¿Por qué no renuncia Jorge Pretelt?

En Colombia, al menos en la historia reciente, jamás se había visto un caso en el que un alto funcionario de la Justicia hiciera hasta lo imposible por aferrarse a su silla en medio de un caso de soborno, con un juicio que avanza en su contra mientras el gobierno y sus propios compañeros le piden su renuncia. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional.

Y lo más grave es que su panorama no tiende a mejorar, sobre todo cuando esta semana la Cámara en pleno decidió por 99 votos a favor y 45 en contra darle curso a la solicitud de la Comisión de Acusaciones de procesar a Pretelt por el delito de concusión, es decir, por pedir un soborno valiéndose de su cargo. Con esa decisión, ahora el proceso pasa a manos de la Comisión de Instrucción del Senado que asumirá el caso en marzo de 2016 cuando el Legislativo reanude sus actividades.

La decisión de la Cámara de Representantes tampoco tiene precedentes. En innumerables oportunidades se ha cuestionado la eficiencia de la Comisión de Acusaciones, que solo jugó un papel importante en la investigación del proceso 8.000, aunque en esa oportunidad no llegó a acusar al expresidente Ernesto Samper por sus presuntos nexos con dineros del narcotráfico en su campaña electoral.

El caso Pretelt, el primero que llega a estas instancias desde que se creó la Corte Constitucional en 1991, generó una cascada de fuertes reacciones. El presidente Juan Manuel Santos fue claro al decir en una entrevista radial que “como jefe de Estado creo que ha llegado el momento en que, por dignidad de la Justicia y de la corte, el magistrado Pretelt debe renunciar”. Y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien desde marzo pidió la renuncia del togado, salió de nuevo a advertir que “independientemente al derecho de presunción de inocencia, es muy desgastante para el sistema judicial que una persona vinculada a la Corte Constitucional esté siendo investigada por la posible comisión de un delito. Lo que se le ha dicho es que se haga a un lado y que se defienda, pero que no arrastre consigo el prestigio y la imagen de la corte y de la justicia”.

Y no solo la Rama Ejecutiva salió al ataque. Su propio compañero de corte, el magistrado Jorge Iván Palacio, le pidió a María Victoria Calle, presidenta de ese organismo, citar a una sala extraordinaria para exigir su renuncia. Argumentó que no puede pasar inadvertido que por primera vez uno de los miembros de ese tribunal haya sido acusado por la Cámara ante el Senado por presuntos actos de corrupción. El viernes, tras una reunión de los magistrados en la que no hubo consenso, se decidió esperar a que el Congreso decida la suerte de Pretelt.

Además, la Comisión Interinstitucional de Justicia, compuesta por los presidentes de la Corte Suprema, la Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, así como por el fiscal general, Eduardo Montealegre, le habían pedido unánimemente desde marzo a Pretelt renunciar a su cargo para hacer prevalecer la institucionalidad y la cuestionada legitimidad de la justicia.

Frente a esta andanada, que tiene al magistrado contra las cuerdas, de nuevo salió en defensa su amigo y aliado, el procurador general Alejandro Ordóñez, quien advirtió que el presidente de la República no puede interferir en el proceso que se adelanta en el Congreso y lo invitó a respetar sus “límites constitucionales”. Para Ordóñez, Santos incurre en “una indebida interferencia en las competencias de todos los órganos judiciales”.

Por su parte Pretelt no cedió un ápice y dijo que “como ciudadano, como jurista, como magistrado de la alta corte, respeto y me inclino reverencialmente ante la majestad de la justicia, pero no me inclino ni respeto la arbitrariedad. Y contra mí se han cometido todos los atropellos: me prejuzgan en los medios, me condenaron ante la opinión pública, mi juez natural, el Congreso, me irrespetó el derecho sagrado y humano a la presunción de inocencia y al debido proceso… Llegué al proceso condenado, sin embargo, seguiré luchando por mi inocencia, incluso ante instancias internacionales”. El magistrado aseguró que acudirá a esos niveles pues el proyecto de acusación fue ilegal, le violaron el debido proceso y le atropellaron todas las garantías.

A la ya creciente polémica se suma la propuesta de la representante Clara Rojas de indagar a Abelardo de la Espriella, abogado defensor de Jorge Pretelt. Rojas radicó una queja disciplinaria en su contra por promover, según ella, estrategias dilatorias en el proceso que, sumadas a las recusaciones e impedimentos de varios congresistas, por poco logran que el proyecto de acusación quedara para 2016. Sin embargo, De la Espriella dijo que recusó a 15 parlamentarios porque expresaron opiniones previas sobre el caso en las redes sociales. “En otras palabras, lo prejuzgaron sin conocer las pruebas”, aseguró a SEMANA.

Sumado a esto, algunas voces en el Congreso señalan que este abogado ha comenzado una intensa tarea de lobby para que los congresistas voten a favor de la inocencia de Pretelt.

Y ahora que el caso llega al Senado, un senador ponente presentará un proyecto de resolución para admitir o rechazar el escrito de acusación que llega de la Cámara de Representantes. Luego, la Comisión de Instrucción del Senado deberá reunirse para decidir la suerte del proyecto del ponente. Una vez eso ocurra, el presidente del Senado convocará a plenaria para admitir o no la acusación. Si pasa lo primero, propondría una audiencia pública para comenzar el juicio.

Los antecedentes

El Preteltgate se originó cuando la empresa Fidupetrol decidió penetrar la Corte Constitucional para tumbar un fallo que le ordenaba pagar 22.500 millones de pesos al Estado. Para ello el abogado Víctor Pacheco desarrolló una estrategia de infiltración que incluyó contactos con Pretelt, pero en algún momento se sintió estafado por este porque le habría pedido un dinero importante para fallar a favor la tutela, aunque finalmente la corte la negó el 17 de octubre de 2014.

A finales del año pasado, Pacheco le habría contado los detalles al magistrado Luis Ernesto Vargas, quien grabó la charla con su celular. Pretelt presuntamente le aseguró al abogado costeño que podría sacar adelante la tutela de Fidupetrol, pero que necesitaba 500 millones de pesos destinados al magistrado Mauricio González. Pero este, al conocer la grabación y las acciones que se adelantaron para hablarle de la tutela de Fidupetrol, decidió denunciar el caso ante la Comisión de Acusaciones el 27 de febrero.

Inmediatamente surgieron dudas sobre la capacidad y voluntad de la Comisión por adelantar una investigación, ya que hasta ahora nunca había acusado a un funcionario. Las miradas se centraron en el representante Julián Bedoya, quien sacó adelante la acusación, que fue votada esta semana por la plenaria de Cámara.

Por su parte, varios exdirectivos de Fidupetrol están detenidos o acusados por la Fiscalía. Y la Fiscalía le imputó el cargo de tráfico de influencias al exmagistrado Rodrigo Escobar, quien aparentemente jugó un papel en penetrar a la corte o buscar que seleccionara esa tutela.

Ahora, con la llegada del caso Pretelt al Senado, se abre un capítulo sin precedentes, sin que se pueda avizorar un final digno para la tan deteriorada imagen de la Justicia en Colombia.