Congresistas de EE.UU. piden presionar a Duque por seguridad de líderes sociales

Instar al Gobierno colombiano a comprometerse con la paz y detener la escalada de violencia contra los defensores de los derechos humanos pidieron 94 congresistas de Estados Unidos al gobierno de Donald Trump.

Los legisladores enviaron una carta al secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, en la que manifiestan su preocupación por la grave situación de seguridad de los líderes sociales, agudizada por la cuarentena decretada para enfrentar la crisis del coronavirus. “Esta no es la primera vez que el Congreso exige a los gobiernos de EE. UU. y Colombia que protejan a los defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales. Sin embargo, los asesinatos continúan aumentando y la pandemia los ha hecho aún más vulnerables. Lo que sea que el Gobierno colombiano piense que está haciendo, simplemente no está haciendo el trabajo", señaló el congresista McGovern, uno de los firmantes de la misiva.

Agregó que "debería pasar menos tiempo minimizando las estadísticas y más tiempo brindando protección y, lo que es más importante, cazando, arrestando, procesando y encarcelando a quienes ordenan, llevan a cabo y se benefician de estos asesinatos. Eso es lo que exige el acuerdo de paz".

En la comunicación, los legisladores estadounidenses resaltaron que desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc en 2016, han sido asesinados más de 400 líderes y defensores de derechos humanos. Los congresistas afirman que el Gobierno colombiano “fracasó” en “llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto”.

“Su persistente incapacidad (del Gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control”, agrega la misiva. En el documento traen a colación el caso de Marco Rivadeneira, uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia.

"Rivadaneira hace parte de la triste lista de 157 líderes y defensores sociales asesinados en los que va de 2020, de acuerdo con registros de la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)", se lee en el documento.

La carta de los congresistas también fue respaldada por varias organizaciones prominentes de derechos humanos que abogan por la paz y la justicia social en Colombia. "Los acuerdos de paz le ofrecen a Colombia una hoja de ruta desde un pasado violento hacia un futuro más justo. Pero no hay atajos. El gobierno colombiano y la comunidad internacional deben volver a comprometerse con la plena implementación. Ningún defensor de los derechos humanos más debería perder la vida mientras son los fundadores de la paz ", dijo Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo de América Latina.

Ante esto, el grupo de parlamentarios pide al presidente Iván Duque que cumpla con las siguientes condiciones para garantizar la seguridad de los líderes:

1. Mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.

2. Desarrollar una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.

3. Financiar y aplicar medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional.

4. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

5. De manera eficaz, investigar, judicializar y presentar los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

6. Responsabilizar prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. 

"Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro", concluye el documento.

De acuerdo con el informe de Idepaz, 49 líderes sociales fueron asesinados entre enero y abril y aunque los homicidios disminuyeron un 16 por ciento a nivel nacional, esta categoría –que incluye presidentes de juntas de acción comunal, campesinos, indígenas y sindicalistas– sigue bajo asedio: las agresiones aumentaron un 10 por ciento y los asesinatos un 53 por ciento.

Así mismo, hace pocos días el partido Farc reveló que desde la firma del acuerdo de paz son 214 exguerrilleros los que han sido asesinados en el país, alerta que ya había emitido la ONU el año pasado.