Con tutela, Conalvías busca volver al ruedo de la contratación

Una de las peleas de honor del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue que se hiciera efectivo el traslado a una cárcel del empresario Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías investigado por las irregularidades en la ejecución de las obras de Transmilenio de la calle 26. Este caso detonó la salida del fiscal del caso, José Vicente Valbuena, de la entidad.

Mientras la pelea penal apenas comienza, la Contraloría logró en diciembre del 2016 sancionar fiscalmente a la firma por 173.090 millones de pesos. Dicha multa, prácticamente sepultó las aspiraciones de la cuestionada empresa de participar en otras licitaciones al haberle generado una inhabilidad.

Este lunes, el contralor Edgardo Maya alertó porque a través de una tutela, Conalvías busca volver al juego. En una acción, denominada por el mismo Maya como un "bloqueo jurídico", el representante de la compañía Rafael Andrés Low Calderón le pide al Tribunal Superior de Bogotá que eche para atrás el fallo de responsabilidad fiscal que condenó a la firma. El valor de la multa se desprende de los sobrecostos de las obras de la 26.

Puntualmente lo que pide la empresa es ser excluida del boletín de responsables fiscales para seguir contratando con el Estado. Según el contralor, Conalvías ha buscado -acudiendo a varias "argucias jurídicas"- que el órgano de control se abstenga de iniciar el proceso de cobro coactivo para recuperar lo que se perdió en sobrecostos.

De ser aceptada la acción, implicaría que a través del recurso judicial se levante el embargo de la maquinaria por valor de $130.000.000 millones, medida que se le aplicó hace 5 años en el juicio de responsabilidad fiscal, el mismo donde se declararon responsables al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y otros (entre ellos los integrantes del llamado Grupo Nule).

“Defenderemos las facultades de la Contraloría ante los estrados judiciales y la autonomía que le fue dada para declarar la responsabilidad fiscal y hacerla exigible a través del cobro coactivo”, indicó el contralor Maya Villazón.

No es el único caso que tiene a la firma en el ojo del huracán. Actualmente están siendo investigadas las firmas que participaron en la licitación por el tercer carril de la vía Bogotá - Girardot, por haber supuestamente llegado a un acuerdo anticompetitivo. En este caso, Andrés Jaramillo López y Juan Luis Aristizabal (representante de Conconcreto) ya fueron llamados a rendir interrogatorio.