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Congreso venezolano aprobó polémica ley universitaria

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que consagra la figura del "Estado docente". Opositores argumentan que ésta le quita autonomía a los entes educativos.

23 de diciembre de 2010

En la madrugada de este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley de universidades, defendida por la amplia mayoría oficialista como "democratizadora", pero rechazada por la oposición por considerar que acaba con la autonomía de esas casas de estudio.

La Ley de Educación Universitaria fue sancionada durante otra maratónica sesión del legislativo, que en las últimas horas también aprobó, entre otras, una reforma al reglamento de debates que redujo el número de sesiones y eliminó los grupos legisladores, lo que la oposición consideró "un golpe de Estado" a lo interno del Legislativo.
 
Desde hace dos semanas y en la recta final de su período de cinco años, que culminará el próximo 4 de enero, la Asamblea ha aprobado cerca de una veintena de leyes que, según portavoces oficialistas, buscan consolidar el socialismo, y la oposición tilda de "inconstitucionales".

"Hoy a las tres de la mañana aprobamos una tremenda ley de educación universitaria" que es la culminación de una "lucha histórica" por lograr un "cambio profundo en la universidad" para abrirla a todo el pueblo, dijo el diputado oficialista Alberto Castelar, a la televisión estatal VTV.

Según el legislador, en la nueva norma "se retoma" el concepto del "Estado docente", que garantiza "de manera democrática, protagónica, el ingreso de todos los venezolanos" a la educación superior.

Además, queda establecido "un total y absoluto respeto a la autonomía universitaria", pero entendida como una "autonomía corresponsable, que no significa que las autoridades" de esas casa de estudio "van a hacer lo que les dé la gana", añadió Castelar.

Pero la minoritaria bancada opositora, integrada por una docena de diputados ex aliados del Gobierno, votó en contra de la ley por considerar que "limita y elimina" la autonomía universitaria, y fue redactada sin escuchar la opinión de los rectores y estudiantes.

"Cualquier tipo de autonomía que pueda tener las universidades queda a discreción de un funcionario designado por el Ejecutivo", alertó el asambleísta Ismael García, en referencia al artículo que deja en manos del ministro de Educación Superior decisiones que antes tomaba el consejo universitario.

Asimismo, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV-pública), Cecilia García, reiteró hoy su rechazo a la nueva ley por entenderla como "un golpe de Estado a la academia", y aclaró que esa casa de estudios se mantendrá "autónoma".

"Nosotros vamos a acatar la Constitución, que está vigente" y que garantiza "en su artículo 109 la autonomía universitaria, que la seguiremos ejerciendo", afirmó García en entrevista con la cadena privada Globivisión.

La rectora anunció que este jueves estudiantes y profesores universitarios realizarán una "concentración" para lugar marchar hasta la Asamblea y expresar su rechazo por la aprobación "en la madrugada" de una "ley inconsulta, inconstitucional", en la que "se impone un pensamiento único".

Además de la ley de universidades, en las últimas horas la mayoría oficialista aprobó, entre otras, una reforma al Reglamento Interior y de Debates que la oposición rechazó por considerar que platea un presunto "plan de exterminio de los sectores" adversarios del Gobierno en la Asamblea.

En la modificación del reglamento se eliminaron alrededor de 40 artículos, entre ellos el que regulaba a los grupos parlamentarios.

"Las expresiones del Parlamento nacional a nivel de los estados, como los grupos parlamentarios quedan eliminados, van a ser reemplazados por formas de organización comunales y será desde ellas donde se debatirán y se harán las nuevas leyes", criticó el diputado Ricardo Gutiérrez.

Asimismo, el legislador Juan José Molina rechazó que el número de sesiones parlamentarias haya sido reducido a "al menos cuatro por mes" cuando hasta ahora se celebraban "dos veces por semana".

"Se plantea la posibilidad de cercenar también la participación de los parlamentarios en las sesiones ordinarias, creo que eso tiene un sentido ilógico", añadió Molina.