El sinsabor de no saber quién está detrás de la muerte del líder Temístocles Machado

La Fiscalía imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas a Jorge Luis Jaramillo por su responsabilidad en el asesinato de Temístocles Machado. Finalmente, fue condenado a pagar 17 años y ocho meses de prisión por haber disparado tres veces en contra del líder social cuando se encontraba en un parqueadero de su propiedad, el 27 de enero de 2018.

Aunque el caso de Temístocles sobresale por ser uno de los pocos donde se conoce quién fue el autor material, esta decisión de la Fiscalía no es suficiente para la comunidad en Buenaventura, que vio de cerca la acción social del líder y aún sigue padeciendo el flagelo de la persecución de sus dirigentes comunitarios.

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Jesús Rodríguez, personero distrital de Buenaventura, confirma que constantemente recibe las denuncias de otros líderes, que, como Temístocles, solo defendían las causas de aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Entre finales de 2018 y lo corrido de este año, el funcionario calcula que 30 denuncias han llegado a su escritorio solicitando el apoyo de la Personería.

“Las denuncias de los líderes sobre las amenazas se presentan de forma directa, en panfletos, o a través de las redes sociales y por eso nosotros hacemos el acompañamiento, la ruta de protección y atención”, comenta Rodríguez. Además, hace parte de las funciones del personero verificar que la denuncia de la Fiscalía sea remitida a la Unidad Nacional de Protección y se haga el respectivo análisis de seguridad a la persona, para determinar si se brinda un esquema de seguridad.

Esa fue una medida que no tuvo Temístocles y por eso fue relativamente fácil que los sicarios le dispararan aún cuando él había denunciado amenazas por defender el territorio de 5.000 personas, asentadas en tierras colindantes al mar, que ahora están siendo reclamadas por particulares.

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“Queda un sinsabor porque queremos saber la verdad sobre quiénes son los autores intelectuales”, señala el personero. Para él, la condena al autor material no se compara con la magnitud del hecho y es “bastante baja”.

El poco o mucho tiempo que pagará por el crimen pasa a un segundo plano cuando se analiza que, independientemente de que Jorge Luis Jaramillo esté privado de la libertad, en las calles de Buenaventura hay más como él que siguen amedrentando a los líderes.

Jhon Reina, sacerdote pastoral de la ciudad portuaria, no se alegra de la condena a Jaramillo porque esta sentencia “no devuelve el ser querido de la comunidad”. El religioso abona a la justicia colombiana el haber hecho lo que debía en este caso: acelerar el esclarecimiento de los hechos. Pero al preguntarle por la situación actual del territorio confiesa que el panorama en el que vivía Temístocles sigue siendo el mismo, e incluso ha empeorado.

“A partir del movimiento que se desplegó con el Paro Cívico del año 2017 -que duró 20 días- se ha aumentado el número de líderes amenazados en Buenaventura”, menciona el padre Reina. Las peticiones de tierra y la oposición a los macroproyectos en la zona portuaria continúan, y en paralelo, las amenazas incrementan.

Por ese motivo es que el padre asegura que ha solicitado al gobierno se cumpla la promesa de garantizar protección colectiva a las comunidades del Pacífico que están en riesgo, tal y como se dijo en 2018, bajo el mandato de Santos.

El mecanismo sería la solución a la falta de policías y esquemas de seguridad que hay para atender la demanda de solicitudes de protección que llegan a la UNP y que se cubre con “un botón de pánico, un chaleco y un celular”, poco efectivos.

La última reunión entre los líderes del Comité del Paro Cívico y el Gobierno nacional se dio en octubre de 2018 cuando las autoridades locales; alcaldía, gobernación, Policía y la Unidad de protección, trabajaron en propuestas para generar espacios de seguridad en el entorno territorial. Sin embargo, han pasado seis meses y el padre Reina asegura que son casi nulos los avances en este tiempo.

“El presidente Duque debe ponerse las pilas y dar a sus funcionarios las condiciones necesarias para que no se le deje la responsabilidad únicamente a la UNP", dice el padre.

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Sobre la comunidad de Yurumanguí ya debió implementarse la medida de protección colectiva ordenada por una sentencia, según la Personería de Buenaventura, pero hasta la fecha la entidad no tiene reportes de que se haya aplicado ahí o en otras poblaciones del Valle como el Bajo Calima.

Narcilo Rosero, que llevan más de 40 años luchando por defender causas sociales en ese departamento, ve con preocupación el futuro de Buenaventura ante el escenario de que las mismas autoridades desconocen cuándo se van a implementar las medidas de protección.

El líder recuerda que si continúa apareciendo “el que hizo el mandado y no quien lo mandó a hacer”, están en peligro más vidas de la comunidades negras e indígenas de la región que se inspiran en el ejemplo de Temístocles Machado para seguir liderando iniciativas.