Corte tumbó alivio en pago de salud para pensionados

Una de las propuestas de Juan Manuel Santos en su campaña era reducirles los cobros por seguridad social a los pensionados del país. Sin embargo, a pocas semanas de dejar la Casa de Nariño, la Corte Constitucional, atendiendo a un requerimiento que su mismo gobierno interpuso, eliminó de un brochazo este alivio que estaban esperando los adultos mayores en Colombia. 

Para los impulsores de la iniciativa en el Congreso, esta era una medida de justicia social y económica para garantizar la protección a los pocos ingresos que reciben los adultos mayores de bajos recursos en Colombia. Con este propósito, la norma proponía disminuir el aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud del 12 por ciento al 4 por ciento que realizan los pensionados. La disposición se proyectó como un acto de justicia con esta población que es objeto de especial protección porque afectaba directamente los derechos al mínimo vital y a las condiciones de dignidad y calidad de vida en la vejez.

Durante la vida laboral activa de las personas, los aportes a la seguridad social corren en un porcentaje del 8 por ciento por cuenta de las empresas y de un 4 por ciento del empleado. Al quedar pensionados, los aportes se trasladan en su totalidad a las personas, lo cual afecta sustancialmente los ingresos.

Aunque esta había sido una propuesta de Santos en campaña, el ministro de Hacienda se terminó interponiendo en el trámite. Presentó un concepto desfavorable, basándose en que produciría un efecto adverso al equilibrio financiero del sistema de salud y que omitía el principio de solidaridad que rige la Seguridad Social. Esto último, en razón a que que los pensionados terminarían contribuyendo en menor proporción a lo demás colombianos con la sostenibilidad financiera del sistema. En cuentas del Gobierno el impacto fiscal sería de por lo menos 2,7 billones de pesos para 2017 y hasta de 3,3 billones para 2018.

La iniciativa ya había sido sepultada por lo menos dos veces en el Congreso. Sin embargo, logró finalmente ver la luz hace unos meses. No obstante, una vez aprobada, la objeción presidencial llevó a que la Corte Constitucional estudiara los términos de la ley. Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, ex secretaria jurídica de la presidencia, los magistrados encontraron fundadas las objeciones presidenciales al considerar que para asuntos tributarios las normas deben contar con la bendición del Gobierno.