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| 9/11/2000 12:00:00 AM

Con olor a pólvora

Este año 15 candidatos a alcaldías han sido asesinados. Los comicios en cerca de 600 municipios podrían ser afectados por los grupos armados.

Con olor a pólvora Con olor a pólvora
La semana pasada un aspirante a la alcaldía de un municipio del occidente de Boyacá fue sorprendido cuando salía de su residencia por dos hombres que le entregaron un documento elaborado por un frente de las Farc. El candidato leyó el documento con cuidado y una vez terminó tomó la decisión que creyó más conveniente: renunció a su aspiración.

¿Qué decía el documento de las Farc que llevó a este hombre a claudicar a su legítimo deseo de ser alcalde de su pueblo? El panfleto tenía siete puntos y en todos imperaba un tono amenazante. De todos ellos hubo dos que llamaron la atención del aspirante a la alcaldía. El punto número tres afirmaba de forma perentoria que “todo candidato debe presentar el programa de gobierno al frente guerrillero de las Farc-Ep que se encuentre en la zona para determinar su veracidad con que está tratando a la comunidad (…) Dentro de los programas de gobierno, los elementos que hagan falta, las Farc-Ep están en el deber de señalar las necesidades de prioridad para la región y será de obligatorio cumplimiento para las administraciones locales o regionales”.

El cuarto era igual de intimidante: “Todo candidato para adelantar su campaña debe presentarse al frente guerrillero para solicitar su correspondiente permiso y discusión de los temas, de igual manera la forma de financiación de la campaña”.

Pero esta organización guerrillera no es la única comprometida en esta práctica intimidatoria. Lo mismo sucede en las zonas dominadas por el ELN y los grupos paramilitares. Cualquiera de estos grupos al margen de la ley ve en las elecciones de octubre la mejor oportunidad para consolidar su dominio territorial. Las elecciones servirán para que algunos de ellos conviertan su dominio militar —logrado después del destierro de la Fuerza Pública en varios municipios— en dominio político.



El cogobierno

Para lograr el control político y militar de las regiones las organizaciones al margen de la ley han venido utilizando una estrategia que busca no sólo intimidar a los candidatos, sino también lograr que una vez elegido éste pueda prestarse para cogobernar con el grupo que lo presionó.

Los primeros síntomas de esta nueva epidemia nacional se sintieron en las elecciones de 1997. Pero todo hace pensar que en esta oportunidad la enfermedad se ha expandido: “Nosotros podríamos afirmar que por lo menos en 600 municipios habrá interferencias y presiones de los grupos al margen de la ley”, afirmó Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. La cifra representa más del 50 por ciento de los municipios del país.

Las estadísticas sirven para demostrar la ejecución de esta estrategia. Por ejemplo, en las pasadas elecciones municipales y regionales 359 aspirantes a alcaldías debieron renunciar, 12 fueron asesinados, 1.520 listas a concejos renunciaron, en 26 municipios no hubo elecciones y 20 alcaldes fueron elegidos con 20 votos, o menos.

Este año las cosas podrían ser peores. Antes de que se cerraran las inscripciones —el pasado 10 de agosto— habían sido asesinados por grupos de extrema 15 candidatos, mientras que un grupo mucho mayor, pero aún sin determinar, debió renunciar al ser vetado o intimidado por los extremistas.

La cuestionada figura del cogobierno, que pretenden imponer los grupos violentos a la fuerza, es nefasta para los municipios y departamentos puesto que la mayoría de las veces obliga a candidatos de conductas intachables y de probada vocación de servicio a renunciar a su legítimo derecho a ser elegidos. Las consecuencias de esta determinación afectan directamente a la comunidad ya que “en muchos pueblos un candidato bueno que se margina de una elección es un puesto que le queda libre a uno de un grupo al margen de la ley”, dijo un analista político.

Pero el retiro de algunos candidatos no es la única consecuencia de la imposición de la figura perversa del cogobierno armado. Es apenas natural que un candidato que fue respaldado por una organización armada al margen de ley terminará —una vez elegido— sirviéndole a ella y no a la comunidad que lo eligió. Ello le permite a estos grupos manejar los hilos de la administración sin tener que utilizar en apariencia medidas de fuerza.



Las zonas críticas

La lucha por la supremacía militar y política ha convertido a varias regiones del país en verdaderos campos de batalla en los que el único que parece no estar presente es el Estado. De acuerdo con informes de los organismos de seguridad hay cuatro zonas en las cuales se podría agudizar el conflicto antes de las elecciones de octubre. Son ellas: el sur de Bolívar, el noreste y el sureste de Antioquia, Arauca y Casanare y la región del Catatumbo en Norte de Santander. “Son verdaderos polvorines que se han salido de las manos del Estado”, dijo a SEMANA un investigador de los organismos de seguridad (ver mapa)

El sur de Bolívar es la región más afectada por esta lucha de poderes. Hasta hace algunos años la región era dominada por el ELN. La serranía de San Lucas era el santuario de ese grupo insurgente. Pero en la actualidad la zona es controlada por las autodefensas de Carlos Castaño. La situación de orden público se alteró mucho más con el anuncio del gobierno de realizar en algunos municipios de la región las conversaciones de paz con el ELN. La decisión produjo una protesta generalizada en la zona.

La situación del Catatumbo es muy similar a la del sur de Bolívar. La región ha sido tradicionalmente centro de operaciones del comando central del ELN. No obstante, en los últimos meses los jefes de esta organización han sufrido una arremetida de las autodefensas que ha terminado por desplazarlos. En la zona existen más de 14.000 hectáreas de hoja de coca sembradas y esa es una de las razones por las cuales se ha intensificado el conflicto. En Arauca y Casanare la confrontación no es entre enemigos naturales, como sucede en las dos regiones anteriores. En este caso la lucha en la región es entre el ELN y las Farc, que pretenden el dominio territorial y político de la región. En Antioquia la guerra es entre los frentes ‘Carlos Alirio Buitrago’ y ‘Bernardo Arroyave’ del ELN y varios frentes de las Farc. Se trata de una guerra estratégica puesto que el que triunfe habrá abonado el camino hacia Bogotá.



El panorama

Es por todo lo anterior que el panorama que se ve venir no es nada alentador. Cada día es más evidente que varios de los triunfos electorales de octubre van a estar ligados fuertemente al poder de los fusiles. De ahí resulta bastante probable que a partir de las próximas elecciones empiece a consolidarse la siniestra figura del clientelismo armado.

¿Quién podrá garantizar que en las zonas de conflicto los candidatos que no cuentan con el respaldo —público o privado— de los grupos armados tendrán las mismas garantías que tienen aquellos que son patrocinados por los violentos? ¿Qué candidato, que no forme parte de los bandos enfrentados, podrá expresar sus planteamientos políticos sin ser intimidado? Es claro que serán muchos los que tendrán que resignarse a no poner a consideración su nombre, como le ocurrió al aspirante del occidente de Boyacá.

De cualquier manera el reto tanto para aspirantes como para electores será sacar adelante unas elecciones municipales y regionales, que como nunca antes, están en serio peligro de ser interferidas por los grupos armados. De lo que ocurra en ellas dependerá, ya no la suerte de los municipios y departamentos, sino la suerte misma de la democracia.

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