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Con tutela, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, busca tumbar la sentencia en su contra por parapolítica

Asegura que fue condenado con pruebas de contexto, basadas en generalidades sin relación con la responsabilidad penal individual, violando el principio de presunción de inocencia.


Una acción de tutela. Esa es la última carta que se jugará el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, para tumbar la condena en su contra por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, en síntesis, por presuntos nexos con grupos paramilitares. A juicio de Ramos hubo varias irregularidades en el proceso y flagrantes violaciones a garantías en el proceso, por lo que reclama la nulidad.

SEMANA conoció que la acción de tutela será presentada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y basa su defensa, contra el fallo emitido en abril de este año, en seis puntos con los que argumenta que lo ocurrido en su caso es una injusticia.

El primer argumento es que, a su juicio, se está violando el derecho constitucional a la presunción de inocencia, pues reclama que las pruebas con que fue condenado a pagar 7 años y 11 meses de cárcel, son de contexto, basadas en generalidades sin relación con la responsabilidad penal individual, violando el principio de presunción de inocencia.

Según la defensa de Ramos, quien asegura que usará todas las herramientas que tenga a su alcance para demostrar su inocencia, en su caso hubo una “valoración irrazonable de testimonios en mi contra, llegando a incluir pruebas en la sentencia que no fueron presentadas en la etapa probatoria y desechando retractaciones hechas por testigos ante los propios magistrados de la Sala de Casación Penal”.

El exgobernador antioqueño asegura que su proceso, que estuvo más de una década en los tribunales, estuvo lleno de irregularidades, por ejemplo, asegura que hubo un “desconocimiento absoluto de todas las pruebas presentadas por la Defensa, contrariando la obligación de tener en cuenta aspectos favorables al imputado”.

Aunque prefirió no dar el nombre del magistrado, asegura que en la Corte hay un magistrado que abiertamente confesó “tener alterado su ánimo en mi contra” y, a pesar de ello, dictó sentencia.

En Colombia los congresistas solo tenían una instancia de juzgamiento, hasta que en 2018 se tramitó una reforma constitucional que creaba una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia, lo que les garantizaba la segunda instancia. Sin embargo, en el caso de Ramos no tuvo derecho a esta otra etapa para controvertir la decisión que se tomó en su contra.

Por eso, en su acción de tutela señala que hubo una “violación del Acto Legislativo 01 de 2018 sobre doble instancia, particularmente la omisión de hacer un Juicio por parte de la sala de primera instancia”.

Entre los argumentos de Ramos para pedir la nulidad de la sentencia en su contra está un escándalo que ocupó los titulares de los medios de comunicación y es la filtración de la decisión que se dio incluso casi un año antes de la sentencia final.

Para Ramos, esa “filtración de dos proyectos de sentencia, lo cual es además un delito en la legislación colombiana, y que causó una “afectación grave, actual y cierta del debido proceso” de acuerdo con sentencia de unificación de la Corte Constitucional”.