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| 6/6/2020 4:17:00 AM

El escándalo por las unidades de cuidados intensivos

Las denuncias del ministro de Salud sobre el mal aprovechamiento de las unidades de cuidados intensivos deben generar una investigación profunda y rápida. Cómo respetar el criterio médico planteará una gran dificultad.

Coronavirus en Colombia: ¿escándalo por las UCI? Al ministro Fernando Ruiz y al superintendente Fabio Aristizábal les llovieron críticas de los médicos por no denunciar en concreto. Ellos aseguran que cumplen su deber. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra - Pilar Mejía
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El ministro de Salud, Fernando Ruiz, soltó una grave denuncia que indignó a algunos sectores y preocupó a otros. Afirmó que algunos hospitales y clínicas mantienen a los pacientes más tiempo del requerido en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Esto con el fin de facturar más y así recuperar ingresos que han perdido por la pandemia.

La Superintendencia de Salud ya había recibido alertas en ese sentido del congresista Abraham Jiménez, del Valle del Cauca, y también por una discrepancia en los datos que las IPS envían tanto al ministerio como a la superintendencia. Mientras que al ministerio le reportaban 279 camas UCI ocupadas con pacientes de covid-19, a la superintendencia le indicaban apenas 169. “Una desviación de casi el 65 %”, dijo el superintendente Fabio Aristizábal.

Según Ruiz, el país tiene un índice de ocupación de UCI entre el 50 y 60 %, pero en ciertas regiones han reportado entre el 70 y 80 %. En algunos casos, esa diferencia podría explicarse porque ocupan camas de cuidados intensivos más tiempo del necesario o porque internan en estas salas a pacientes que no lo requieren.

De ser cierta la denuncia, algunos la consideran un escándalo de marca mayor, pues resulta inconcebible que en medio de la situación por la que atraviesan los colombianos se presenten prácticas tan inadmisibles. No solo para el país, que hace un esfuerzo muy grande al ampliar la capacidad de estas unidades y mantener los insumos de las IPS, sino también para los pacientes, cuyas necesidades de salud estarían relegadas.

Aristizábal hizo énfasis en que la situación se presentaba en algunas regiones como Valle, Cesar, Sucre, Atlántico y Bogotá. Pero el cuerpo médico y las IPS vieron en la denuncia una gran injusticia que le hace daño al sector.

El presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Baquero, manifestó que Ruiz, al hacer su aseveración, “genera un manto de duda muy denigrante y peligroso sobre el talento humano”. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, señaló que, aunque es posible que puedan presentarse prácticas fraudulentas, les pidió a las autoridades entregar los nombres de los implicados para evitar generalizaciones.

La superintendencia debe investigar con prontitud, pues el país está próximo a alcanzar el pico de infección, cuando requerirá todas las camas en estas salas.

La investigación de la superintendencia, sin embargo, no estará exenta de dificultades. Es cierto que a mayor número de días de permanencia en una UCI la cuenta sube. Pero el gasto se justifica si el criterio médico así lo indica. Según Aristizábal, un día en esta unidad puede costar, en promedio, 2,5 millones de pesos según los medicamentos que le suministren al paciente. Teniendo en cuenta que un enfermo dura alrededor de 15 días en la sala, cada uno costaría un poco más de 35 millones de pesos. Así, ante la apretada cartera del sistema de salud, es válido pedir cuentas para cuidar los recursos y asegurar la apropiada atención de los infectados.

El escollo más difícil es cómo investigar sin interferir en el criterio médico. ¿Acaso la superintendencia llegará a verificar cada una de las decisiones tomadas por los médicos intensivistas en las UCI? Y si lo hace, ¿puede entrar en la órbita de la relación médico-paciente? “Los médicos nos basamos en criterios de ingreso y egreso claramente definidos”, señala Fabio Varón, jefe de la UCI en la Fundación Neumológica Colombiana-Fundación Cardioinfantil. Reclama que ellos están expuestos a diario al virus y “ahora nos suman que somos del cartel de la covid”, añade.

Más allá de la polémica, los médicos deben entender que la acusación no apunta hacia ellos, aunque muchos lo hayan sentido así. Pero también la superintendencia debe investigar con prontitud, pues el país está próximo a alcanzar el pico de infección, cuando requerirá todas las camas en estas salas. Y no es bueno crear grietas en un momento en que el sector debe estar más unido que nunca.

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