El internado en el que trataban cruelmente a niños indígenas del Meta

Una decena de niños del centro Educativo Eustasio, en zona rural de Puerto Gaitán, fueron los protagonistas de su propia película de terror.  Si no se aprendían las tablas de multiplicar, los obligaban a comerse el papel del cuaderno; si se equivocaban en una lección eran amenazados con pegarles, con amarrarlos, con desnudarlos o con quitarles la comida; si no soltaban el baño eran reprendidos untándolos de su propio excremento.  

El pertenecer a la comunidad indígena Cubeo Sikuani parece haberlos convertido en el blanco de la crueldad y la discriminación ejercida por dos profesores, uno de ellos, el padre coordinador del establecimiento, que funciona como un internado para brindarles educación a los niños de bajos recursos del caserío El Porvenir. En esta sede se presta servicio de hospedaje, alimentación y acompañamiento académico a 30 estudiantes de un total de 94 matriculados. El 43 por ciento de los niños vienen de comunidades indígenas.  

“Cuando nos dejó solas en el internado, dijo: sabe qué, yo voy a dejar que todos estos chinos entren porque ustedes son prostitutas y regaladas porque ustedes son indígenas (…) nos trató de esa manera, y dijo ay! Ustedes son animales (…) nos vive tratando que las indígenas no se dejan respetar (…)”. 

Relatos como estos fueron llevados ante la justicia por los jóvenes Yiredo, Turé, Hahio, Mapi´koro, Koenomu, Borikako, Bedebukiko, Hiriko, Hehenako, Biye y Ñarebo. Sus padres pidieron mediante una acción de tutela la protección de los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, los cuales les fueron vulnerados en su institución educativa. El caso llegó a la Corte Constitucional, en donde se acaba de proferir un fallo ejemplarizante.  

Sin contradicciones, con claridad y coherencia, los jóvenes entre los 12 y 16 años explicaron cómo eran reprendidos con un lenguaje despectivo e inhumano, y con castigos que van en contra de su dignidad.  “Un compañero (…) él estaba acostado y el padre se le paró casi encima y le dio una patada para que se levantara, él no pudo decir nada”.

“El padre lo maltrata a uno le da garrote a uno, tengo 16 años, con un palo de escoba (…) ayer en la iglesia, al hacer una recocha el padre dijo que yo me merecía una patada (…) y cinco jueteras pero con un hierro en la cabeza (…)”

El párroco al que se refieren los niños presentó renuncia para no entorpecer la investigación de la Fiscalía y se le inició un proceso disciplinario por parte de Pastoral Social.   

Hehenako y otros niños lo señalan como el responsable de encerrarlos en una habitación desde las 5 de la tarde por no aprender la lección, de restringirles en las noches el uso del baño y de llamarlos “guahibos”, un término que se utiliza de manera denigrante y despectiva para referirse a los indígenas. 

"Se les corrigió con amor": profesora

Los profesores cuestionados negaron los señalamientos de los estudiantes. Aseguraron que nunca se les ha quitado la comida ni utilizaron términos peyorativos para referirse a ellos. Según su versión, los menores no pueden ser encerrados a las 5:00 de la tarde, pues para ese momento del día se encuentran terminando actividades académicas, esperando la hora de comida que es a las 5:30 y la eucaristía a la que asisten de manera voluntaria a las 6 de la tarde.

Sobre el problema de los baños, el padre tutor aseguró: “En el internado hay un problema incontrolable de gente externa metiéndose en las horas de la noche, al inicio de empezar a trabajar, todas las mañanas se encontraban sucios los baños de niñas y niños, por esta razón tomé la decisión de cerrar con las cadenas y los candados los baños, para que personas ajenas no entraran. (…) Para no salir de la habitación, podían utilizar esos baños, pero como el de la habitación de los hombres no sirve, siempre se les dice que para que vayan antes al baño”. 

El sacerdote indicó que nunca utilizó métodos violentos para castigar a los estudiantes por no saber las tablas de multiplicar, que no ha tomado alimentos del internado y que, por el contrario, la parroquia subsidia la alimentación de los niños ya que las remesas que envían vienen incompletas o dañadas.

En el caso de la profesora, también dejó su labor en el centro educativo y su caso está en manos de los investigadores. 

“La tutora anterior era muy permisiva, y dejaba que los niños hicieran de la disciplina cualquier cosa. Se les ha corregido pero se ha hecho con amor, y los tales castigos, es lavar bien los baños, asear bien el comedor donde ellos comen, asear bien sus habitaciones donde ellos descansan, quitar con un rastrillo las hojas de los árboles y otras tareas, que se realizan para un mejor ambiente del internado, ya que nosotros no contamos con algún trabajador o aseadora para realizar estas tareas”, respondió la profesora a los cuestionamientos.

Sin embargo, la corte protegió no solo los derechos de los menores accionantes sino los de toda la institución, al considerar que la violencia ejercida contra ellos fue cruel, inhumana y denigrante. Una de las consideraciones claves que tuvo la corte para resolver este caso, fue la entrevista rendida por Luis Velandia, el nuevo coordinador de la institución que manifestó que procedió a reintegrar a los niños que habían sido expulsados y subrayó que el comportamiento de los estudiantes es bueno, especialmente el de los niños indígenas. Asesores del ICBF también entrevistaron a los jóvenes, quienes aseguraron que el ambiente escolar ha mejorado desde que el párroco y la profesora ya no están en la institución.

Para la corte, el hecho de que no existan anotaciones disciplinarias contra los estudiantes es una muestra de que hay una ausencia de debido proceso al imponerse las sanciones a los estudiantes, lo que genera arbitrariedad. Y en este sentido -recalca el tribunal- no hubo solamente omisiones de los profesores separados de sus cargos sino también de la institución educativa. 

También encontró que las narraciones de los niños dan cuenta del uso de un mensaje discriminatorio en razón a su origen indígena al igual que de castigos desproporcionados. Por ello, se ordena realizar un acto simbólico con toda la comunidad académica en el que se analice pedagógicamente qué pasó en los hechos del caso. Se deberá aclarar, además, el tipo de sanciones que bajo el orden constitucional vigente, se pueden imponer.

Sin embargo, la importancia de este estudio que hace la corte tiene que ver con que desde este alto tribunal se envía una reflexión a la comunidad académica frente cómo llevar procesos educativos armónicos sin castigos violentos. Este tipo de acciones pueden llevar a la intolerancia y a la violencia. 

Las leyes colombianas actualmente prohíben corregir a las personas de manera violenta. Para castigar a un menor de edad debe hacerse a través de medios que no infundan temor o miedo; las sanciones no deben exponer a los menores a una situación de indefensión y de anulación de la persona.

El lenguaje discriminatorio de los profesores -dice el alto tribunal- representó un grave impacto para los niños y niñas indígenas. Por lo que apartar a los docentes del cargo puede ser una medida necesaria de protección, pero no es suficiente. En consecuencia, al margen de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que eventualmente pudieran caber, la corte ordena que se comiencen acciones sancionatorias y reparadoras a esta comunidad estudiantil. 

El alto tribunal ordenó realizar un acto simbólico con toda la comunidad académica en el que se analice pedagógicamente qué pasó en los hechos del caso. Se deberán aclarar el tipo de sanciones que bajo el orden constitucional vigente, se pueden imponer. Esto es relevante para que los niños, niñas y adolescentes comprendan que la enseñanza debe ejercerse a la luz de los derechos humanos y la democracia. Mediante jornadas o talleres se les deberán explicar las formas de amonestación que se pueden imponer a los niños a la luz del ordenamiento constitucional, con miras a evitar que se repitan los hechos. 

"Deben preferirse  aquellos medios que potencialicen su libre autodeterminación, su autocrítica y libre corrección individual", dice el alto tribunal al recalcar que la letra no entra con sangre.