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| 5/12/2003 12:00:00 AM

Conciliaciones millonarias

Con toda suerte de artimañas jurídicas un abogado, que representa a un grupo de pensionados, ha conseguido que el departamento de Bolívar le gire pagos multimillonarios en un caso que parece calcado del escándalo de Foncolpuertos.

En el Ultimo año el gobierno del departamento de Bolívar ha aceptado pagar más de 11.000 millones de pesos a un grupo de jubilados del magisterio. Además el abogado que los representa embargó las rentas del departamento por otros 12.000 millones y puede estar próximo a conseguir una conciliación para que se le giren estos dineros. Lo pagado es más que todo el presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura para este año. Y Bolívar tiene un presupuesto de inversión social para este año de sólo 2.500 millones de pesos, una cuarta parte de lo que le ha dado a un puñado de jubilados. Todo empezó a mediados de 2000 cuando Bolívar se acogió a la Ley 550 para reestructurar sus deudas. Al acordar una fórmula de pagos con sus acreedores se presentó el abogado Julio Santamaría López como apoderado de la Asociación de Maestros Jubilados del Departamento de Bolívar, que según dijo representaba a 1.210 pensionados. Pero como éstos no se presentaron personalmente, que es lo que dice la ley, Santamaría no fue aceptado en el acuerdo. En ese momento el valor de las pretensiones económicas del abogado no eran claras y hubo dudas frente al número de personas que apoderaba. Además el acuerdo de Ley 550, si bien privilegia el pago de las pensiones, no reconoce ni la actualización a valor presente, ni el pago de honorarios, ni los intereses de mora. Y esto era lo que también buscaba Santamaría. Por eso decidió demandar al departamento hace un año.


La juez Carmen Hernández, del juzgado séptimo laboral de Cartagena, aceptó la demanda a pesar de que la Ley 550 no permite que haya juicios ejecutivos ni embargos contra los departamentos bajo su régimen. En un documento dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Procuraduría la juez dijo que consideraba "injusto e ilegal" cumplir con la Ley 550 y que por encima está la Constitución, la que acataba al defender los derechos de los pensionados. Por otro lado en la demanda Santamaría ni siquiera presentó poder de todos los jubilados que decía representar, sino el de unos 200 y uno firmado por Manuel María Maturana, representante de la Asociación, en nombre de todos sus asociados. La juez aceptó esto y el abogado luego reunió más poderes y fue haciendo adiciones a la demanda hasta tener, según él, 1.833 representados. Mientras tanto el gobernador Luis Daniel Vargas, solicitó al Tribunal Superior revisar la demanda. Unos meses después denunció a la juez ante la Fiscalía y presentó una querella ante el Consejo Superior de la Judicatura. La juez Hernández mostró gran diligencia. En pocas semanas embargó el impuesto al consumo de cerveza, que pagan Aguila y Bavaria, inicialmente hasta por 6.600 millones de pesos, dinero que se consignó en el Banco Agrario a la orden del juzgado. Luego, con las adiciones a la demanda, aumentó el embargo a 23.503.960.165 pesos. Esto es cerca de la mitad de los ingresos corrientes de libre destinación de Bolívar durante este año. De esta plata la juez, a finales de 2001, con el aval de la gobernación autorizó pagos a Santamaría por 2.577 millones de pesos. Con esto el abogado aceptó el desembargo de las rentas y el dinero restante fue devuelto al departamento, con lo que pareció que el asunto se daba por terminado. Sin embargo, a inicios de 2002 la juez reactivó el embargo del impuesto a la cerveza con el argumento de que se habían incumplido los pagos a los apoderados de Santamaría. Por eso en diciembre el departamento tuvo dificultades para pagar nómina, según dijo Vargas a SEMANA. Y casi no pudo cumplir los pagos acordados por la ley 550. Del ahogado el sombrero Buscando recuperar la liquidez financiera el 31 de octubre pasado Vargas terminó obedeciendo las órdenes de pago de la juez y designó a Alvaro Matson Carballo y a José Darío Cook como liquidadores para atender las demandas de Santamaría. Con esto se logró que Santamaría aceptara desembargar uno de los dos impuestos -el de Cervecería Aguila, que es el que más recursos genera- y que el embargo continuara sólo sobre la renta de Bavaria. "Si no hacíamos esto, dice Vargas , con cuatro o cinco pagos más embargados nos paralizan el departamento". Pero ni la estrategia de pagos, ni el nombramiento de liquidadores fue algo de lo que se le informara a la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que ha sido la dependencia designada por el gobierno nacional para acompañar todos los procesos de las entidades territoriales que están cumpliendo acuerdos con acreedores bajo la Ley 550. Alvaro Matson Carballo dijo a SEMANA que si se hubiera querido hacer algo oculto no se hubiera expedido un decreto, que es un acto público. Además, dijo, "el Ministerio de Hacienda hace recomendaciones y es un garante del proceso pero no es un cogobernador". Mientras tanto el Tribunal Superior no se ha pronunciado sobre la apelación de la gobernación por una recusación que Santamaría puso contra todos sus integrantes. Es decir, que las decisiones de la juez aún no están en firme. Matson, como liquidador del departamento, asegura que ellos nunca han aprobado pagos de honorarios ni de intereses sino sólo los retrasos y reajustes de ley a las pensiones, que es lo que se les pagaría a los jubilados bajo la Ley 550. Según esto, es la juez la que ha ordenado el pago no sólo de lo acordado con el departamento sino de los intereses y el 20 por ciento más como honorarios para Santamaría. En total el abogado ha recibido 11.413 millones de pesos (ver recuadro). Y eso que sólo se han revisado reajustes solicitados por 555 pensionados y faltan aún 1.378 reclamaciones.. Santamaría dice que estos pagos de ninguna forma son una conciliación definitiva puesto que si se presentan nuevos incumplimientos los pensionados podrían volver a demandar. Para el gobernador Vargas, "es algo que nos ha tocado aceptar a regañadientes. Es un mandato judicial y si no lo acato no sólo no soluciono nada sino que también me puedo meter en más problemas". El 'apostol' SEMANA conoció casos en los que personas que figuran en la demanda no sólo aseguran que ellos no le dieron poder a Santamaría sino que reconocen que no son pensionados del magisterio. Esta es la situación de Rina Burgos de Vélez y Miguel Cabrera, a quienes la juez les reconoció reajustes por 7.565.394 pesos y por 10.360.600 pesos, respectivamente, sin estarlos solicitando (ver facsímiles de documentos). Peor aún. En la revisión que ha hecho el departamento se han encontrado ocho pensionados a los que se les hicieron pagos millonarios aunque nunca trabajaron con el magisterio. Esto ya se denunció a la Fiscalía. De otro lado, algunos pensionados representados por Santamaría aseguran que a ellos no les ha llegado nada de lo pagado por el departamento. Manuel María Maturana, representante de la Asociación de Maestros Jubilados, dice que Santamaría "vino y nos pintó pajaritos en el aire" y que la gente que esperaba recibir de 80 a 100 millones de pesos no ha recibido sino decepciones. Por ejemplo, según los documentos, mientras Manuel Antonio Buelvas y Antonio Saladme Marrugo recibieron 55 y 45 millones de pesos, Ana de la Rosa Gastelbondo recibió 673 pesos y Berta Araújo de Benedetti un peso con 69 centavos, casi una burla. Sin embargo, aunque se queje Maturana -a quien se le autorizaron pagos por 39 millones de pesos-, Santamaría le dio 300 millones de pesos para que la Asociación de Maestros que lidera adquiera su nueva sede, que cuesta 700 millones de pesos. "Yo tengo como un apostolado, y esa donación era como una forma de revertir la confianza que han depositado en mí", dijo Santamaría a SEMANA. Y tiene de dónde ser generoso. Tan sólo en un acuerdo de enero para liquidar reajustes a las mesadas de 145 maestros por valor de 2.050 millones, Santamaría cobró 544 millones por honorarios, de los aprobados por el juzgado y de los que le pagan los pensionados. Adicional a esto, el abogado logró que un grupo de jubilados renunciara a los intereses que les autorizó la juez y, a cambio, él se comprometió a conseguirles sus reajustes en 15 días. Así logró ganarse 1.029 millones de pesos más. Es decir, en este solo acuerdo de pagos el abogado se quedó con 1.573 millones de pesos y los pensionados sólo con 477 millones. Camino incierto Santamaría dice que la Fiscalía lo absolvió luego de una investigación que le hicieron por supuesto prevaricato. Asegura que si ve que la situación de seguridad se pone muy difícil en Colombia aprovecha un viaje que tiene pensado hacer a Estados Unidos para quedarse y desde allá continuar con sus negocios. Entre ellos uno que tiene pendiente en representación de cerca de 2.000 pensionados de Foncolpuertos. La Fiscalía, al aceptar la demanda de la gobernación, le ha abierto una investigación a la juez Hernández por el presunto delito de prevaricato por acción. Ella se defiende, asegurando que sólo ha luchado contra la negligencia del departamento con los pensionados y que está segura de la inconstitucionalidad de la Ley 550, por lo que considera que sus actuaciones han sido en derecho. El Tribunal Superior de Bolívar está próximo a fallar, según dijo una fuente de esta entidad a SEMANA. No se descarta que los órganos de control inicien otras investigaciones. A las autoridades de Bolívar, que parecieran víctimas de un fallo judicial, no les quedará fácil explicar a los demás acreedores y a las autoridades cómo permitieron que esta situación llegara a este punto, en un episodio en el que un departamento quebrado permite pagos por una suma tan escandalosa. No hay que olvidar que así empezó el lío de Foncolpuertos y ya le ha costado al país 2,4 billones de pesos.

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