Millonaria condena se abre paso en favor de cientos de militares

Una inminente condena contra el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía se viene cocinando gracias a una decisión del Consejo de Estado. La alta corporación le ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitir la acción de grupo que interpusieron 122 uniformados por diferencias salariales surgidas entre 1996 y el 2004.

El Tribunal se había negado a estudiar las pretensiones por considerar que el caso ya había prescrito. Sin embargo, la máxima instancia contencioso-administrativa revocó esa determinación a través de una interpretación garantista de los derechos salariales. Esta decisión pone al Estado en un alto riesgo de ser condenado a pagar una suma multimillonaria debido a que el incremento salarial para oficiales y suboficiales que se aprobó durante muchos de esos años fue inferior al IPC.

De prosperar la acción, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tendrán que reparar a los demandantes por el daño que les habría provocado el dejar de percibir un aumento justo en los salarios que percibieron durante los años 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Los hechos de los que hoy se duelen estos uniformados y otros más que podrían estar en la misma situación se empezaron a originar en 1996. Para esa época, el Gobierno estableció un aumento salarial para los integrantes de estas fuerzas que no tuvo en cuenta el IPC. Esto se repitió en varios de los períodos subsiguientes, con excepción de los años 1998 y 2000.

Teniendo en cuenta que, durante esos mismos períodos, oficiales y suboficiales retirados sí tuvieron aumentos en sus mesadas que estuvieron basados en el IPC, los militares y policías activos interpusieron la demanda. Así, acudieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar vulnerado su derecho a la igualdad.

Sin embargo, esa corporación se abstuvo de resolver su petición. Consideró que la acción ya estaba prescrita y que no existía posibilidad alguna para que los demandantes fueran reparados por el daño que se les pudo haber causado con estas determinaciones.

Los 122 uniformados afectados impugnaron esa determinación ante el Consejo de Estado. La máxima instancia contenciosa concluyó que el tribunal se equivocó de cabo a rabo al declarar prescrita la oportunidad para que los uniformados reclamaran su derecho a ser reparados. A su juicio, el derecho a reclamar cualquier afectación causada originada en el pago de salarios o acreencias laborales se puede alegar en cualquier momento.

Esto significa que todos los militares y agentes de Policía que pudieran haber sido afectados y haber sufrido daños como consecuencia de estas determinaciones podrán exigir ser reparados. Así, se empieza abrir paso a la posibilidad de que el Estado tenga que asumir los costos de una condena que podría sumar varios miles de millones de pesos.