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Los niños tienen derecho a una alimentación sana. - Foto: Archivo particular.

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Contraloría tendrá puesto en proceso penal contra venta de carne de burro en el PAE

El organismo de control se constituyó como víctima para buscar el resarcimiento del daño económico rápidamente.

Más allá del escándalo porque a los estudiantes les estaban dando carne de burro en las comidas, dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), también es clave que se acelere el proceso penal, de manera que se investigue rápidamente para establecer los responsables y tratar de resarcir el daño causado.

En ese contexto, la Contraloría General anunció que entrará como víctima en el proceso, lo que le dará representación penal. Con ello, su aporte será clave para que la investigación se realice prontamente y se busque así recuperar la plata que se perdió.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, consideró que el caso es un atentado contra la vida y los derechos fundamentales de los niños afectados. Por ello, procedió a tomar la decisión que ya este organismo de control ha utilizado en otros grandes escándalos en los que han estado involucrados, y en riesgo, altas sumas provenientes de los recursos públicos. Uno de los más grandes y recientes procesos en los que la Contraloría actuó como víctima es el de Odebrecht.

Ahora, el insumo que posee el organismo permitirá avanzar con celeridad, puesto que la Contraloría adelanta 184 investigaciones por irregularidades en contratos del PAE que suman 74 mil millones de pesos.

Hay que recordar que el proceso penal alrededor de la venta de carne de burro para las comidas del PAE se adelanta contra Fernando Trujillo Gómez, quien fuera capturado por la Fiscalía como presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del programa en Bucaramanga y algunos otros municipios del municipio del departamento de Santander.

Algo criminal

Córdoba calificó la conducta de quien resulte responsable, como algo criminal y como una vulneración contra los derechos fundamentales de los niños que dejaron de recibir una alimentación saludable.

En la constitución de la Contraloría como víctima en este proceso, el organismo de control procederá a designar un abogado que llevará las riendas en representación de la Contraloría.

Lo que resulte en este proceso será clave y permitirá agilizar las decisiones alrededor de otras investigaciones que se adelantan en departamentos como Bolívar, La Guajira y Sucre, donde se presentan manejos de este programa que han sido cuestionados por estar rodeados de presuntas irregularidades.

Según la Contraloría, hasta en un 35 por ciento de los contratos del PAE no cumplen los estándares mínimos de calidad.

Ya en el pasado, esta entidad había emitido 30 alertas por presuntos sobrecostos, en los que estaban en riesgo recursos por 34.856 millones de pesos en contratación del PAE, realizados durante la pandemia.