Corte sí podría ‘tumbar’ el Pacto de Bogotá

La Corte Constitucional sí podría decidir acerca de la exequibilidad de la ley que aprueba el Pacto de Bogotá, el mismo mediante el que Colombia reconoce la competencia de la corte de La Haya, luego de que el alto tribunal definiera la constitucionalidad de una ley que aprueba un tratado de 1980. Dicha decisión permitiría analizar de fondo demandas contra leyes aprobadas antes de la Constitución de 1991.

La posición de la Corte anticipa una respuesta favorable a las demandas –una de ellas interpuestas por el presidente Juan Manuel Santos- contra el Pacto, firmado en 1948 y ratificado por la Ley 37 de 1961, que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que resolvió en noviembre pasado una demanda territorial de Nicaragua contra Colombia y que le entregó 75.000 kilómetros del mar Caribe al país centroamericano.

La historia es la siguiente. El Gobierno Nacional solicitó por primera vez a la Corte Constitucional que analizará de fondo la Ley 10 de 1980 que aprueba un tratado para la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, acogido por Colombia en Ginebra el 17 de junio de 1925.

Semana.com conoció que el alto tribunal declaró exequible dicha norma, apoyando la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que pedía dejar en firme dicha ley para que Colombia pueda adherirse al tratado. El procurador Alejandro Ordoñez Maldonado solicitó –mediante concepto- la misma decisión adoptada este martes por la Corte.

El argumento del tribunal Constitucional para avalar la normativa está basado en su facultad de supremacía constitucional, que le permite analizar en este caso la forma de la ley, empleando la Constitución de 1886, así como la constitucionalidad y su adecuación a los principios normativos, basado en la Constitución de 1991.

El debate fue arduo y técnico, con una votación de cinco a cuatro, se abrió la puerta para que la Corte Constitucional estudie de fondo las leyes aprobatorias de tratados anteriores a su creación en 1991.

Con esta determinación, según magistrados consultados por Semana.com, las demandas contra el Pacto de Bogotá tendrían gran posibilidad de ser resueltas favorablemente y quedaría claro que los límites del territorio nacional sólo se pueden modificar mediante tratados aprobados por el Legislativo. Y ese sería el primer éxito de la estrategia de Santos frente al fallo de La Haya.