencias, se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual al salario mínimo, legal diario vigente, por cada licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por concepto de especies venales”. Entonces, ¿por qué insisten en cobrar?

El gobierno se apoya en que aún no arranca el proceso de “sustitución” de las viejas licencias por el nuevo formato único que empezó a regir el pasado 15 de julio. El viceministro Nicolás Estupiñán dijo que ese proceso quedó postergado para 2015 en el Plan Nacional de Desarrollo, “si hoy una persona con licencia particular vigente quiere sustituirla gratis por el nuevo formato, no se puede porque aún no está reglamentado”.

Como si fuera poco, la directora nacional de Tránsito ordenó a las autoridades hacer comparendos pedagógicos tendientes a pescar licencias vencidas. 

Los críticos de esta medida creen que en el fondo lo que el gobierno quiere es ahorrarse los 180.000 millones que cuesta sustituir las 8,9 millones de licencias de conducción (2,3 millones de servicio público, muchas de ellas usadas por particulares) como lo consignó el artículo mencionado de la ley de 2010.

Tal vez, cuando el gobierno reglamente la gratuidad a partir de 2015, muchos conductores colombianos ya la habrán renovado de su bolsillo, por temor a que los sancionen.