La paz y los impuestos, en manos de los congresistas

Este será un diciembre inolvidable para los padres de la patria. La novena de aguinaldos no será el periodo habitual para armar viajes a las regiones y planear las vacaciones de fin de año. Por el contrario, senadores y representantes andan por estos días cambiando pasajes y cancelando reservaciones. Por primera vez, es probable que trabajen no solamente hasta Navidad, en sesiones extras, sino también en la semana entre el 24 y el 31, y, posteriormente, a partir del 16 de enero.

El asunto no es anecdótico y tiene una connotación profunda. El Congreso tiene en sus manos dos procesos trascendentales para el futuro del país: los que van a convertir en normas los acuerdos de La Habana, y la reforma tributaria. Una vez firmado el fin del conflicto armado con las Farc, su implementación requiere de leyes y reformas constitucionales sobre temas complejos y polémicos que deben ser evacuados con premura. Y en cuanto a la reforma tributaria, si el Legislativo no la aprueba antes del 31 de este mes, las perspectivas económicas en 2017 –y su evaluación por los organismos calificadores de crédito– pueden ser peligrosamente negativas. El país está en manos del Congreso.

Las próximas semanas serán definitivas. Si bien el desarrollo legislativo de los proyectos relacionados con el proceso de paz tomará meses, se requerirá que algunos que conforman el núcleo de lo firmado en el Teatro Colón reciban un trámite acelerado: una ley general que incorpora los acuerdos y el compromiso de llevarlos a la práctica; la Ley de Amnistía, sin la cual las Farc no se pueden desmovilizar; la creación de la Justicia Especial para la Paz, que se aplicará a los miembros de las Farc que han cometido delitos graves; y la conformación de una fuerza para combatir a grupos neoparamilitares, considerada clave para evitar la repetición del genocidio de la UP en los años ochenta. (Ver artículo sobre implementación). Según los textos suscritos por el presidente Juan Manuel Santos y por Timoleón Jiménez, estos proyectos se deben llevar al Capitolio de manera simultánea.

Y el Congreso los tramitará cuando la reforma tributaria transita su recta final en las plenarias de Senado y Cámara. Para que entren a regir desde el 1 de enero de 2017, tienen que quedar listos antes de terminar este diciembre maratónico. Estrictamente, paz e impuestos no se van a cruzar. La tributaria podría ser aprobada el lunes 19, en caso de que las versiones de las plenarias sean iguales. Si son distintas, se requerirá una conciliación que se aprobaría a pupitrazo el martes 20. Los proyectos de la paz, para entonces, estarían comenzando sus trámites en comisiones.

Las decisiones que tiene el Congreso son difíciles, pero también comportan una gran oportunidad para reivindicar su imagen. En los últimos años, el Legislativo ha perdido espacios estratégicos en iniciativas cruciales –matrimonio igualitario, adopción de parejas del mismo sexo, uso medicinal de la marihuana– que ha tramitado la Corte Constitucional. Más recientemente, se ha profundizado su desprestigio y la confianza entre la opinión pública. En la última encuesta Colombia Opina, de InvamerGallup, tiene la peor percepción: solo un 16 por ciento de los colombianos confía en el Congreso, contra un 82 que no. En la lista de entidades públicas ocupa el último lugar, por debajo incluso de los partidos políticos.

La mala reputación del Congreso es un fenómeno estructural que no se va a corregir en unos pocos meses. Es la versión nacional de una realidad global que muestra que los ciudadanos han dejado de creer en la política. Pero en el terreno colombiano tiene otras dimensiones que la hacen aún más angustiosa. Tanto el gobierno como la oposición han contribuido al desprestigio. El primero, porque depende de prácticas clientelistas –como la famosa mermelada– para asegurar la eficacia de la aplanadora de las mayorías de la Unidad Nacional: La U, los liberales, Cambio Radical y la bancada conservadora. La oposición –la del Centro Democrático, que ha hecho más bulla que la del Polo– por su intención obstruccionista. Según las encuestas, los congresistas están en su peor momento en varios años, en términos de la evaluación de los ciudadanos. Según Colombia Opina, hace cuatro años el Poder Legislativo tenía una desconfianza de 69 por ciento, que ha crecido a 82 por ciento. Y conforme a Gallup, mientras el Congreso tuvo una imagen positiva cerca al 50 por ciento durante los dos cuatrienios de Álvaro Uribe, en la actualidad esa cifra solo llega a 19 por ciento (y un 74 por ciento de percepción negativa).

Que una institución desprestigiada tenga la responsabilidad de decidir, en un periodo muy corto, cómo se aplicarán los acuerdos de La Habana y cómo será la nueva estructura tributaria es una realidad de doble filo. Paz e impuestos son una fórmula que implica decisiones impopulares. Sobre la desmovilización de la guerrilla, el triunfo del No en el plebiscito indica que hay un sector de colombianos que no está dispuesto a hacerles concesiones a los exalzados en armas de las Farc. Y en materia de impuestos, que de por sí son siempre mal recibidos, un incremento del IVA del 16 al 19 por ciento es un sapo muy duro de tragar. En vísperas de una campaña electoral que ya se siente (las elecciones para Congreso tendrán lugar en marzo de 2018), la tentación del populismo va en contravía de las necesidades del país en dos asuntos cruciales.

Por algo se perciben señales de división en los partidos de la Unidad Nacional. Las bancadas de La U, los conservadores y los liberales no actuaron en consenso en los debates sobre la reforma tributaria en las comisiones, y seguramente no lo harán tampoco en las plenarias. La convergencia es más factible en los proyectos que tienen que ver con el proceso de paz, en los que la Unidad Nacional cuenta además con el apoyo de otros partidos de oposición: el Polo Democrático, la Alianza Verde y el Mira.

El trámite de las iniciativas que tienen que ver con la paz sería más expedito si la Corte Constitucional aprueba el mecanismo de fast track. Con este último, el número de debates se reduciría, tanto para los actos legislativos como para las leyes, y se facilitaría traducir en normas los pactos políticos entre el gobierno y las Farc. El fallo del alto tribunal se espera para esta semana, por lo que el gobierno decidió aplazar la presentación en el Congreso del urgente proyecto sobre amnistía, con la esperanza de que pueda ser tramitado con mayor celeridad. El presidente Santos –desde Oslo y en el escenario de la entrega del Premio Nobel de la Paz– le pidió a la corte avalar ese mecanismo de aprobación acelerada.

Los tiempos son cortos. Paz e impuestos requieren decisiones rápidas. No es raro que el Congreso deje para el final la aprobación de las grandes iniciativas, pero las sesiones del presente año tuvieron un retraso adicional por causa de la campaña para el plebiscito, a la que se dedicaron la mayoría de los senadores y representantes. Con las demoras de la firma del acuerdo de Cartagena (inicialmente prevista para el 23 de marzo y finalmente realizada el 26 de septiembre) y con la posterior victoria del No (que obligó a renegociar el acuerdo final) se pospusieron los proyectos de ley relacionados con este proceso, y también de la reforma tributaria, que el gobierno se rehusó a presentar antes de finalizar las negociaciones con las Farc.

Lo cierto es que en un tiempo récord el Congreso deberá tomar grandes decisiones que también serán definitivas para su propia imagen. Tienen un enorme desafío, pero también una oportunidad única. Los actuales senadores y representantes siempre rememorarán estas Navidades de mucho trabajo, pero falta ver si los colombianos recordarán para siempre la labor responsable –sin caer en tentaciones demagógicas– en dos asuntos tan vitales como la implementación de la paz y la salud de la economía.