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Otro golpe para Álvaro Dávila, el abogado del ‘carrusel’

El Consejo Superior de la Judicatura le suspendió de por vida su tarjeta profesional de abogado.

11 de febrero de 2015

Todavía lo recuerdan en algunos de los más prestigiosos restaurantes y sitios de moda de la capital. Se pavoneaba entre las salas de redacción de medios de comunicación y se preciaba de ser amigo de altos funcionarios del Estado y de personas influyentes en Bogotá.

Como abogado tenía la representación jurídica de empresas internacionales y de empresas reconocidas en Colombia. Llegó a tener un piso completo en un nuevo edificio en la calle 92 en el norte de Bogotá, desde donde comenzó a perfeccionar, presuntamente, los negocios que alcanzaron los primos Guido, Miguel y Manuel Nule a instancias de los hermanos Samuel e Iván Moreno.

Se trata de Álvaro Dávila, quien se encuentra hoy recluido en la cárcel la Picota señalado de mover los hilos de lo que se conoce como el carrusel de la contratación.

Él ha dicho que todo su trabajo fue justificado y que no cometió delito alguno, pero la justicia ha creído lo contrario y por eso lo mantiene en la cárcel.

Este miércoles, Dávila recibió otro golpe cuando el Consejo Superior de la Judicatura le suspendió de por vida su tarjeta profesional como abogado.

"Salta a la vista la gravedad de los hechos acusados y el querer doloso del togado de defraudar los intereses del Distrito Capital en contubernio con personas de la administración cuando los abogados deben actuar con absoluta transparencia en el ejercicio de la profesión sin propiciar conductas como la que se investiga, que van en desmedro de la imagen y la dignidad de la profesión", se lee en uno de los apartes del documento.

La decisión estuvo a cargo de los magistrados John Solórzano y Olga Pacheco e incluye una multa de 100 salarios mínimos por faltar a su profesión y a la dignidad de la labor como abogado.

Según el alto tribunal, Dávila sabía que con su proceder incurría en actos fraudulentos de detrimento de interés ajenos, por lo que reafirmó la competencia de investigar al abogado por el escándalo.

Para la Judicatura, "en su desempeño profesional se observa un manejo irregular o engaño frente a los intereses del Distrito y la transparencia que debe regir la contratación pública y ello es suficiente para cobijarlo con sanción ética", puntualiza el alto tribunal.