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| 3/13/2000 12:00:00 AM

Corrupción

El informe divulgado la semana pasada sobre el saqueo a la banca pública dejó al descubierto el mayor flagelo que azota al país: la corrupción.

Corrupción, Sección Nación, edición 928, Mar 13 2000 Corrupción
El lunes de la semana pasada los colombianos despertaron con una noticia que, si bien la sospecharon durante años, oírla de manera descarnada por radio, prensa y televisión no dejó de producirles una profunda rabia e indignación. Ese día, en la Casa de Nariño, fueron divulgados los resultados de una investigación que logró establecer el monto y la dimensión de los desfalcos a la banca estatal: 7,2 billones de pesos en los últimos 10 años.

El documento, conocido como la Comisión de la Verdad (realizado por la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las Superintendencias de Valores y Bancaria), estima que cada uno de los 25 millones de cuentahabientes que existen en el sistema financiero colombiano deberán pagar 280.000 pesos para sanear la crisis financiera estatal. Esto significa simplemente que los colombianos deberán responder con dinero de su propio bolsillo por una década de corrupción, desidia y malos manejos en las entidades investigadas: Caja Agraria, Banco del Estado, BCH , Bancafé, Concasa y La Previsora.

La Comisión de la Verdad, única en su género, concluyó que la mayor responsable del colapso fue la clase política, que durante más de 10 años utilizó a estas entidades como una ‘caja menor’ para satisfacer sus ambiciones políticas y clientelistas. El escandaloso informe afirma que “...algunos de los administradores de las entidades financieras públicas obraron contra el patrimonio público, con base en una gestión que defendió y atendió intereses personales o políticos, aceptó el tráfico de influencias y motivó el favoritismo en la asignación de préstamos sin el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por las normas legales”.

Como resultado de la investigación actualmente se están adelantando 1.200 procesos penales, disciplinarios y de juicio fiscal en los que están involucrados congresistas, banqueros, empresarios, sindicalistas, ex ministros y altos funcionarios del Estado. Según uno de los investigadores, los tomos de anexos que contiene el informe son suficiente acervo probatorio para activar un proceso 8.000 entre la banca y la política. El costo social y económico de este desastre, el cual debe ser pagado por todos los colombianos (como el impuesto del 2 por mil), deja en evidencia que la corrupción, a pesar de no ser tan tremendista y espectacular como las tomas guerrilleras y los bombazos de los narcos, es hoy el peor flagelo que azota el país.



Tumor o metástasis

El Informe de la Verdad no es sino la punta del iceberg de un desgreño administrativo que diariamente le cuesta al país 900 millones de pesos. Esta fue tan sólo una de las alarmantes conclusiones que quedaron en el aire a finales del año pasado después de la intervención del contralor general, Carlos Ossa Escobar, durante un debate sobre corrupción en el Senado. La cifra total que, según este organismo de control, le han robado al país los corruptos en los últimos cuatro años, fue aún más escandalosa que la revelada la semana pasada: 13 billones de pesos.

Este monto (similar a las cifras que manejan la Fiscalía y la Procuraduría) alcanzaría para pagar en su totalidad el pasivo que hoy tienen 600.000 deudores de Upac. Es ocho veces mayor que la cantidad de dinero destinada por el gobierno para la reconstrucción del todo el Eje Cafetero después del terremoto de 1999. Sería suficiente para construir viviendas de interés social para más de 150.000 familias y alcanzaría para pagar seis veces la deuda que hoy tienen 1.000 municipios del país con la banca nacional e internacional.

La cifra revela la magnitud de un problema que para muchos se ha vuelto más grave que el narcotráfico y la guerrilla, como lo ha reconocido el fiscal general, Alfonso Gómez: “La corrupción es tanto o incluso más peligrosa que los grupos armados al margen de la ley”. La situación es tal que Colombia ya no sólo es reconocida por ser una de las naciones más violentas del mundo sino que desde hace varios años se encuentra en los primeros lugares de las listas negras de los Estados más corruptos del planeta.



Un viejo mal

Aunque en los últimos años el tema ha sido el blanco de toda suerte de titulares en los medios, la realidad es que la corrupción en Colombia no es algo reciente. El soborno, las contrataciones irregulares, la defraudación, el tráfico de influencias y sus otras oscuras facetas tienen raíces ancestrales en el país. Sin ir muy lejos en 1974 la revista Alternativa afirmaba que “serrucho, chancuco, mordida han pasado a ser expresiones normales del lenguaje cotidiano... se multiplicaron las oportunidades de enriquecimiento ilícito por parte de quienes monopolizan el aparato estatal. Todo el mundo negocia y trafica desde las posiciones oficiales”. Veintiséis años después la percepción de los colombianos sobre la corrupción en el país no ha cambiado.

Y no les falta razón. La corrupción se transformó en un monstruo de varias cabezas que se ha abalanzado a la yugular presupuestal del país. Y sus efectos no sólo tienen enormes repercusiones políticas y éticas en la estabilidad institucional sino en el buen desempeño económico.

Al respecto, los criterios económicos para medir los costos del desgreño administrativo no dejan margen de duda sobre la dimensión del problema. Una investigación elaborada el año pasado por la Universidad Javeriana concluyó que tan sólo por el delito de peculado por apropiación (el robo de dinero del Estado cometido por funcionarios públicos) se han dilapidado en los últimos dos años entre 3,5 y 4,5 billones de pesos. Según ese análisis, Colombia perdió durante 1999 el 3 por ciento del presupuesto a manos de funcionarios inescrupulosos. Cifra que representa cerca del doble de lo que necesita el Estado para salvar todo el sistema de salud del país.

Por su parte, el gobierno plantea en el Plan de Desarrollo ‘Cambio para construir la paz’ que entre 1991 y 1996 los costos directos de la corrupción ascendieron a más de 4,4 billones de pesos de la época, cerca de 5,6 billones de hoy. Y son aún más preocupantes las cifras que arroja el programa presidencial de lucha contra la corrupción, el cual estima que anualmente el país pierde un punto del PIB a causa de este flagelo (entre 750 y 800 millones de dólares).

Ese desalentador panorama de desangre no ha sido ajeno a la percepción que tienen los ciudadanos. Según reveló un estudio de la Anif, elaborado a finales de 1998, mientras el 80 por ciento de los colombianos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, tan sólo un 6 por ciento cree que se ha reducido. Esta situación obedece, en gran medida, a una progresiva pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad hacia sus instituciones y gobernantes. “Las personas no tienen incentivos para creer que hay posibilidades. No hay credibilidad en la justicia aun cuando ésta logra en muchos casos cumplir con sus objetivos”, dice la directora de Transparencia Internacional, Rosa Inés Ospina.

Toda esta situación ha creado un clima de incertidumbre y cinismo frente a la democracia, como lo reveló un estudio realizado el año pasado por la consultoría inglesa Market & Opinion Research International en 17 países de América Latina. En la investigación se afirma que uno de cada cinco colombianos cree que la corrupción es el tema más importante del país, por encima de la guerrilla y el narcotráfico. Pero lo más preocupante del estudio es que dentro de sus conclusiones afirmaba que el 83 por ciento de los colombianos no estaba satisfecho con el sistema democrático ya que lo asocian como responsable de la creciente corrupción. Esto, sin duda alguna, “podría resultar muy peligroso para la estabilidad democrática del país”, concluye el informe

Este escepticismo, sin embargo, no es exclusivo de los ciudadanos. A finales del año pasado esa preocupación ya había sido expuesta por el director nacional del CTI, Pablo Elías González, cuando afirmó públicamente que “la inoperancia del Estado por la corrupción administrativa o política se ha convertido en un factor altamente perturbador de la estabilidad democrática, al punto que es un efectivo generador de violencia, de incorformidad y protesta social”.

Al respecto existen varias explicaciones para entender por qué el tema de la corrupción en Colombia alcanzó ribetes tan críticos.

Diversas investigaciones adelantadas por las universidades de Los Andes, Javeriana y Externado coinciden en que gran parte del crecimiento de la corrupción se debe a que la sociedad colombiana se ha visto abocada a una serie de bonanzas, en la cual la posesión de riqueza —independientemente de la forma como se haya obtenido— se ha convertido en un pasaporte para emerger a clases más altas sin el rechazo de la sociedad.

Según Martha Elvira Rincón, socióloga de la Universidad Nacional, “la falta de un verdadero y ejemplar rechazo a los corruptos por parte de la sociedad ha contribuido a que el corrupto ni siquiera tenga una sanción moral. Y eso es algo que en otros países es más efectivo que la misma cárcel”. Esta conducta social terminó contaminando el ejercicio del sector público y facilitó que los funcionarios vieran las arcas del Estado como un botín.

De igual forma, algunos estudiosos del tema afirman que el Estado fue incapaz de controlar el avance de la corrupción. Sobre todo en la década de los años 80, cuando las presiones de la nueva élite económica surgida del narcotráfico se lanzó en una forma decidida a la conquista de espacios políticos y sociales. “El narcotráfico ha facilitado el afianzamiento de valores y conductas que ha hecho que primen valores que dan mayor importancia al interés particular que al interés general”, asegura el vicepresidente Gustavo Bell, encargado de liderar la lucha contra la corrupción en la administración Pastrana. No obstante, la cultura del dinero fácil no ha sido el único responsable.

La ausencia de un marco legal más estricto y coercitivo, así como la falta de sanciones penales más altas contra los corruptos, favoreció el avance de este delito en los últimos años. Sobre el tema el procurador general, Jaime Bernal Cuéllar, reconoció que “desafortunadamente las sanciones que hoy tenemos son leves, la mayoría de las veces son sancionatorias y excepcionalmente son destituciones”. Esa falta de una normatividad más severa y de un ordenamiento jurídico más claro terminó, según un estudio de Planeación Nacional, aumentando la corrupción en lugar de reducirla y facilitó, de paso, el desarrollo y la consolidación de nuevas modalidades para desangrar al país como ha venido ocurriendo con las conciliaciones entre los particulares y el Estado.



Los nuevos demonios

Según los organismos de control la modalidad de la conciliación se ha convertido en el más reciente y efectivo mecanismo para desangrar el erario público. Casos publicitados como el de Dragacol, en el que el Estado perdió más de 20.000 millones de pesos por contratos irregulares, son tan sólo una pequeña muestra de esta nueva y perversa maniobra para desfalcar al Estado.

Sólo por este concepto, según la Procuraduría General, la Nación tuvo que pagar el año pasado un billón de pesos. En 1990 el monto destinado a pagar conciliaciones alcanzaba el 0,16 por ciento del presupuesto nacional. Siete años más tarde el porcentaje se disparó al 0,86 por ciento (casi seis veces más), lo que deja muy claro que las conciliaciones se han convertido en el modus operandi en boga entre los corruptos de finales de siglo.

Pero, si bien está de moda, no es el único. Los organismos de control han logrado establecer que el delito predominante es el peculado por apropiación (cuando los funcionarios se adueñan de los dineros del Estado). Esto obedece, según investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, al temor que existe por parte de los funcionarios públicos de quedarse sin puesto. Y es aún más pronunciado cuando se realizan concursos para aspirar a cargos públicos y se establece un sistema meritocrático. Las conclusiones de los análisis afirman que ese miedo lleva a muchos funcionarios a adueñarse de recursos públicos con el fin de garantizar su futuro en caso de ser despedidos o quedarse sin puesto.

Esta, sin embargo, es tan sólo una de las causas de la corrupción identificadas por las entidades de fiscalización y reconocidos expertos internacionales, como el estadounidense Robert Klitgaard, quien asesoró a la Vicepresidencia de la República en el diseño del programa de lucha contra la corrupción (ver recuadro p. 26).



De lo público a lo privado

Para la directora de Transparencia Internacional, Rosa Ospina, es evidente que el tema de la corrupción se ha apoderado de la agenda pública. Sin embargo, para Ospina, “es evidente que es mucho más difícil conocer sobre la corrupción privada, pero lo cierto del caso es que resulta imposible establecer un perfil particular entre el corrupto público y el privado ya que tanto el que ofrece como el que recibe son igual de corruptos sin importar en qué sector trabajen.”

Los continuos escándalos que salen a flote en el sector público no significan que en el sector privado no se viva el mismo fenómeno. Lo que sucede es que los funcionarios estatales están mucho más expuestos a la luz pública que los particulares. Para los organismos de control y para los medios de comunicación es mucho más fácil obtener acceso a los documentos públicos que a los de las empresas privadas, las cuales tienen la ventaja adicional de cobijar sus abusos bajo la consigna de ‘la eficiencia del sector’. Es claro, por ejemplo, que en la mayoría de los casos de corrupción pública está involucrado un agente del sector privado, quien finalmente es el que ofrece o paga el soborno para conseguir un beneficio del Estado.

Finalmente, algunos ven en la descentralización promovida por la Constitución del 91 otro catalizador de la corrupción. “Lo que se consiguió al descentralizar los recursos fue simplemente descentralizar la corrupción. No la aumentó, afirma Ospina. Lo que pasa es que ahora la plata está en las regiones y los municipios no tienen tanto control, lo que facilita que los políticos en los municipios y en las regiones puedan ejercer con mayor libertad y autoridad su poder”. Aunque es discutible afirmar que la descentralización administrativa aceleró la corrupción, lo cierto es que los constituyentes de 1991 no implementaron las suficientes salvaguardas para velar por los recursos que iban a ser destinados a las regiones.



¿Luz al final del túnel?

La lucha contra el flagelo de la corrupción es tan antigua como el mismo mal. En casi todos los gobiernos se han creado grupos especializados anticorrupción. En la última década se idearon cuatro programas presidenciales y han llegado al país media docena de expertos internacionales para sugerir recomendaciones. A pesar del esfuerzo y las estrategias no se ha logrado marchar a la misma velocidad del delito. Y esto es algo que el mismo Contralor General reconoció al aceptar que la estructura y los procedimientos para castigar a los funcionarios se han quedado rezagados ante los sofisticados artilugios ideados por los corruptos.

No obstante, desde hace cerca de dos años los órganos de control y fiscalización decidieron revaluar las estrategias y hoy los colombianos parecen estar viendo resultados. Prueba de ello son los grandes escándalos y desfalcos descubiertos en este período, así como un considerable aumento en el número de personas investigadas y sanciones aplicadas. Paralelamente a esto, y a pesar del escepticismo colectivo frente a la lucha contra la corrupción, se han venido creando con mucho éxito una serie de espacios para que la ciudadanía participe y denuncie a los corruptos, como es el caso de las audiencias públicas (ver recuadro p. 28).

La gran virtud de ese tipo de estrategias que involucran a la comunidad consiste en que la gente está empezando a perder el miedo a denunciar. Han sido tan alentadores los resultados de las audiencias públicas que el viernes pasado el Presidente sancionó la ley por medio de la cual se reglamentan la veedurías ciudadanas.

A pesar de las victorias que se han obtenido en la lucha contra la corrupción y de la existencia de ambiciosos proyectos trazados por la Presidencia de la República, los analistas del problema tienen claro que sólo existe una forma de garantizar la completa erradicación de la corrupción: atacar decididamente los vicios del sistema político colombiano, que es, en el fondo, donde radica la mayor parte de este cáncer que consume al país. La gran pregunta es ¿hay voluntad política?.

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