Cortes, en desacuerdo con la reforma a la justicia

En el primer choque entre las ramas Judicial y Ejecutiva en el año que lleva en el poder el presidente Juan Manuel Santos, las altas Cortes se manifestaron en abierta oposición ante el proyecto de reforma a la justicia radicado recientemente por el Gobierno nacional y señalaron que solicitarán veeduría internacional para el trámite legislativo.
 
En un comunicado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado expresaron su preocupación por la iniciativa que, si bien fue discutida con ellos, nunca halló el camino para el consenso.
 
Al contrario, los togados expresaron que dicha propuesta “se presenta como resultado de un desgaste y un diálogo inane, al cual fueron sometidas las altas Cortes de manera innecesaria durante un año”.
 
De la misma forma, expresaron en la nota que el proyecto no contempla soluciones de fondo para lo que los magistrados consideran que es el principal problema del sector: la falta de recursos, algo a lo que se han “confinado desde hace décadas a la rama judicial”.
 
En tercera instancia, las cortes expresaron que tal y como está redactada, la reforma “pone en riesgo la autonomía y la independencia del poder judicial en Colombia, presupuestos indispensables para la existencia de una verdadera democracia”.
 
Otra de las preocupaciones es que con el texto propuesto existiría “una mayor concentración de poder en cabeza del Ejecutivo”, a la vez que “compromete la separación de poderes” y que va en desmedro de la rama judicial “en lugar de fortalecerla”, expusieron.
 
Sin manifestar de forma alguna que ellos prepararían alguna propuesta alterna, las Cortes confiaron en que el Congreso “examinará con serenidad los alcances del proyecto”, además de que esperan que “adoptará las decisiones que correspondan consultando los más altos intereses de la Patria, del régimen democrático y de la Administración de Justicia”.
 
Este es el texto completo del comunicado:
 
Bogotá D. C., 4 de agosto de 2011.- La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, registran con enorme preocupación el Proyecto de Reforma Constitucional que radicó el Gobierno Nacional ante el Senado de la República, fundamentalmente, porque el aludido proyecto:
 
1. Se presenta como resultado de un desgaste y un diálogo inane, al cual fueron sometidas las altas Cortes de manera innecesaria durante un año.
 
2. No incluye medida efectiva alguna para solucionar la ausencia de recursos a la cual se ha confinado desde hace décadas a la Rama Judicial.
 
3. Pone en riesgo la autonomía y la independencia del poder judicial en Colombia, presupuestos indispensables para la existencia de una verdadera Democracia.
 
4. Compromete la separación de poderes, sobre cuya base se edifica el Estado Social de Derecho y propugna por una mayor concentración de poder en cabeza del ejecutivo.
 
5. Intenta solucionar las dificultades que afectan al país en materia de administración de justicia con propuestas que resultan extrañas a la organización de la Rama Judicial y la debilitan, en lugar de fortalecerla.
 
6. Ante tan delicado panorama, que amenaza seriamente la institucionalidad, se estima necesario estudiar la viabilidad de solicitar una veeduría internacional, así como alertar a los organismos judiciales y a la comunidad del mismo orden, por los riesgos que con el proyecto presentado se ciernen sobre la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional en Colombia y, con ello, sobre el régimen democrático del país.
 
7. Los Tribunales Supremos de la Jurisdicción Ordinaria y de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, corporaciones centenarias que han sido pilares fundamentales para soportar la Democracia Colombiana, confían en que el Congreso de la República, en su sabiduría, examinará con serenidad los alcances del proyecto y adoptará las decisiones que correspondan consultando los más altos intereses de la Patria, del régimen Democrático y de la Administración de Justicia que tiene por objeto garantizarle a los colombianos la efectividad de un orden justo, la convivencia pacífica mediante la solución de sus conflictos y el imperio de la Constitución Política y de las leyes de la República.