Corte Constitucional ordenó suspender pago de indemnización a desplazados
El Alto Tribunal ordenó a Acción Social y a cualquier juez de tutela, suspender el cumplimiento de cualquier orden de pago para indemnizar a víctimas del desplazamiento forzado. La medida provisional se adoptó con la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas.
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El
Tribunal revisó 27 tutelas falladas en contra de Acción Social y halló que los
jueces fallaron a favor y en contra en hechos similares, lo cual genera violación
al derecho a la igualdad de las víctimas. Quienes no han acudido a la acción de
tutela también resultarían afectados. La Corporación también advirtió a través del
Auto 207 de 2010, un desbordado aumento de tutelas y por lo tanto, mayor congestión
en el trámite de los procesos.
Las
víctimas que instauraron la acción de tutela aseguran que por causa del
conflicto armado tuvieron que padecer ofensas y discriminaciones, abandonar sus
trabajos y viviendas y, no conseguir, hasta ese momento, estabilidad económica
en otro lugar.
De
acuerdo con la Subdirección de Atención a Población Desplazada, en Colombia
existen, al 31 de diciembre de 2009, 3,3 millones de personas víctimas del
desplazamiento forzado por amenazas de grupos armados ilegales.
Respecto
a la garantía del derecho a la reparación, "las liquidaciones de perjuicio
pueden ser decididas con criterios disímiles y diversos”, señaló el Alto
Tribunal. La determinación no se refiere a la ayuda humanitaria de emergencia
sino al dinero que se ordenaba cancelar por los daños y perjuicios sufridos por
las víctimas.
Los magistrados
de la Sala Plena estudiarán la "reformulación de una política
pública", así como la "unificación de criterios jurídicos". La suspensión
es provisional y se reanudará una vez el Alto Tribunal emita en los próximos
meses dicha sentencia de unificación, en la que aclare los criterios para los
pagos equitativos por indemnización por desplazamiento forzado.
La
medida cautelar se produjo ante las quejas colectivas contra la oficina presidencial
de Acción Social, por parte de las víctimas del desplazamiento forzado, quienes
denuncian atención precaria y por tal razón, necesidad de emplearse y recibir
más apoyo económico. La resolución fue notificada al Gobierno Nacional, Consejo
Superior de la Judicatura, a los jueces de la República y a los representantes
de las víctimas.