En Medellín ciudadanos dieron la espalda al Concejo mientras sesionaba

Desde las graderías llovían insultos, arengas, gritos. Pero nada de eso influyó en la decisión que tomó el Concejo de Medellín de darle facultades por cuatro meses al alcalde Aníbal Gaviria para que reforme, fusione, elimine o cree nuevos entes en la administración municipal.

Gaviria creará un Conglomerado Público del que harán parte todas las dependencias e instituciones de la Alcaldía. Una decisión que, dijeron algunos concejales que se declararon en contra, abre un boquete a la burocracia sin control, en pleno año electoral y a diez meses de que se acabe la administración.  

Según Jorge Pérez, secretario de Planeación de Medellín -quien recibió una buena dosis de abucheos-, se trata de crear un modelo de gestión pública para generar sinergias entre las dependencias y empresas de la administración, cuyos activos suman unos 57 billones de pesos.

En medio de un debate interrumpido por los gritos de la tribuna, Pérez aseguró que no era cierto que el nuevo modelo abriera la puerta para que se privatizara Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Durante la intervención del concejal Carlos Mario Mejía, uno de los ponentes de proyecto, el público decidió dar la espalda. Ocurrió lo mismo cuando expuso sus argumentos María Mercedes Mateos, defensora de las tesis de la administración. “Luego de leer cada párrafo haré una pausa para que puedan chiflarme”, dijo Mateos. “Yo puedo argumentar como me dé la gana, como usted también puede hacerlo”, le dijo luego a una mujer del público que le gritaba corrupta.         
 
Uno de los mayores críticos del acuerdo 300 es el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien manifestó que el proyecto carecía de facultades expresas, claras, delimitadas, lo que pondría en riesgo el patrimonio de la ciudad. La secretaria General de la Alcaldía, Alba Quintero, había reconocido que en el momento de la votación no se sabía exactamente qué entidades ni cuáles se crearían, pues estaban apenas en una etapa de diagnóstico.
 
Guerra llamó la atención justamente sobre el tiempo récord en el que se tramitó el acuerdo. El 13 de febrero fue radicada la ponencia. El 18 del mismo mes fue aprobada en primer debate de comisión. Y el 24 fue debatida y aprobada en plenaria.  
 
Otra de las fisuras que tenía la ponencia, según el concejal Luis Bernardo Vélez, era la poca claridad en la exposición de motivos. “Es ambigua, poética, pero no dice exactamente qué va a hacer el alcalde. Una vez aprobado el proyecto, podrá hacer lo que sea, lo que quiera, y sin tener que someterlo a debate en el Concejo”, dijo.
 
El concejal Yéfferson Miranda, por su parte, dijo que este no era el momento de presentar un proyecto de acuerdo de tales proporciones. “El alcalde debe presentar un nuevo proyecto que muestre cuáles serán los cambios. Para realizar una reestructuración, deben existir estudios previos, como dice la Ley 489 de 1999, artículo 69”.
 
Pero ninguno de aquellos argumentos fue tenido en cuenta por la mayoría de corporados, quienes terminaron por ceder sus funciones constitucionales al alcalde por un término de cuatro meses. En dicho lapso, los concejales podrán hacerles seguimiento a las decisiones de Aníbal Gaviria en la conformación del conglomerado, pero sus consideraciones no serán vinculantes ni tendrán repercusión legal o de control formal.

La votación quedó así:

Concejales que votaron negativo:
 
Juan Felipe Campuzano
Luis Bernardo Vélez
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yéfferson Miranda
Miguel Andrés Quintero
 
Concejales que votaron por el sí:
 
Aura Marlleny Arcila
Carlos Mario Mejía
Fabio Humberto Rivera
Ramón Acevedo
Jesús Aníbal Echeverri
Santiago Martínez
María Mercedes Mateos
John Jaime Moncada
Carlos Bayer
Álvaro Múnera
Roberto Cardona
Jaime Cuartas
Robert Bohórquez
Carlos Mario Uribe
 
No votó:
 
Óscar Hoyos
 
No puede votar:
 
Nicolás Duque