La CAR pagó un millón de pesos por una pala que costaba 10.000

Un informe que la Contraloría dio a conocer este martes cuestiona la gestión de varias Corporaciones Autónomas Regionales del país, las principales autoridades ambientales en los departamentos.

El organismo de control no sólo pone en entredicho las decisiones de algunas corporaciones, como las de Chocó y Cundinamarca, sino que muestra cómo se habría generado un presunto detrimento patrimonial por 10.022 millones de pesos por parte de 16 de estas organizaciones.

En total, la Contraloría estableció 61 hallazgos con connotaciones fiscales, 22 con presunta incidencia penal y 288 de carácter disciplinario. ¿Qué tan grave es lo hallado?

Lo más costoso

Tal vez la entidad que dejó más preocupada a la Contraloría fue la CAR de Cundinamarca. Primero, encontró un presunto daño patrimonial de 1.681 millones de pesos por una adecuación hidráulica que hicieron al cauce del río Frío, que pasa por Chía.

El objetivo de esta inversión nunca se logró comprender, pues -según el organismo de control- este municipio no se inundaba y, contrario a lo que se quería, la obra terminó generando un impacto ambiental a la fuente hídrica.

Este no es el único hallazgo, ni tampoco el más preocupante. La Contraloría encontró otro por 68 millones, una cifra considerablemente menor a la anterior, pero que deja mucho qué pensar.

Ese dinero, dice el informe, corresponde a sobrecostos por la compra de palas y palines que, mientras en el mercado pueden costar entre 7.500 y 10.000 pesos, la CAR de este departamento las compró por valores que oscilan entre 800.000 y un millón de pesos.

"Fue así como se pagaron cinco millones por cinco palines y cuatro millones por cinco palas, que de acuerdo con cotizaciones que hizo la CGR, a precios del segundo semestre del 2013 sólo podían costar 35.000 y 52.500 en cada caso”, se lee.

Los casos abundan. En el informe se asegura que la CAR compró un medidor digital de compactación penetrologger en 23 millones de pesos. Cuando los auditores de la Contraloría lo cotizaron en el mercado, encontraron que este aparato costaba 3,8 millones de pesos.

Y como si esto fuera poco, la Contraloría tiene otra perla. La CAR pagó 116 millones de pesos por una capacitación para cinco funcionarios. Cuando el organismo de control hizo la cotización, se dio cuenta de que por ese mismo servicio otras instituciones cobraban valores mucho menores, como la Universidad Libre (cobraba 30 millones de pesos), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (cinco millones) y la Universidad Nacional (6,7 millones).

“Al consultar sobre los soportes de los costos asociados a la capacitación, se indicó que el contratista Maser Ltda subcontrató una persona natural, y se alegó un registro de transacción entre el contratista y el subcontratista por una cuantía de 30,7 millones, suma muy inferior a la pagada por la CAR. Y se señaló que los demás pagos (que no fueron soportados) fueron realizados por Maser a la cónyuge del subcontratista”, asegura el informe.

Permisos sin control

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó (Codechocó) está bajo la lupa de la Contraloría por los procesos de expedición vigilancia y control del Salvaconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica (SUN).

Según la Contraloría, una gran cantidad de madera está siendo extraída de Chocó y, debido a los grandes volúmenes, es decomisada por las Corporaciones de Antioquia y Risaralda. Pero no sólo es el tamaño, también estaría siendo transportada por rutas no autorizadas. Estas entidades han descubierto, además, que en algunos casos las personas que transportan estas especies no tienen, incluso, el salvoconducto.

“Lo más grave es que la dentro de la revisión adelantada por la CGR se encontraron resoluciones de Codechocó donde se conceden estos permisos cuyos datos no corresponden a lo verificado en el terreno. Las especies y los volúmenes referidos son distintos y en el área permisionada se aprovechan especies de alto valor económico que no se autorizaron”, dice la Contraloría. 

Lo peor de todo es que, según la Contraloría, Codechocó ha autorizado la explotación de especies forestales que requieren especial protección, pues se encuentran amenazadas. La falta de seguimiento a esta explotación del recurso forestal estaría generando riesgos de afectación del "recurso boscoso".

Otras corporaciones

Pero ahí no paran los hallazgos, en total fueron 16 Corporaciones Autónomas Regionales auditadas por la Contraloría. Otra que está bajo la mira del organismo es Corpoguajira, donde encontró que no se están cumpliendo los términos para conceder permisos de aprovechamiento forestal y concesión de aguas.

En Corpocesar también se halló un presunto detrimento fiscal por 1.813 millones de pesos, pues la entidad cedió un contrato de obra pública a un consorcio y le permitió que aumentara los precios de excavaciones por encima de las condiciones de mercado.