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| 8/12/1996 12:00:00 AM

CONEJO A SANTIAGO

Con la severidad de la sentencia a Medina no sólo él queda en cuidados intensivos sino también toda la política de sometimiento.

CONEJO A SANTIAGO CONEJO A SANTIAGO
El miércoles de la se- mana pasada Santiago Medina estaba nervioso. Esa misma tarde un juez regional le iba a dictar una sentencia según la cual, como consecuencia de su colaboración con las autoridades, quedaría en libertad. Su plan era viajar a España. Dejaba atrás ese oscuro capítulo de su vida que fue el proceso 8.000 y quería comenzar una nueva vida en la madre patria. A eso de las 6 y 45 minutos de la tarde recibió una llamada de su abogado, Alejandro Hernández Moreno _que se encontraba notificándose de la decisión del juez sin rostro_, quien le informó sin mayores preámbulos: "Acaban de cambiar tu sentencia y te van a llevar a La Modelo esta misma noche". El doctor Hernández apenas alcanzó a escuchar un leve gemido al otro lado de la línea, y la llamada terminó inmediatamente. El abogado salió volando en busca de su cliente y cuál no sería su sorpresa cuando al llegar a la casa del anticuario lo encontró en estado de shock en compañía de su médico, Santiago Rojas. Muchos creyeron que el ataque de Medina era un ardid para no pasar la noche en La Modelo, pero las pruebas realizadas por los médicos de la propia Fiscalía demostraron que el patatús del ex tesorero liberal era auténtico. Al otro día Medina estaba en cuidados intensivos, pero para muchos también la política de colaboración con la justicia se encontraba en las mismas condiciones. El delito por el cual se le acusaba _enriquecimiento ilícito en favor de terceros_ tiene una pena entre cinco y 10 años y su abogado esperaba el mínimo obligatorio, es decir cinco años como base, menos los descuentos máximos por colaboración eficaz con la justicia. Estos consistían en una tercera parte por haberse acogido al sistema de sentencia anticipada (20 meses) y una sexta parte por haber confesado (10 meses). Todo esto reduciría la pena a un total de 30 meses de prisión. El Código Penal contempla que una pena inferior a 36 meses de prisión puede ser excarcelable. Esta decisión no dependía de la Fiscalía, cuyo papel sólo se limitaba a formular la acusación, sino del juez sin rostro. La interpretación que éste le dio al caso de Medina fue diametralmente opuesta a la que esperaba la defensa. En lugar de la pena mínima de cinco años lo condenó a ocho, alegando que el estatus social y económico del acusado aumentaba su responsabilidad frente a la sociedad. Además de esto puntualizó que no aceptaba la confesión como mecanismo de rebaja de pena por no ser 'espontánea'. Por cuenta de esta interpretación Medina perdió la sexta parte de la rebaja. Esta decisión sólo dejaba en pie la rebaja de una tercera parte por sentencia anticipada, la cual efectivamente fue concedida. Sobre los ocho años esto significaba una pena efectiva de cinco años y cuatro meses. Si se tiene en cuenta que Medina ha pasado 11 meses en la cárcel le quedan pendientes cuatro años y cinco meses por cumplir, pero ya no en su casa sino en La Modelo. Santiago Medina no es personaje muy popular por estos días en Colombia. Sin embargo hasta sus mayores detractores registraron con sorpresa la severidad de la sentencia. La confesión del ex tesorero fue la base de todo el proceso 8.000. Medina aceptó haberse reunido con los hermanos Rodríguez Orejuela, aceptó haber recibido en su residencia cajas llenas de billetes procedentes de Cali, aceptó haber repartido entre los políticos esos billetes y aceptó haber participado en el encubrimiento para ocultar toda esta situación. En términos generales su testimonio es considerado _a pesar de algunas inconsistencias_ el más confiable de todos los que integran el proceso 8.000. Por esto se convirtió en la pieza probatoria más importante para sustentar dicho proceso. Con el transcurso del tiempo múltiples afirmaciones de Medina fueron confirmadas plenamente. La confesión de Santiago Medina fue muy valerosa. Si bien hoy Colombia y el mundo entero están familiarizados con su contenido, en su momento significaba un enfrentamiento desafiante contra los dos más grandes poderes de Colombia: la mafia y el gobierno. Con el gobierno se sabía que el enfrentamiento era político a través de los canales institucionales, pero con los Rodríguez Orejuela las cosas podrían ser a otro precio. Pero no sólo estos elementos podían actuar a favor de Medina en el momento de la sentencia. Había otro adicional: si Medina estaba acusado de enriquecimiento ilícito a favor de terceros y ese tercero era Ernesto Samper, no resultaba fácil de explicar cómo el ex tesorero era culpable si el Presidente acababa de ser declarado inocente por la Cámara de Representantes. Aunque los dos procesos jurídicos son independientes y desde el momento en que Medina había confesado tenía que recibir una condena, era lógico pensar que podría obrar a su favor el hecho de que la persona de cuyo enriquecimiento se le acusaba hubiera sido absuelta. Otro argumento que no es del todo convincente es el de que la confesión de Medina no fue 'espontánea'. En primer lugar ninguna confesión es totalmente espontánea porque siempre se confiesa bajo cierto tipo de presión y bajo el estímulo de alguna posible rebaja de pena. Pero de todas las confesiones del proceso 8.000 la de Medina ha sido sin duda la más espontánea de todas. Desde el momento en que fue vinculado penalmente al proceso 8.000 se les escapó a los abogados que en nombre del gobierno lo asesoraban y se apresuró a contar todo a la Fiscalía. No hubo planeación ni premeditación de ninguna clase. Resultó tan intempestiva su confesión que al momento de hacerla no tenía abogado defensor y debió acudir a uno de oficio. Es precisamente a este hecho al que se le atribuyen las inconsistencias y errores que contiene su testimonio. En esa sesión, que se prolongó por más de 10 horas, los fiscales se sorprendieron de la espontaneidad y la sinceridad del declarante, quien confesó mucho más allá de lo que hubiera sido prudente para su misma causa. Por otra parte, tiene algo de injusticia el cobrarle a Medina elevados pedigríes sociales, como hizo el juez, para aumentarle en tres años su pena. Durante toda la primera etapa del juicio el argumento que se utilizó para desvirtuar su confesión fue el de que había sido nombrado tesorero de la campaña por ser decorador de narcotraficantes. Esta actividad puede traducirse en un estatus económico alto pero no social. Por todo lo anterior, la sentencia proferida contra el ex tesorero de la campaña Samper Presidente sorprendió a muchos. Esta sorpresa, sin embargo, va más allá de las implicaciones que podría tener en la chismografía social. Si la persona que puso al descubierto la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper va a pasar más tiempo en la cárcel que Jorge Luis Ochoa, el segundo hombre del cartel de Medellín, son muy pocos de aquí en adelante los que van a confiar en el programa de colaboración con la justicia. Si para algo se había diseñado este programa era para personas como Medina, que asumían riesgos en materia de delación a cambio de rebajas sustanciales en sus condenas. Lo que queda claro después del miércoles pasado es que a Medina le habría ido mucho mejor si no hubiera confesado absolutamente nada. Con la decisión del juez queda en evidencia el derrumbe de la política de sometimiento a la justicia. Después de Santiago Medina es muy difícil que algún delincuente se convenza de que la verdad da más dividendos que la mentira. El gran interrogante ahora es: Si así le fue a Medina, ¿cómo le irá a Fernando Botero Zea? A primera vista podría llegar al siglo XXI en la cárcel. El caso de éste es, sin embargo, más complejo y muy diferente al de Medina. Botero nunca reconoció ser culpable de enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Tampoco reconoció la falsedad en documento privado. Sólo se limitó a reconocer el encubrimiento y la violación de los topes, que son dos delitos excarcelables. Botero, por lo tanto, no está en la cárcel por los hechos que ha confesado sino por los que ha negado, que son el enriquecimiento ilícito en favor de terceros y la falsedad en documento privado. Esto lo deja en una situación de jugador de póker: todo o nada. O se considera que no existen suficientes pruebas para condenarlo y lo absuelven, o lo condenan sin la posibilidad de obtener descuentos en la pena pues no colaboró con la justicia. En esta circunstancia la pena probablemente sería mucho más alta. Todo esto lleva a la conclusión de que el ex ministro de Defensa, a diferencia de Medina, no tiene la posibilidad de pagar cuatro o cinco años de cárcel. O sale a finales de este año o se queda hasta el próximo siglo. Así las cosas, la suerte de Medina, y de todos los implicados en el proceso 8.000, dependerá en gran parte de lo que responda el Tribunal Nacional a la apelación interpuesta por el abogado de Medina, Alejandro Hernández Moreno. El defensor del ex tesorero de la campaña samperista ha solicitado que se revoque la sentencia del juez sin rostro, se reduzca el monto de la pena y se reconozca el descuento por confesión. Si el Tribunal Nacional, luego de la apelación, confirma íntegramente la sentencia del juez, el asunto pasaría a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta eventualidad, dicha sala tendría la última palabra.

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