Los sanguinarios coyotes colombianos que enjaularon en Estados Unidos

“Los acusados se embarcaron en un viaje mortal de contrabando de personas en el cual dos víctimas pagaron el precio final. Las sentencias federales significativas de prisión impuestas contra los contrabandistas no pueden devolver la vida, pero esperamos que sirvan para frustrar el peligroso negocio del contrabando de extranjeros”.

Una fiscal del Distrito Sur de Florida pronunció estas palabras el lunes de la semana pasada. Se refería a un hecho sin antecedentes: la condena a 50 años de prisión impuesta a dos colombianos en Estados Unidos por dirigir una banda de tráfico de personas y asesinar a sangre fría a dos de estos migrantes.

Los condenados son Camilo Ibarguen, de 23 años, y Johan Carriazo, de 27, quienes estarán tras las rejas mucho más tiempo que cualquiera de los grandes capos de la droga extraditados en las últimas décadas.

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El caso por el que los condenaron ocurrió el 8 de septiembre de 2017 en el golfo de Urabá. Hasta allí llegó una pareja de cubanos, que con un amigo arribaron desde Venezuela con el fin de cruzar a Panamá y seguir rumbo a Estados Unidos. En Capurganá contactaron a Ibarguen y Carrizo, jefes de una red local de tráfico de migrantes. Les cobraron 1.500 dólares por atravesar en lancha el golfo hasta territorio panameño.

Una vez en altamar los colombianos sacaron armas blancas y exigieron más dinero. Cuando les dijeron que no tenían, los lancheros apuñalearon con cuchillos a los cubanos y ocultaron los cuerpos atados a un tronco en el fondo de la ciénaga de Matuntugo. Uno de los migrantes, gravemente herido, alcanzó a escapar pero tuvo que ver cómo degollaron a su novia después de violarla. La Armada rescató al único sobreviviente horas después del crimen.

Tras el asesinato, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), junto con agencias estadounidenses comenzaron la investigación. Lograron capturar a los asesinos, ya solicitados en extradición, señalados de “conspirar para instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en Estados Unidos e instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en ese país (…) sabiendo que dicha entrada es o será en contravención de la ley”, afirmaba el indictment.

A finales de 2017 Colombia los extraditó, por lo que se convirtieron en los primeros colombianos enviados a responder ante las cortes norteamericanas por traficar personas. Las pesquisas de las autoridades continuaron y varios meses más tarde, en febrero de 2018, desarticularon el resto de la red que conformaban estos dos hombres. Y de paso dejaron en evidencia el drama y la dimensión del perverso negocio ilegal de tráfico de personas en Colombia.

Las investigaciones determinaron que los colombianos tenían alianzas con bandas en otros 17 países, la mayoría de Centroamérica. Esto con el fin de conformar una cadena que permitiera pasar a los migrantes por todos los territorios. Las autoridades afirmaron que solo entre 2016 y 2017 esa red cruzó a 2.500 migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos y Canadá.

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Funcionaban en dos modalidades. La A, que abarcaba a los migrantes con algún tipo de recursos económicos que cancelaban a la red entre 45 y 50.000 dólares por persona. Esto incluía el transporte vía aéreo a través de vuelos desde Brasil a Leticia, de allí a Bogotá para seguir a San Andrés y finalmente Centroamérica, mediante documentos falsos.

En la segunda modalidad, para personas con menor capacidad económica cobraban entre 1.500 a 2.500 dólares por cabeza y los trasladaban por vía terrestre. Ingresaban en muchas ocasiones por Ipiales o Cúcuta para salir a través del Urabá antioqueño chocoano. Los cubanos que perdieron la vida tomaron justamente esta ruta.