CONTRA LAS REJAS

LA HISTORIA PARECE INcreíble. La cárcel de Itaguí, la más costosa del país, en la que el gobierno invirtió más de 5.000 millones de pesos para su remodelación, en la que se encuentran recluidos los más peligrosos lugartenientes de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa Vásquez y varios jefes guerrilleros, está a punto de ser perdida porque el Inpec y el Ministerio de Justicia le adeudan a ese municipio, propietario del inmueble, 307 millones de pesos por arrendamiento.
El alcalde de Itaguí, Juan Carlos Moncada, ha anunciado que iniciará un juicio de lanzamiento por el atraso del gobierno en el pago del alquiler. "Mientras no nos cancelen la deuda no hay renovación de contratos y nos veremos obligados a llevar el caso a las instancias judiciales", dijo el funcionario ante el Concejo Municipal. El Inpec, por su parte, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de que el estado expropie el inmueble ante las grandes dificultades quc tiene para cancelar la millonaria deuda, debido, entre otras cosas, al déficit presupuestal de 6.000 millones de pesos que afronta dicho instituto.
Según el alcalde de Itaguí, la deuda de la Nación con el municipio se encuentra dividida de la siguiente manera: 224 millones por el arrendamiento del penal, entre el 23 de diciembre de 1993 y el 3 de abril de 1995; y otros 83 millones por concepto de intereses sobre ese arrendamiento. "La salida que le damos al lnpec -dijo Moncada a SEMANA- es la de pagarnos. Más adelante podríamos llegar a un acuerdo en el cual el Presidete de la República sea garante de seriedad. Si no hay acuerdos con los pagos tendremos que irnos hasta la ultima instancia, que sería el lanzamiento y la demanda respectiva ante un juzgado, porque ya estamos cansados de estar rogando y que no nos cumplan "... El funcionario, sin embargo, no descarta la venta del penal a la Nación por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos.
Esta historia que hoy tiene en vilo a 30 reclusos de la cárcel de Itaguí -curiosamente una de las más despobladas del país-, comenzó el 23 de diciembre de 1992 cuando se celebró un contrato interadministrativo de arrendamiento del penal, con opción de compra, entre el municipio y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. En ese momento, la Nación necesitaba con urgencia de un centro de reclusión ante la inminente entrega de Pablo Escobar y fue así como dispuso de las instalaciones de la cárcel municipal. El entonces ministro de Justicia, Andrés González, llamó al alcalde de Itaguí, Oscar Sánchez, para que cediera en contrato de arrendamiento la totalidad de las instalaciones del penal. Por aquella época había un pabellón de la cárcel arrendado al Ministerio de Justicia, donde se encontraban detenidos los hermanos Ochoa Vásquez.
La negociación entre el gobierno y el municipio de Itaguí ha estado llena de dificultades. Para comenzar, el contrato de arrendamiento inicialmente se firmó entre el municipio y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, ente que desapareció para dar paso al llamado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-. Dicha entidad siguió ocupando la cárcel y era la encargada de certificar la reserva presupuestal para el canon de arrendamiento. Sin embargo, el Fondo Rotario del Ministerio de Justicia nunca hizo la cesión del contrato de arrendamiento al Inpec, como era lo legal, al desaparecer el primer organismo y por eso aparece el municipio de Itaguí arrendándole la cárcel a un ente que no existe. El impasse más reciente sucedió el pasado 3 de abril. Ese día, al vencerse el contrato de arrendamiento entre el municipio y el Estado, el Inpec estuvo interesado en hacer un nuevo contrato, estableciendo un incremento del 18 por ciento de acuerdo con el Pacto Social. La oferta no le gustó a la administración municipal que consideró que, antes que estar ofreciendo una prórroga en el costo del arrendamiento, el gobierno debería estar interesado en pagar la millonaria deuda. La historia apenas empieza a escribirse. Curiosamente, los únicos que no tienen nada que ver con el caso son los reclusos que no muestran ningún interés por ser trasladados a otra cárcel.