Contralora investiga a Caprecom por tercerizar servicio de salud en cárceles

La Contraloría General de la República inició una investigación a la empresa promotora de salud Caprecom por el incumplimiento de un contrato con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para la prestación del servicio de salud a la población reclusa del país.
 
"Hay un decreto que obliga a contratar con Caprecom y resulta que la EPS sí puede subcontratar y se incumple con el servicio", indicó la contralora Sandra Morelli.
 
Semana.com pudo conocer que a cientos trabajadores del proyecto se les adeuda su salario de hasta cuatro meses en algunos casos. Dichos empleados están contratados mediante cooperativas de trabajo asociado (CTA).
 
"A nosotros nos contrataron a través de la CTA Cooperamos. Sabemos que el INPEC ya giró el dinero, pero Cooperamos no nos ha desembolsado nuestros salarios", dijo un trabajador que prefirió reserva de su identidad.
 
La cifra que se les adeuda a cientos de empleados es una millonaria suma del proyecto entre Caprecom y el INPEC para atender las cárceles en todo del país.
 
Esta situación se da en momentos en que varias prisiones se presentan problemas de hacinamiento y en la prestación del servicio de salud de los reclusos.
 
Por ejemplo, en la cárcel Modelo de Cúcuta, algunos internos se declararon este jueves en huelga de hambre por su situación. Según informó Caracol Radio, en dicho centro hay unas 50 personas esperando atención médica por diversas complicaciones que aún no han sido atendidos.
 
Por su parte, en la cárcel La Modelo de Bogotá hace una semana hubo un brote de varicela, ante el cual se encendieron alertas por una posible emergencia sanitaria. Varios internos debieron ser trasladados a otros penales.
 
El pasado 15 de julio, el INPEC anunció que el servicio de salud a los reos será asumido por la red hospitalaria pública, y el pago por el mismo se hará a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
 
De otro lado, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, contempla gestionar un convenio con la Policía Nacional para que los médicos de su hospital atiendan a la población reclusa.