Corte Suprema absuelve al general procesado más cercano al expresidente Uribe

Al cumplir cuatro años y seis meses de cárcel, la Corte Suprema de Justicia absolvió y ordenó la libertad inmediata del general (r) Lelio Fedul Suárez Tocarruncho, el oficial de más alto nivel procesado por la falsa desmovilización de la compañía guerrillera ‘Cacica La Gaitana’. Como el país lo recuerda, este oficial y el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo –durante el gobierno de Álvaro Uribe– protagonizaron imágenes inéditas del conflicto: una escuadra de guerrilleros con uniformes nuevos y armas impecables que decidieron someterse a la justicia, siguiendo los pasos de sus enemigos a muerte, los paramilitares.

Consulte: Desmovilización de Cacica Gaitana fue un engaño a la comunidad internacional: Biófilo

Tras el acto oficial de la desmovilización vinieron las preguntas sin respuestas. Y con ello una cascada de investigaciones que terminaron envolviendo a Restrepo y al alto oficial, ambos de la entraña del entonces presidente, Álvaro Uribe. El excomisionado Restrepo es prófugo en el exterior mientras que Suárez permaneció poco menos de un lustro en prisión. Hasta hoy, cuando la Corte Suprema emitió su boleta de libertad.

“No debo absolutamente nada”, dijo Suárez en su momento a su salida de la audiencia de cierre de su caso y calificó de increíble su detención por un proceso montado sobre falsos testigos. En su contra declararon Libardo Duarte, alias “Bam-Bam”, y José Gregorio Díaz, quienes entregaron información deficiente y poco creíble, a juicio del alto tribunal. La Corte absolvió al oficial por no haber llegado a un convencimiento de su responsabilidad más allá de toda duda razonable.

Sin embargo, este capítulo en la justicia se cerró sin que participaran en él los “testigos estrella” que destaparon el montaje en el que se terminaron desmovilizando indigentes, prostitutas y drogadictos en lugar de una columna de 70 guerrilleros. Hay quienes alertan porque uno de los mayores escándalos del Gobierno pasado, por el que tiene orden de captura el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, se quedó sin testigos directos.

Es el caso de Alfredo Pacheco Ramos, quien en versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz reveló cómo se llevó a cabo la falsa desmovilización en marzo del 2006, en el municipio de Alvarado (Tolima). En su declaración, señaló la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionarios del Gobierno. Vinculó a sus propios hermanos Flor Inés Pacheco y Miguel Alcides Pacheco, quienes apoyaron la consecución de indigentes, algunos fueron trasladados desde Bogotá, y en la obtención de las armas.

Sin embargo, él y su familia se niegan a declarar en cualquier proceso ante la justicia ordinaria. Esto en razón de que una vez Pacheco Ramos confesó en Justicia y Paz, la Fiscalía paralelamente le imputó cargos en la justicia ordinaria por haber vuelto a delinquir.

Para el ente investigador, aunque se desmovilizó en noviembre del 2006, incurrió en conductas delictivas posteriores con el fin de lograr la incorporación de falsos desmovilizados a los beneficios del programa de reinserción y, en general, del proceso de Justicia y Paz.

Por estas conductas, la Sala de Casación Penal de la Corte acaba de ordenar su recaptura; había sido dejado en libertad por haber cumplido los ocho años, pena máxima en Justicia y Paz. Hoy se desconoce su paradero.

Consultado por Semana.com, Carlos Arturo Toro, abogado de Pacheco Ramos, indicó que la “Ley de Justicia y Paz es una trampa mortal para los desmovilizados”. Explica que sin ser excluido ni perder los beneficios de esta jurisdicción, terminó siendo imputado en la justicia ordinaria por sus confesiones hechas en Justicia y Paz.

“Pacheco no puede ser testigo en casos como el excomisionado o el general Suárez, y al mismo tiempo ser imputado. No está obligado a declarar en un proceso en la justicia ordinaria por los mismos hechos por los que en Justicia y Paz. La cuerda se rompe siempre del lado más débil, pero hay que defenderlo en derecho”, indicó.

En una situación similar está Raúl Agudelo, alias “Olivo Saldaña”, quien aún está privado de la libertad pero se negó a declarar en el juicio. Otro de los testigos claves en esta falsa desmovilización fue Felipe Alejandro Salazar Pacheco, alias ‘Biófilo‘, quien al ser dejado en libertad en el 2013 consiguió asilo político en Uruguay y tampoco está compareciendo.

Para el abogado Toro, ellos son la “columna vertebral” de este caso, que está en veremos por cuenta de los choques entre las dos jurisdicciones. Los procesos que están por resolverse en la justicia son los del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el coronel Hugo Castellanos y el coronel Jaime Joaquín Ariza.

La absolución de Suárez en la Corte fue una dura decisión tomada después de largos debates. Finalmente, la votación fue de 6 a favor y 3 en contra. Los magistrados que votaron en contra de la mayoría fueron Eugenio Fernández, José Francisco Acuña y Eyder Patiño.

En definitiva, la Corte concluye que la Fiscalía dejó vacíos importantes, lo que impidió probar la responsabilidad del general (r). No se probó ni siquiera que hubiera alguna relación directa entre las funciones y competencias del general Suárez y la falsa desmovilización.

Y mientras el oficial, a quien lo aquejan problemas de salud, asegura que se irá a descansar a su casa después de un largo padecimiento, la pregunta para la justicia es: ¿Qué pasará con los demás implicados?