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| 5/13/2019 9:00:00 AM

Congreso: territorio apache

El balance legislativo del primer año de gobierno de Iván Duque ha sido melancólico. A qué se debe y qué puede hacer.

Congreso: territorio apache La semana pasada el Gobierno decidió quitarle el apoyo a la reforma política ante la dificultad de recuperar la obligatoriedad de la lista cerrada. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / LEÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA

El miércoles, en plena sesión de la Comisión Primera del Senado, el Gobierno tiró la toalla en el trámite de la reforma política. Esa decisión sobre la que fue una prioridad de Iván Duque a comienzos de gobierno, terminó teniendo sentido. En efecto, en debates pasados los congresistas le quitaron su principal propósito de acabar el voto preferente y hacer obligatorias las listas cerradas.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. anunció que el Gobierno no impulsaría más la iniciativa. Según ella, ante la falta de claridad jurídica sobre la posibilidad de que el Senado volviera a introducir la obligatoriedad de esas listas, no tenía sentido desgastar al Gobierno. Así, se consolidó la segunda derrota legislativa para el Ejecutivo. El pasado mes de diciembre se había hundido la reforma a la justicia, también considerada prioritaria por Duque en su propósito de luchar contra la corrupción.

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El día del debate de la reforma política, los congresistas estaban cansados. Aún sentían el agotamiento que dejó el tenso trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la paz. Tensiones políticas, polarización, encontrones, estrategias, acusaciones de mermelada y divisiones partidistas caracterizaron a los 50 días que tomó el debate de dichas objeciones en Senado y Cámara.

Pero sobre todo, se sentía la falta de disposición a lograr el acuerdo político propuesto por la ministra Gutiérrez frente a la reforma. “El proyecto ya no cuenta con la columna vertebral y está corto en materia de tiempos”, aseguró el senador Armando Benedetti, de La U, al recoger el sentir de la mayoría de la comisión. Ante esa y otras intervenciones reaccionó el uribismo. La senadora Paloma Valencia regañó a sus colegas en nombre del Gobierno. Se fue lanza en ristre contra Cambio Radical y La U. “En este Gobierno no vamos a construir mayorías a manera de mermelada” dijo.

Sin la reforma política, el Gobierno asegura que tiene temas para copar su agenda. Sin embargo, al mirarlos en conjunto, estos no permiten deducir, a un año de gobierno, cuál es el proyecto bandera de Duque. El Ejecutivo ha insistido en la equidad, pero en las iniciativas en trámite de su autoría, esta no aparece como una prioridad. Algunos han sugerido que la falta de mermelada ha estancado buena parte de las iniciativas. No obstante, durante el primer año de gobierno los presidentes tienen la fuerza y el manejo político para no entregar mermelada, como sí lo terminan haciendo los últimos años de gobierno por el desgaste de gobernar.

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Por si fuera poco, tampoco es fácil tramitar esos proyectos. En el caso de la reforma a la justicia, el Ejecutivo decidió apoyar la propuesta presentada por Cambio Radical y aprobada esta semana en la Comisión Primera del Senado. Para pasar adelante, tendría que superar tres debates antes del próximo 20 de junio. Aunque el Gobierno insiste en que aún está viva, los tiempos son más que apretados.

Con más posibilidades camina la idea de prohibir la conexidad entre delito político y narcotráfico. Le faltan tan solo dos de seis debates. Sin embargo, algunos expertos en la negociación han señalado que esta reforma es inocua pues 1) Los delitos relacionados con narcotráfico no son amnistiables en sí mismos. 2) El acuerdo de paz solamente aceptó la eventual conexidad del narcotráfico con la rebelión cuando se demuestra que estaba dirigido a financiar esta última 3) La ley propuesta no puede ser retroactiva.

También relacionado con la guerra, otro proyecto del Gobierno busca especificar que solo la justicia ordinaria juzgue los delitos sexuales, así los responsables los hayan cometido en el conflicto. Esta discusión no ha comenzado, pero las ministras del Interior y de Justicia han hecho saber que no tendría retroactividad. Es decir, solo se aplicaría a los cometidos por el ELN, guerrilla con la cual por ahora no hay contemplada una negociación.

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Finalmente, dos aspectos tienen un futuro también incierto. El primero busca ajustar el sistema general de regalías, y le faltan seis debates y dos para que pueda completar la primera vuelta legislativa. Y el proyecto de las TIC, que tiene mensaje de urgencia y cuenta con más posibilidades.

En materia de lucha anticorrupción, el proyecto presentado por el fiscal para quitar casa por cárcel a corruptos, tiene muchos enemigos, pero solo un debate pendiente. En cuanto a los de la consulta anticorrupcón, solo tienen posibilidades realistas de sobrevivir tres de siete: el de quitar casa por cárcel a corruptos (contenido en la iniciativa del fiscal), el de hacer obligatorios los pliegos tipo en la contratación pública, que va para tercer debate, y el que pretende que los funcionarios y servidores hagan pública su declaración de renta. La ley que crearía audiencias públicas para determinar presupuestos locales ha generado consensos. Pero sus posibilidades dependen de que la Comisón IV del Senado decida agendarlo.

Lo más probable es que el 20 de junio, el balance del Gobierno en materia legislativa no sea el mejor. No solo por cuenta de la dinámica que tuvo el trámite de unas objeciones que solo sirvieron para que Duque recuperara bases en el uribismo. También por otros factores ligados a cómo se ha desarrollado la dinámica política en este Gobierno.

Nadie puede negar que los congresistas tienen sus tiempos, y que la mayoría de las veces son lentos. Eso, a no ser que tengan motivaciones puntuales, que en buena parte de los casos tienen que ver con intereses burocráticos. Duque y el Congreso han tenido una relación compleja. Por cuenta del discurso antimermelada del presidente, aplaudido por la opinión, muchos en el Capitolio sienten recibir una mirada despectiva desde palacio.

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También los ha molestado la política de no dar nuevas cuotas, pero dejárselas a varios de los congresistas que las tenían desde el Gobierno anterior. Los congresistas resienten que a algunos les den y a otros no.

Por otro lado la mayoría de los ministros son técnicos y dominan los temas pero son poco hábiles para manejar las estratagemas del Congreso y la vorágine de una opinión pública cada día más volatil y apasionada, lo cual es clave en política. Aunque no hay un revolcón pensado, es casi seguro que en los próximos días salga la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien se iría a una embajada después de que los propios uribistas pidieron su cabeza. Esto, como consecuencia del naufragio de la reforma a la justicia y el eventual hundimiento de las objeciones a la JEP en el Congreso.

También anunciarán el nuevo secretario general. Duque ha considerado para ello a su secretaria privada, María Paula Correa, quien se ha ganado un espacio en el Gobierno y si es ratificada tendrá que desplegar un gran sentido político para facilitar la gobernabilidad ante unos parlamentarios bastante rebeldes.

Finalmente, está el tema del trabajo con los partidos. A comienzos de año se establecieron mesas de trabajo entre estos y el Gobierno –excepto con los de oposición— para determinar temas conjuntos de trabajo. Según la ministra Gutiérrez, de estas mesas salieron más de 300 proyectos en los cuales hay consenso. No obstante, esas mesas funcionaron por una sola vez y aparte de esos acuerdos legislativos no han tenido seguimiento.

No se trata de que el Gobierno ceda en el tema de la mermelada. Tampoco que deje atrás el criterio técnico de muchos de sus nombramientos ni se haga responsable de la dinámica parlamentaria. Pero si quiere sacar adelante sus reformas, tiene que tener varios planes para reemplazar la mermelada. El más importante: un buen liderazgo político.

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