Corte Suprema le mete acelerador a investigaciones contra el senador liberal John Jairo Roldán Avendaño

SEMANA conoció que la Corte Suprema de Justicia le metió el acelerador a varias investigaciones que existen en contra de congresistas y excongresistas por cargos relacionados con irregularidades en contratación, manejo de bienes que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), vínculos con bandas criminales y parapolítica.

Esto, debido a que varios testigos han manifestado su voluntad de entregar su versión y, en voz baja, entregarán datos fundamentales que permitirían esclarecer la vinculación de estos aforados en los hechos. Incluso se habla de personas que están en el proyecto de la ‘paz total’ y que harían parte de las bandas criminales que delinquen, principalmente, en el departamento de Antioquia.

En los procesos que serán revisados en este comienzo de año se encuentra el del senador John Jairo Roldán Avendaño, quien estaría estrechamente vinculado con el escándalo de corrupción en la SAE. El dirigente político, oriundo de Antioquia, fue señalado por fuentes humanas –cuyas versiones ya recolectó SEMANA– de haber hecho parte de una red que controlaba a su antojo estos bienes en la regional de la SAE.

Utilizando su poder e influencias, Roldán habría logrado el nombramiento de personas de su entera confianza en la Sociedad. De esta forma, pudo acceder a millonarios bienes incautados en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda y Caldas.

En un reportaje publicado a finales de octubre de 2022, SEMANA conoció los vínculos con varios predios.

En marzo, aduciendo presuntas demoras del médico Tirado en el pago de los arrendamientos, la SAE ordenó su desalojo. Él interpuso una tutela y el Tribunal Superior de Medellín falló a su favor en segunda instancia, el 7 de junio, y le ordenó a la SAE “abstenerse de efectuar el desalojo”.

Sin embargo, ese mismo día se celebró un contrato de mandato sin representación con Luis Fernando Castaño Marín, un reconocido comerciante de jeans del sector del ‘Hueco’, en Medellín, por 41 millones de pesos más IVA mensualmente, y por cinco años. Tras ser consultado, el senador negó estos vínculos y manifestó que jamás ha tenido relación cercana con funcionarios de la SAE.

Entre esos se encuentra un lote de 11.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en el oriente de Medellín, donde funcionan dos de las discotecas más famosas de la ciudad. Este predio, ubicado en la avenida Las Palmas, perteneció en los años noventa al clan mafioso de los Ochoa, que lo adquirió como lote de engorde y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las zonas más costosas de la capital antioqueña.

Como tal, la propiedad estuvo inicialmente en manos de la DNE y luego pasó a la SAE, pero el 30 de enero de 2013, la SAE se lo arrendó a Juan Guillermo Tirado Tobón, un médico de la ciudad, por 9.400.000 pesos mensuales. Sin embargo, este personaje comenzó a sentir un inusitado interés de la oficina regional de la SAE en Antioquia, dirigida por Henao, familiar de la esposa del senador Roldán, por retirarle la administración del bien.

El nombre del representante a la Cámara por el Partido Liberal también ha estado vinculado con las irregularidades en el proceso de contratación en San Andrés, por el cual ya fueron procesados varios contratistas, funcionarios del archipiélago y políticos. El modus operandi en este caso fue el mismo por el que ya fue procesado, y está ad portas de una sentencia, el exsenador liberal Mario Castaño.

Para la entrega directa de millonarios contratos, principalmente de infraestructura en San Andrés, Roldán habría exigido una comisión del 10 % sobre el valor total para beneficiar a un grupo de empresarios antioqueños. El nombre del senador apareció en 2019 cuando varios testigos lo señalaron de tener una participación activa en esta red de corrupción.

En los procesos judiciales, la Corte se encuentra recogiendo información de varios testigos, entre ellos algunos relacionados directamente con bandas criminales en Antioquia que, en medio del llamado de la ‘paz total’, han ofrecido información reservada que vincularía no solamente a los políticos de este departamento, sino de otras regiones.

En voz baja, ya han tenido acercamientos con las autoridades para impulsar procesos contra los políticos relacionados con las bandas criminales y la llamada parapolítica.