Corte Constitucional tumbó prórroga de la emergencia social, económica y ecológica

Dentro del estudio que realiza la Corte Constitucional a los decretos expedidos en el marco de la emergencia social, económica y ecológica, que declaró el Gobierno para enfrentar la emergencia invernal, el alto tribunal decidió declarar inexequible el decreto que prorrogó el estado de excepción.
 
La norma se expidió el 7 de enero del 2011 y extendió la vigencia del estado de excepción hasta el 28 de enero del año en curso. Para entonces, el Gobierno consideró que la magnitud de la tragedia había “desbordado la capacidad del Estado para su atención y por lo tanto era necesario tomar nuevas decisiones jurídicas”.
 
“La nueva declaratoria de emergencia económica proferida por el Gobierno no reunía los requisitos suficientes, ni tenía la suficiente explicación de la necesidad de por qué se había requerido esta nueva emergencia económica. (...) No tenía una motivación suficiente de por qué y para qué se requerían unas facultades extraordinarias”, explicó el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
 
¿Qué decretos se caen?
 
Con esta decisión, los decretos expedidos después del 7 de enero del 2011, bajo el estado de excepción, se caen. Entre ellos se encuentran el que buscaba reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el que daba subsidios en servicios públicos para los damnificados y el que hacía una adición presupuestal de 5,6 billones de pesos para atender la emergencia.
 
1. Decreto 125 del 20 de enero / Se crea el Programa Especial de Reforestación

El propósito de esta medida es ejecutar proyectos de reforestación comercial en las áreas afectadas por el fenómeno de la Niña, para rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la reforestación incluidas las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. 

2. Decreto 126 del 20 de enero / Seguros y créditos para agricultores

Esta norma está dirigida a los agricultores: podrán adquirir un seguro agropecuario contra riesgos climáticos. También se crea la Dirección Nacional de Riesgo Agropecuario, para evaluar riesgos por sectores agrícolas. 

3. Decreto 127 del 20 de enero / Recursos públicos para invertir en colegios privados

Si bien se destinarán 100.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de escuelas y colegios oficiales afectados por el invierno, se decidió destinar recursos públicos para reconstruir y reparar colegios que no son propiedad del Estado y que están en graves condiciones por inundaciones o deslizamientos de tierra. 

4. Decreto 128 del 20 de enero / Deducción del impuesto de la renta a damnificados

Se ordena deducir del impuesto de la renta las pérdidas de los damnificados por efectos del invierno y también se permite restar del patrimonio líquido el valor patrimonial de los bienes afectados por las lluvias. 

5. Decreto 129 del 20 de enero / Crea subsidios para servicios públicos de damnificados
Con esta norma el Gobierno ordenó a las empresas de energía eléctrica, gas natural y acueducto y alcantarillado no cobrar el servicio a los damnificados que no pueden hacer uso de ellos. Así mismo, se crea un subsidio que cubrirá la totalidad del consumo básico a las familias afectadas que no tengan suspendidos los servicios. 

6. Decreto 130 del 20 de enero / Adición a decreto de empleos de emergencia

Esta norma precisa los requisitos que deben cumplir quienes se postulen a alguno de los empleos de emergencia, figura creada con el Decreto 016 del 6 de enero. Estas vacantes están dirigidas a personas que se hayan damnificado directamente por el invierno o que vivan en zonas ampliamente afectadas. Deben pertenecer a los niveles 1 y 2 del Sisbén o estar en la base de datos de la Red Juntos, y estar certificados por el SENAa y otras entidades de capacitación. 

7. Decreto 141 del 21 de enero / Se fusionan cinco Corporaciones Autónomas Regionales, CAR

Ha sido uno de los decretos más polémicos. Fusiona cinco corporaciones: Corporación Regional del Atlántico (CAR) y la Corporación Regional del Canal del Dique (Cardique). Así mismo, Corpomojana con la Corporación del Sur de Bolívar y la Corporación de Sucre (Carsucre). También modifica la composición de junta directivas, y deja “con voz pero sin voto” a las ONG y a los gremios económicos.

8. Decreto 142 del 21 de enero / Adiciona nuevas facultades al Fondo de Adaptación

Este decreto hace una adición al Decreto 4819, expedido en diciembre del 2010 y que crea el Fondo de Adaptación. Esta norma le permite al fondo diseñar, instrumentar y financiar las estrategias que ayuden al aseguramiento y la prevención de los riesgos que traigan consigo amenazas económicas, sociales y ambientales. De esta manera, podrá realizar contratos para reducir tales riesgos.

9. Decreto 143 del 21 de enero / Adiciona facultades a las autoridades para proteger las rondas hídricas

Esta norma hace una adición al Decreto 4628 del 2010 (que permite la expropiación de predios por vía administrativa de terrenos cuyos habitantes estén en alto riesgo de emergencia). Este decreto faculta a las autoridades del orden ambiental y a las CAR para negociar o expropiar las zonas de las franjas de los ríos que han sido ocupadas de manera indebida. Se ordena preservar, conservar y mantener estas zonas.

10. Decreto 144 del 21 de enero / Licencias de construcción

En la norma se establece un procedimiento que agilice la expedición de las licencias de construcción para los establecimientos institucionales y de servicios en las zonas afectadas en el país.

11. Decreto 145 del 21 de enero / Modifica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2011

Esta decisión hace una adición presupuestal de 5,6 billones de pesos, para atender la emergencia, recursos que serán adicionados al presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación, para la vigencia 2011.

12. Decreto 146 del 21 de enero / Establece medidas de eficiencia y control al manejo de los recursos destinados para atender la emergencia

El decreto traza las directrices para que el manejo de los recursos destinados a la atención de la emergencia causada por el invierno sea eficiente. Será la Contraloría General de la República la encargada de hacer el control fiscal. También argumenta que los servidores públicos que den usos indebidos a estos recursos incurrirán en el delito de peculado que tiene prisión entre tres y cinco años.