Con sus palos a otra parte

Los 500 golfistas que cada semana juegan en el parque La Florida de Bogotá, el único campo popular de golf del país, corren el riesgo de tener que cambiar de deporte. La asociación Club Popular de Golf La Florida disponía de ese espacio mediante un contrato que venció, y el Distrito, su dueño, lo reclama. Ante la situación la junta directiva del club se negó a entregar el campo, inició un millonario pleito y denunció que se busca entregar las instalaciones a un empresario privado, con lo que dejaría de ser un espacio de recreación popular.

La idea del golf popular surgió hace 40 años, cuando un grupo de aficionados a este deporte fundó el Club Veinte Amigos. Como no tenían dónde jugar buscaron un terreno para hacer sus prácticas. En 1972 el alcalde Aníbal Fernández de Soto les autorizó ocupar parte del parque y con sus recursos, durante 15 años, construyeron un campo de nueve hoyos que hoy es considerado uno de los mejores de la ciudad.

En 1987 se firmó un convenio en el que el naciente club se comprometió a reinvertir los recursos generados en el mantenimiento de las instalaciones y en la promoción del deporte. Esta fórmula les permite a cientos de aficionados utilizar el campo con bajas tarifas. Entre ellos hay deportistas de todos los estratos, desde maestros de obra hasta quienes no han podido continuar con sus acciones en clubes privados. Este convenio sirvió como base para un contrato de arrendamiento que se firmó en 1994 por 10 años y un valor de 30 millones de pesos. Luego de una corta prórroga este contrato venció el viernes pasado.

La relación del club con el Distrito, representado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) cayó en una trampa de arena cuando al inicio de este año se supo que se quería abrir un concurso para buscar otras alternativas de administración del campo. Los directivos del club, compuesto por 270 miembros que han pagado derechos para usar el campo a precios aún más favorables, se sintieron maltratados por el Instituto pues según ellos la administración de María Angélica Pumarejo, que salió del cargo hace poco, nunca los atendió y sólo se enteraron por un aviso de prensa de la iniciativa distrital de buscar interesados en la administración. Además, según su gerente Miguel Ángel Cuevas, en la subdirección de parques del Idrd les dijeron que asociaciones como la de ellos no podrían participar en la licitación. Esto despertó las suspicacias de que se quería favorecer a un tercero.

Patricia González, actual directora del Idrd, dijo a SEMANA que por ser un parque público legalmente no es posible firmar un nuevo arrendamiento, que es lo que quiere el club, y que el Distrito está en la obligación de buscar la mejor oferta que garantice calidad y precios bajos sin exclusiones. Según González, ocho entidades respondieron a la convocatoria. Sin embargo al solicitar las actas de las reuniones sólo se encontraron unos registros telefónicos.

Lo malo es que la ciudad no está preparada en caso de que el club devuelva de inmediato los terrenos. Para garantizar su funcionamiento tendría que contratar desde jardineros hasta caddies para garantizar su funcionamiento pues el proceso de convocatoria no continuó y no existe fecha prevista para la licitación. Además si no se hace el mantenimiento adecuado, zonas como los greens se perderían y su recuperación implicaría cuantiosos recursos.

El otro golpe al aire del Distrito es que ningún empresario se le va a medir a unirse a este juego mientras no se resuelva el pleito por el cual el club reclama a la ciudad 16.000 millones de pesos por la construcción del campo, hecha antes de que hubiera un contrato de arrendamiento.

El hoyo 19 de esta polémica aún está a muchas yardas. Del swing con que los funcionarios públicos manejen esta negociación se podrá salvar a la ciudad de un pleito costoso e innecesario, y les podrá permitir a los aficionados continuar con sus prácticas sin chaparrones en el horizonte.