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| 6/18/1990 12:00:00 AM

CONSTRUIR LA PAZ

SEMANA reproduce el capitulo Democracia, conflicto y eficiencia económica, escrito por Jesus Antonio Bejarano, asesor de la Presidencia de la Republica, en el cual se analizan las repercusiones de la violencia en la economía colombiana

CONSTRUIR LA PAZ CONSTRUIR LA PAZ
Durante cuatro décadas, la sociedad colombiana ha convivido con un conflicto persistente cuyas motivaciones políticas han sufrido modificaciones sustantivas, desde una confrontación esencialmente partidista, hasta la emergencia de "proyectos revolucionarios" de diverso contenido y alcance, segun la orientación ideológica de los distintos grupos armados. La intensidad del conflicto, que hasta hace dos decadas se reducía a unas pocas acciones localizadas en limitados espacios regionales, ha venido creciendo y expandiendose a la mayor parte de las zonas del país, al tiempo que han surgido nuevos actores vinculados al narcotrafico y a los grupos paramilitares; por lo cual se ha configurado una situación de conflicto que conserva, como rasgo comun con el pasado, la acción de los grupos armados, y como rasgo distintivo de hoy la presencia cada vez mas activa de los grupos de justicia privada.

Las soluciones al conflicto armado, por otra parte, se han ensayado con distinto grado de generosidad en el plano político, y bajo diversas estrategias de legitimación institucional, fundamentalmente referidas también a lo político salvo en los ultimos años, cuando han tenido escasos alcances socioeconómicos.

Con todo, e independientemente de la orientación de las estrategias y de sus resultados, lo que parece haber de comun en todas ellas es la renuencia, soslayada o explícita, tanto del sistema político como de los agentes económicos, a asumir como propias las responsabilidades de las soluciones (renuencia sin duda mayor en los segundos que en el primero) y antes bien, a mirar expectantes la gestión de los gobiernos, a los que se atribuye la unica responsabilidad de las situaciones o de sus fracasos.

Aun cuando no escasean las de claraciones retóricas, toda solución parece llegar a su límite de viabilidad tan pronto como se afecta un privilegio; esto es, tan pronto como se requiere una concesión, los costos políticos de imponerla corren por cuenta de los gobiernos, los cuales por lo demás, no siempre están dispuestos a asumirlos.

Tal situación, sin embargo, no parece ser específica de Colombia, y ni siquiera de los países con conflictos internos, ni puede ser satisfactoriamente explicada a partir de juicios sobre la moral de los individuos, tales como el egoismo y la miopía; ni resuelta a partir de la recurrente apelación a la "conciencia social" o a la "crisis de valores". La renuencia parece remitir por el contrario, a una colisión entre la racionalidad política y la racionalidad economica, o entre lo colectivo político y lo económico-individual, que subyace al ordenamiento de las sociedades democraticas; conflicto que puede ser regulado en situaciones sociopolíticas estables, pero que adquiere su maxima tensión en circunstancias de perturbación que, como en el caso colombiano, comprometen la legitimidad del sistema político y social, y cuya preservación supone, más que una afirmación puramente jurídica proveniente de una regla de mayorías, la transformación de las realidades sociales y políticas que lo conforman.

Por supuesto, para el reconocimiento colectivo de la necesidad de esa transformación, no es suficiente la simple constatación de desequilibrios, por ejemplo distributivos, sino la existencia de proyectos políticos insurreccionales con capacidad de perturbación real, política yo económica; cuando ello ocurre, la legitimación del sistema se vuelve la contrapartida de la deslegitimación política del proyecto insurreccional.

En definitiva, la asunción de responsabilidades por parte del sistema político y de los agentes económicos en las estrategias para solucionar conflictos en los cuales esta de por medio la legitimidad del sistema, no es algo que pueda resolverse solamente en el terreno de los valores morales individuales, sino que tiene que ver de un lado, con una colisión de racionalidades propias de toda democracia, tensionada al extremo por la existencia de proyectos de "guerra revolucionaria" y de otro lado, por efectos reales constatables sobre el orden político y económico que exijan el predominio de la razón colectiva sobre la racionalidad individual.

El propósito de esta ponencia es evaluar los efectos actuales y potenciales de la violencia sobre la actividad económica, y a partir de allí formular algunas hipótesis explicativas en relación con la viabilidad del compromiso de los agentes económicos y políticos en estrategias para la solución de los conflictos, en el marco de esa colisión de racionalidades.

EL CONFLICTO Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA
Ciertamente, disponemos de explicaciones diversas sobre la naturaleza política del conflicto, así como de algunas hipótesis, en realidad poco plausibles, sobre el papel de los factores económicos en su generación y persistencia. Con todo, no deja de ser sorprendente la escasa preocupación de los economistas por identificar con mayor precisión los efectos de la violencia sobre la producción, la asignación de recursos o las transformaciones en el sistema productivo agropecuario, y antes bien, lo que la mayoría de los economistas adoptan son, por lo general, hipótesis derivadas del sentido comun, sobre los efectos adversos que cabría esperar de situaciones de violencia en la economía.

Es sabido que en Colombia la acción de la violencia en lo económico recae principalmente sobre las actividades rurales. Dadas las multiples formas de violencia coexistentes en el país, se pueden identificar efectos contradictorios sobre la economía:

a) La actividad guerrillera en la mayor parte de las zonas del país, además de las acciones propiamente militares, comporta asesinatos, secuestros, extorsiones de diversa modalidad, etc., que en principio debieran generar un clima de incertidumbre con efectos negativos sobre la inversión.
b) El terrorismo, especialmente del ELN, cuyos efectos en lo económico recaen principalmente sobre los recursos publicos y particularmente sobre el renglón del petróleo.
c) El narcotráfico que vincula al sector agropecuario, capitales provenientes de actividades ilegales, y que se asocia generalmente con organizaciones paramilitares, tanto para "limpiar zonas" como para asegurar el dominio territorial necesario para sus actividades.

A continuación se describe la informacion disponible y los principales resultados de las pocas investigaciones en cada uno de estos aspectos.La presencia guerrillera en el país se manifiesta en una serie de actividades que pueden incidir sobre la producción agropecuaria, las cuales incluyen secuestros, extorsiones, amedrentamientos, acciones armadas, etc. Se ha estimado que el 7.9% de la población total del país y el 23.6% de la poblacion rural se encuentran bajo algun tipo de presión derivada de estas actividades.

Por otra parte, se ha estimado que la violencia guerrillera afecta el pro ducto agropecuario en una magnitud del orden del 16.6%, y alrededor del 9% del producto total nacional, con diferencias por supuesto significativas entre las diferentes regiones. Por supuesto cabría esperar que el efecto neto sobre la proporción de producto involucrado fuera negativo; sin embargo, un análisis más cuidadoso permite identificar impactos en cierta medida contradictorios.

El análisis por regiones de la producción agropecuaria entre 1983 y 1988 deja ver, en efecto, que en las 10 secciones político-administrativas con mayor incidencia de conflictos, se ha incrementado en su conjunto la participación en el total nacional, tanto del valor producido como del area sembrada, en los 8 cultivos comerciales principales, con diferencias notorias entre las regiones. Ello es por supuesto resultado de un más rápido crecimiento de la producción en las regiones en conflicto, en relación con el promedio nacional, especialmente en Córdoba, Arauca y Santander, regiones donde la intensidad de la violencia ha sido especialmente elevada y donde la población rural bajo presión es considerablemente alta.

Respecto a la actividad ganadera, los datos muestran que la evolución en las regiones con conflictos es paralela a la del país, en cuanto a ensanchamiento o reducción de numero de cabezas sacrificadas durante el periódo 80-86; sin embargo, las variaciones son más acentuadas.

De hecho, un examen detallado de cada una de las regiones deja ver que la inseguridad rural afecta de manera mas profunda a las actividades relacionadas del subsector ganadero; y ello, naturalmente, tiene que ver con la situación geografica de las zonas de ganadería, que son por lo general las más apartadas y propicias para el actuar de los grupos guerrilleros; de modo que la inseguridad rural se ha venido acentuando en zonas que anteriormente eran relativamente seguras, y se han visto afectadas por estos, como es el caso de la Costa Atlántica y en particular el departamento del Cesar.

Sin embargo, cuando la violencia cede en una zona, en seguida empiezan a darse síntomas de reinicio de la actividad y de mayor dinamismo tal como se ha observado desde 1987. Por supuesto la recuperación de la capacidad productiva es mucho más significativa en aquellas zonas donde la ..seguridad.. ha ganado espacio en el periódo 1986-1988, en razón de la presencia del narcotráfico y de los grupos paramilitares. En este último proceso, una buena parte del porcentaje de los ingresos anuales del narcotrafico que entran al país y que se destinan a la inversión en zonas rurales, deben haberse orientado hacia la actividad ganadera y el financiamiento de los ejercitos de paramilitares que han dado seguridad a estas zonas.

Así, la incipiente recuperación de las actividades de cría mostrada en los últimos años en regiones como Urabá, Magdalena Medio y el norte del Valle, ha dependido de la ..pacificación.. parcial de las regiones en cuestión y del equilibrio de fuerzas que en ella se han logrado.
Obviamente, la inversion del narcotrafico y su asocio con ganaderos tradicionales en el financiamiento de la ..seguridad.., explican en gran parte los fenómenos señalados en la actividad ganadera del país.

De esta forma, lo que en sus inicios fue el modelo Puerto Boyaca, se extendió al Magdalena Medio y actualmente parece busca su reproducción en otras zonas del país como Meta, Córdoba, Sucre y oriente antioqueño. Este ..modelo.., impulsado por los narcotraficantes, tiende a transformar el latifundio tradicional ganadero con el desarrollo de enormes innovaciones tecnológicas, entre las cuales se encuentran la extensión del fluido de energía elúctrica hasta las fincas, la tecnificación de los establos y la importación masiva de los reproductores de razas. A ello hay que agregar el impulso a formas de organización social rural como las autodefensas, que acaban dando ..seguridad.. a la actividad económica en esas zonas.

Aun cuando parezca contradecir el sentido comun, cabe concluir que los efectos de la violencia sobre la actividad agropecuaria, tienden a ser reducidos y a no generar situaciones significativas de incertidumbre sobre la inversión. En el caso de la ganaderra, ello se debe basicamente al hecho de que, no obstante los efectos de la inseguridad sobre la ganadería, estos son neutralizados y compensados con creces por la acción de los impactos de la violencia; lo que se esta experimentando es una confluencia de efectos que en balance parece resultar positiva con respecto al comportamiento de la producción agrícola, y un poco menos con respecto a la ganadería.

Existen, por supuesto, explicaciones para esta aparente contradicción entre los resultados y el sentido comun. De una parte, la agricultura comercial en poco se ha visto afectada por los distintos fenómenos de la violencia rural; de otra parte el gran peso de la agricultura comercial en Colombia corresponde a zonas planas y bastante integradas a los principales centros de desarrollo nacional, lo que hace difícil desde una perspectiva puramente militar el establecimiento o movilización de grupos guerrilleros. Las zonas de ganadería de ladera, por el contrario, resultan altamente favorables para el accionar de estos grupos; sin embargo, en tanto que son zonas deprimidas y apartadas que participan en conjunto porcentualmente en forma poco relevante en el PIB agropecuario, los efectos de conjunto parecen desdeñables.

Por otra parte, la violencia rural en Colombia no ha significado hasta ahora un peligro real para la estabilidad del sistema económico en general, de modo que los empresarios no han afectado sus decisiones de inversión global; y, adicionalmente, existen por lo menos tres factores que impiden que los efectos sobre el crecimiento del sector agropecuario sean negativos:

1. La lógica de la guerrilla no es siempre negativa en sus zonas de influencia en lo que respecta a la actividad agropecuaria, y antes bien puede estimular formas de organización campesinas favorables a la producción, como ocurre en algunas areas de los territorios nacionales; al tiempo que en otras areas el ..boleteo.. y la ..vacuna.. se vuelven el pago de la convivencia entre guerrilla y productores, lo cual, si bien es gravoso en lo político permite neutralizar los efectos económicos.

2. Las inversiones en el sector agropecuario tienen unos costos inerciales que obligan a mantener una inversión por lo menos inercial independiente de la inseguridad, ya que el abandono de las tierras implica un costo mas alto que el potencial costo de la inseguridad.

3. Existe una cierta movilidad empresarial: por lo general, quienes no logran convivir con los problemas de la inseguridad rural venden sus fincas, las cuales son compradas por nuevos empresarios que tienen el capital o la "fuerza" necesaria para afrontar el riesgo; lo que se concreta en que la intervención de los narcotraficantes en el sector agropecuario hizo asocio con empresarios tradicionales, en distintas zonas del país.

Finalmente, violencia y desarrollo van de la mano, y en tanto la intensificación de la violencia de los ochenta ha sido en gran parte provocada por sectores de extrema derecha, no es de extrañar que exista una correlación positiva entre las tasas de crecimiento del sector agropecuario y las distintas formas que toma la violencia rural.

En cuanto al terrorismo y sus efectos sobre los recursos públicos, las acciones guerrilleras, especialmente del ELN, han sido crecientes no sóla contra la infraestructura energética sino contra diversas instalaciones. Lo único susceptible de estimación son los costos del terrorismo -por lo demas el de mayores efectos-, contra la infraestructura energética, como se observa en el cuadro. Los impactos económicos, son sin duda, considerablemente elevados: en lo que va corrido de 1989 el costo de estos actos terroristas ha sido equivalente al 1% del PIB, al 8.1% del gasto total del gobierno y al 30.6% de la inversión publica total, lo que por supuesto puede revertir en forma severa sobre el conjunto de la actividad económica.

Sin embargo, estos son costos, y como tales por lo pronto no tienen efectos directos e inmediatos sobre las actividades económicas privadas.


EL CONFLICTO Y EL SISTEMA ECONOMICO
Probablemente el hecho de que el conflicto en el caso colombiano incida relativamente poco sobre el sistema productivo, conlleva una actitud de los agentes económicos en la cual predomina la racionalidad económica individual por sobre la racionalidad política; y más aún, es probable que de ello se derive una percepción segun la cual la solución del conflicto es por lo pronto un asunto que compete a los políticos y al Estado, y en la que, salvo solidaridades genéricas y puramente discursivas, no es mayor el papel que deben tener los agentes económicos como conjunto social, mientras la defensa del interés particular los lleva como individuos, en muchos casos, a formas de convivencia con a justicia privada, contribuyendo así a propiciar, en el mediano plazo, condiciones para la intensificación del conflicto. El productor agropecuario no pocas veces se acomoda a la extorsión y convive con ella; otras veces propicia "autodefensas", y en ambos casos parece resolver a corto plazo "su problema particular" sin consideraciones mayores sobre el futuro colectivo.

Si bien, por otra parte, la intensidad actual del conflicto no afecta de manera sensible y directa el aparato productivo, cuando se considera el problema en la perspectiva de largo plazo no basta con examinar los efectos directos, sino que es necesario remitirse tanto a los efectos colaterales de perturbación social, como a la sensibilidad estratégica del sistema para ser potencialmente afectado por un aumento en la intensidad del conflicto (para lo cual pareciera bastar la tendencia inercial de los ultimos cinco años, sin necesidad de factores precipitantes adicionales; lo que eventualmente puede terminar alterando los circuitos de asignacion de recursos.

De hecho, si los efectos sobre la producción y la asignacion de recursos se circunscriben a un sector, el agropecuario, y a regiones de poca relevancia en la economía nacional, efectos que además son parcialmente neutralizados por un clima de "certidumbre" en los negocios asociada a la "seguridad" que proporciona la intervención del narcotráfico, no parecería razonable sostener que pueda haber actualmente un efecto importante sobre la asignación global de recursos en el sistema económico.

Por otra parte, si bien el efecto del terrorismo es de hecho cuantioso, en todo caso se circunscribe al monto de recursos públicos perdidos o a los gastados en reparaciones, con efectos indirectos tales como el precio de los combustibles y una perdida parcial de divisas, pero sin efectos globales directos y significativos sobre la marcha del aparato productivo.

Con todo, basta observar los mapas Nos.1 y 2 para darse cuenta de que existe una debilidad estrategica potencial del sistema económico, que lo hace vulnerable a un eventual aumento de la intensidad del conflicto. El mapa No. 1 registra las areas de presencia activa, estimadas por la ocurrencia de acciones armadas, y el mapa No. 2 la presencia de grupos armados. De ello cabe señalar, entre otras, las siguientes implicaciones:

1. La considerable actividad guerrillera, particularmente en las zonas vitales de exportación distintas al café, y en especial las de banano y recursos naturales, particularmente el petróleo. Es de anotar que solamente estos dos rubros conformaron-en 1987 el 45.2% del total de exportaciones excluido el cafe, y que las exportaciones del banano representaron (1987) el 41% de las exportaciones agropecuarias sin café.

2. La presencia de actividad guerrillera en zonas de frontera tales como Arauca, Santander y Uraba, que acrecientan los riesgos políticos externos.

3. La localización de los grupos guerrilleros en forma de herradura, sobre los nervios de la agricultura moderna situados en el centro del país (y en general de los sectores más dinámicos de la economía), e incluso, sobre el llamado cinturón cafetero.
La evidencia sugiere, por otra parte, que la movilidad de la guerrilla de las areas apartadas hacia estas zonas puede ser alta (mapa No. 2).

4. La fragilidad de la geografía y en particular del sistema de comunicaciones terrestre, que lo hace susceptible a impactos mucho más severos ante una eventual actividad terrorista acrecentada.

En estas circunstancias, y aún asumiendo que los efectos sobre la agricultura se mantuvieran constantes, un aumento en la intensidad del conflicto, aun si este fuera relativamente moderado, podría alterar las variables que conectan el efecto puntual y sectorial con la asignación global de recursos, produciendo consiguientemente una alteración en la eficiencia económica del sistema en su conjunto.

A ello habría que agregar la capacidad de los movimientos armados para acrecentar o amparar por las armas, conflictos sociales en las zonas rurales y aun en areas urbanas, tales como toma de tierras, movilizaciones sindicales y en algunos casos paros cívicos o marchas campesinas, como ocurrió entre 1986 y 1988. Por su puesto, tales manifestaciones de movilización social son expresiones legítimas de inconformidad no siempre asociadas a la presencia de grupos armados, pero esta presencia muchas veces puede ampliar el espacio y las consecuencias de la movilización cuando no sumirlo en manifestaciones violentas.

De hecho se estima, por ejemplo, que para los ultimos años se afectaron por invasiones de tierras 279 predios en 108 municipios, comprometiendo 215.756 hectáreas especialmente en los departamentos de Meta, Antioquia, Magdalena, Sucre y Córdoba. Del mismo modo, entre 1986 y 1987 se produjeron más de 20 marchas campesinas y una decena de éxodos campesinos propiciados de una u otra manera por el conflicto armado, así como nadie ignora que una parte de la actividad sindical en zonas y sectores específicos esta respaldada por los grupos armados.

Por lo pronto, todo ello debiera conducir a una reconsideración sobre el papel de los agentes económicos en la solución de los conflictos mediante un esquema de compromisos en los que predominase la racionalidad política a largo plazo, y no la racionalidad económica de corto plazo que ha terminado imponiendose como solución política en muchos sectores de la vida económica nacional.

Por supuesto, la necesidad de resolver el conflicto armado, de una manera "civilizada" mediante el diálogo, la concertación política y una mayor equidad en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza, no se derivan necesariamente de postulados lógicos, sino que surgen en gran parte de juicios de valor, más precisamente de una "ética democrática" que no necesariamente descansa en criterios de eficiencia sino más bien en convicciones sobre la viabilidad de aplicar una solución política democratica y concertada.

Sin embargo, la solución que hemos llamado "civilizada" supone también la construcción de una "ética económica", que no puede descansar solo en juicios sobre la moral individual, o en simples llamados retóricos a la superación del egoísmo que no identifican compromiso prácticos sino en una evaluación "racional" de los costos y beneficios individuales y colectivos del compromiso.

Ahora bien, un esquema de compromisos para la solución de los conflictos solo parecería posible mediante la presencia confluyente de una "ética democrática", que corresponde a la decisión colectiva, y una "ética económica", que corresponde a la racionalidad económica, y es justamente la dificultad de esta confluencia lo que parece emerger como la restricción principal en cualquier estrategia de solución de conflictos.
En lo que sigue intentaremos una consideración analítica sobre esta descuidada relación entre la economía y la política.


TEORIA ECONOMICA Y DEMOCRACIA
En muchos países bajo situaciones de conflicto social interno, suele ser corriente la opinión, de que las aspiraciones de paz y desarrollo se ven, por lo general, obstaculizadas por una falta de compromiso real de los sectores que detentan el poder económico, así como por la defensa de intereses económicos que es comprensible en un contexto ide "normalidad", pero que aparece como una postura egoísta cuando la busqueda de una mayor equidad se reconoce como un factor de solución de los conflictos. Del mismo modo, suelen arguirse como obstáculos para la solución de los conflictos, actitudes negativas frente al cambio político que, en contextos de crisis, parecerían irracionales, y finalmente, una cierta "intolerancia distributiva" renuente a aceptar los costos de las políticas que puedan favorecer a los grupos más pobres.

Es cierto que resulta facil opinar sobre la capacidad-del sistema económico para generar conflictos, o su incapacidad para resolverlos, pero a menudo tales juicios no dejan de ser hipótesis a priori, que en todo caso apoyan las inferencias corrientes respecto de las relaciones entre la eficiencia distributiva del sistema, el grado de legitimidad, y las situaciones de conflicto; sin embargo, la carencia de generalizaciones sustentadas en los hechos, o al menos en una demostración formal, evidencian la brecha entre el analisis económico y el análisis político.

El otro angulo del problema ha sido todavía menos estudiado: cómo la persistencia de un clima de conflicto de determinada intensidad puede alterar la eficiencia del sistema económico en el largo plazo. La respuesta es por supuesto obvia cuando se identifica la intensidad del conflicto: en un extremo la guerra, interna o externa, crea, ya se sabe, la necesidad de una "economía de guerra" que organiza el sistema productivo y los recursos publicos en función, prioritariamente, de las actividades bélicas. En el otro extremo, el de la acción puramente terrorista, ésta no pasa de ser una preocupación publica que apenas merece una reorientación parcial del presupuesto del Estado, y la definición de medidas no económicas; sin embargo, cuando el conflicto es caracterizado como "conflicto interno de baja intensidad", la respuesta es no sólo menos obvia sino que da lugar a especulaciones y afirmaciones apoyadas en el sentido comun, y a simplificaciones extremas de procesos por naturaleza complejos; no habría por otra parte, mayor interes en precisar estos aspectos si no fuera porque la evaluación de los costos del conflicto es condición de la evaluación de los beneficios implícitos en su superación, y en consecuencia de la justificación "económica" de los esfuerzos para lograrla.

De hecho, en países como Peru y Colombia, El Salvador y Guatemala, los conflictos se caracterizan porque estan provocados por proyectos opuestos de ordenamiento de las respectivas sociedades nacionales, y porque se desarrollan fundamentalmente al interior de estados nacionales en los cuales la confrontación social tiene expresiones de violencia permanentemente asociadas a la lucha armada.
Por lo general, se admite que en situaciones de esta naturaleza, la solución de los conflictos requiere la realización de reformas socioeconómicas que se traduzcan en mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y de reformas políticas que aseguren mayores espacios en la busqueda de soluciones no violentas para dirimir la confrontación social.

Bajo tales circunstancias, cabría esperar que las soluciones comprometieran la racionalidad de los agentes económicos para asumir compromisos en calidad de tales (y no de meros ciudadanos), de modo que aseguren la estabilidad del sistema y por tanto la preservación de sus propios beneficios futuros. Más precisamente, en este tipo de conflictos, la solución supone decisiones políticas que implican necesariamente esfuerzos económicos, cuyo costo debe recaer en forma directa o indirecta sobre los detentadores del poder económico. Sin embargo, la experiencia indicaría que estos por lo general no estan dispuestos a pagarlo .
En estas situaciones, una hipótesis basica sobre el comportamiento de los agentes económicos, es la de que ellos aceptaran pagar tales costos y el beneficio de resolverlos es mayo que ellos mismos; pero la diferencia respecto del modelo económico básico, es que los beneficios son de carácter político (referidos sobre toda a la estabilidad del sistema), en tanto que los costos son típicamente privados. Más precisamente, los primero son beneficios colectivos con arreglo al interes común, y los segundo costos económicos, con arreglo al interés individual.

En la realidad, la carencia de un marco explicativo para la falta de compromiso real, constatable en muchas situaciones de conflicto, o en otros terminos, la renuencia a asumir costos privados en función del interes comun, se debe a que el espacio de decisiones no es uniforme; y mas precisamente, como escribió Sidgwick, a que los dos tipos de decisiones son "irreconciliables a no ser por la acción de la religión", con lo que sugería que el interes comun esta sometido a un conjunto de preferencias éticas a partir de consideraciones sociales impersonales que definen la capacidad de compromiso; y la decisión individual del costo económico, a preferencias subjetivas que excluyen a este último.

En palabras de Amartya Sen, "La importante distinción de John Harsanyi entre las preferencias éticas de una persona y sus preferencias subjetivas abre un campo más amplio; las primeras deben expresar lo que este individuo prefiere o preferiría de acuerdo exclusivamente con consideraciones sociales impersonales, y las ultimas deben expresar lo que en efecto prefiere sobre la base de sus intereses personales, o de cualquier otra base. Esta estructura doble nos perrnite distinguir entre lo que considera bueno una persona desde el punto de vista social, y lo que considera bueno desde su propio punto de vista".
Se advertirá de inmediato que la dificultad para reconciliar estas dos proposiciones, es decir, la del interes individual y la del interes comun, constituye la barrera entre la teoria económica y la teoria política, y es al mismo tiempo el escollo teórico principal para constituir la justicia distributiva como fundamento de la legitimidad democrática. Este es pues el nucleo en el cual los esfuerzos de economistas y cientistas políticos debieran converger, pues es el punto de unión entre teoría económica y democracia.

De hecho y en la práctica, la responsabilidad creciente de los gobiernos en los asuntos de la economía deja deshecha la vieja separación entre política y economía, como quiera que es cada vez mayor el segmento de la vida económica que se ha politizado.
Sin embargo y paradójicamente, es cada vez mas creciente también la distancia entre el análisis político y el análisis económico.

Sin embargo, la necesidad de la convergencia es urgente; y mas aun, cuando la solución de los conflictos requiere la formulación de un marco normativo de la sociedad, que combine los principios de la justicia distributiva con los de la legitimidad democrática. De hecho, es bien sabido que la teoría económica ha sido incapaz de formular una teoría normativa, al tiempo que la ciencia política ha sido incapaz de formular un concepto de racionalidad moral o mas exactamente, un concepto de moral social sobre el cual fundar la convivencia y la legitimación, y reafirmar el consenso; sin duda, no será posible crear este marco si no se establece un criterio ético sobre la responsabilidad colectiva, en el que deben converger tanta la economía como la ciencia política; como escribe Daniel Bell "la sociedad occidental carece al mismo tiempo de civitas, la disposición espontanea a sacrificarse por el bien público, y de una filosofía política que justifique las reglas normativas de las prioridades y asignaciones de las sociedad".

Falta en definitiva, lo que este mismo autor llama un "hogar público" es decir, una redefinición de bien común que permita armonizar la satisfacción de los derechos y deseos privados reclamados por individuos y grupos, y sepa a la vez responder a las necesidades funcionales del sistema. "Los presupuestos liberales clásicos a partir de los cuales se construyó la organización política y económica de los países de Occidente, han dejado de tener validez, y antes bien, los tres principios axiales del pensamiento burgués, la eficacia económic

EDICIÓN 1879

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