CON SUS PROPIAS MANOS

"Terminator", en Aguachica, Cesar. "El justiciero implacable", "Kankil", "Los comandos verdes" y "La mano negra", en Cali. "Muerte a jaladores de carros" en Medellín y otros grupos en diferentes ciudades del país, vienen haciendo de las suyas al impartir justicia a cuenta propia. Sus víctimas a las que asesinan dejando siempre testimonios como el de "me mataron por ladrón" o "por marica, sigue la cola", no se limita sólo a raponeros y homosexuales sino que va hasta bazuqueros y cualquier persona con antecedentes criminales.
Esta modalidad parece haberse institucionalizado. hasta el punto que contra lo que podría creerse, la ciudadanía la acepta como una nueva forma de hacer justicia. Prueba de ello, fue la encuesta que realizó, hace dos semanas, el circuito radial Todelar en Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Montería, Manizales, Medellín y Cali, en la cual el 73 por cieto de los oyentes consideró de buena la labor de "limpieza" llevada a cabo por estas singulares asociaciones.
Y la justicia por cuenta propia no es un concepto nuevo. En 1978, el general Luis Carlos Camacho Leyva, a raíz del asesinato del entonces ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas, declaraba que era necesario que la ciudadanía se defendiera por cuenta propia, diciendo: "La defensa nacional interna y externa en el sentido moderno no es simplemente una obligación del gobierno y de sus Fuerzas Militares, sino que ella requiere del concurso decidido de todos los ciudadanos de buena voluntad". Y la semana pasada, el general Daniel Enrique García Echeverry, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, en el periódico Antorcha, formulaba un "fervoroso llamado a los sentimientos nacionalistas de los colombianos para pasar de la inacción a la legítima defensa, a la acción defensiva para hacer frente a la actividad terrorista".
Sin embargo, el ministro de Justicia, Enrique Parejo, se apresuró la semana pasada a declarar que frente al surgimiento de estos grupos que "el país estaba retornando a épocas bárbaras que se consideraban definitivamente superadas" y condenó la serie de asesinatos que se ha producido, diciendo: "En Colombia está prohibida la pena de muerte por nuestra Constitución, y esa pena de muerte no se puede aplicar, mucho menos cuando se hace sin fórmula de juicio". Y para el general Gustavo González Puerto, comandante del Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, asegura que no tiene conocimiento de que en la capital existan estos grupos que califica como "criminales" porque ningún particular puede entrar a sustituir la labor de la Policía, del Ejército o de los cuerpos que apoyan a estas instituciones. "Además, enfatiza el general González, no sé a quién se le ha ocurrido denominarlos paramilitares porque se trata es de grupos de asesinos y en nuestra institución militar los principios éticos y morales son respetados y nuestro personal respeta la integridad de las personas sea cual sea su actuación. Otra cosa, es la legítima defensa, establecida en los códigos, de quienes actúan para salvar la vida de una persona que está en peligro".

"JUSTICIEROS BOGOTANOS"
Pero en la capital ya están operando los grupos justicieros de particulares. La semana pasada "El justiciero" reivindicó el asesinato de un N.N. encontrado en la vía de Circunvalación. En este mismo sitio, el domingo 6 de abril el F-2 de la Policía encontró cinco cadáveres que fueron identificados como Manuel Salvador Jiménez Parra, de 20 años, Germán Higuera Barrios o Alberto Valencia Bermúdez, oriundo de Buenaventura de 26 años, Luis Carlos López Sierra de 20 años y Pedro Luis González o William Giraldo de 22 años. El quinto muchacho, de 17 años, no fue identificado. Las autoridades informaron que los asesinados tenían antecedentes delictivos y varias entradas a la Cárcel Modelo.
Estas muertes, que han poblado de cadáveres muchos potreros de las cercanías de las grandes ciudades y han aumentado las estadísticas de N.N. en anfiteatros y fosas comunes, no han estado exentas de dramas terribles con nombres propios, como el sabido la semana pasada en el barrio La Cruz, de Medellín.
Un hombre de 28 años, Luis Dorancé Penagos Arboleda, al parecer adicto al bazuco, la emprendió a machete contra su madre, María Edilma Arboleda Penagos, de 60 años, porque esta se negó a darle dinero para la droga. El asesino huyó, pero varias horas después, cuando velaban el cadáver de la mujer, apareció muerto, con un letrero encima del pecho que decía: "Me mataron porque maté a mi mamá:" El justiciero"".
Los justicieros, entonces, son muchos y actúan en muchos lugares del país sin dejar huellas y sin que, por tratarse de muertos anónimos o de delincuentes comunes reconocidos, merezcan mayores investigaciones de parte de las autoridades.
En medio de estas muertes han surgido otras de personas cuyo único antecedente es pertenecer a organizaciones cívicas o comunales, pero cuyos asesinatos en apariencia no son cometidos por los grupos que hacen justicia con sus propias armas ante delincuentes comunes. De estos casos -que han sido denunciados a la Procuraduría y a la Comisión de Derechos Humanos- los de Antonio Emiliano Hernández Niño, empleado de la revista Solidaridad, que apareció muerto en la carretera del norte de Bogotá y de los desaparecidos José Gabriel Mejía y Danely Salas Arango, ambos de Medellín, se desprende que continúan activas las organizaciones que persiguen personas por motivos ideológicos. Pero, a juzgar por el número y por el extenso mapa nacional de escuadrones de la muerte, la persecución a la delincuencia común es implacable.