Corte Constitucional, en vos confío

El futuro de la paz en Colombia no solo se está decidiendo en La Habana. La Corte Constitucional está estudiando demandas a dos reformas a la carta política con hondas implicaciones para un eventual acuerdo con la guerrilla: la reforma al fuero militar y el marco jurídico para la paz. 

Y como si eso fuera poco, en los despachos de los magistrados también están pendientes otros fallos que pueden tener gran impacto en el país: uno sobre la fallida reforma a la Justicia y, desde hace dos años, deben su concepto sobre la Ley de Participación Ciudadana.

El marco jurídico para la paz es, ni más ni menos, la hoja de ruta en materia de Justicia transicional que regiría el acuerdo de paz. La Corte estudia una demanda de la Comisión Colombiana de Juristas, que alega que ese marco es una amnistía encubierta que no asegura verdad, justicia y reparación. También argumenta que el criterio de selectividad permitirá que actos criminales y las personas que los cometen no sean investigados. El procurador Alejandro Ordóñez es el gran opositor de esta reforma y ya pidió a la Corte tumbar la iniciativa.

Otra ‘pata’ del proceso de paz que está en manos de la Corte es el fuero militar. “Esta reforma tiene vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales” afirmaron los cinco congresistas que la demandaron. Si el alto tribunal les da la razón, quedaría en vilo la reglamentación que debate hoy el Congreso y sería un gran desestímulo para los uniformados en medio del proceso de paz. 

La Corte también estudia demandas en contra del decreto que convocó a sesiones extra del Congreso para tumbar la reforma a la Justicia. Para los demandantes no es claro que un presidente pueda objetar un acto legislativo y menos convocar a sesiones extra para estudiarlo. Si los togados coinciden, el Frankenstein que se aprobó en la etapa de conciliación resucitaría y desataría un caos institucional en la Justicia.

Por otro lado, la Corte tiene en sus manos, por así decirlo, el futuro del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Ley de Participación Ciudadana, que modifica los requisitos para los referendos y los plebiscitos, está en la Corte desde junio de 2012 y es probable que en los próximos días haya humo blanco. Si el fallo avala la reforma, la situación del burgomaestre se complicaría aun más, pues sería más expedito y necesitarían menos votos, para la revocatoria de mandato.

Estos fallos son cruciales. No solo porque se pondrá en juego el dilema de si la Corte Constitucional tiene potestad para estudiar el fondo de las reformas y no solo la forma, sino también porque es una prueba de fuego para la nueva era de un tribunal que, con el controvertido nombramiento del magistrado Alberto Rojas y con las pujas internas, tiene hoy maltrecha su imagen.