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| 4/24/2005 12:00:00 AM

Crimen y castigo

Una investigación de la Fiscalía vincula a miembros del Ejército en varios asesinatos y destapa la caja de Pandora de la colaboración entre militares y paramilitares en el oriente de Antioquia.

Crimen y  castigo La investigación de la Fiscalía se desarrolló en el municipio de Argelia, Antioquia, en donde ocurrieron los asesinatos, incluidos los de dos menores de edad.
El 27 de septiembre un crimen estremeció a la población de Argelia, Antioquia. Ese día en la cancha de fútbol del Hogar Juvenil Campesino fueron encontrados los cuerpos de Liliana y Lucila González, de 15 y 17 años respectivamente. La noticia del crimen causó una gran conmoción en ese departamento. No era para menos. Se trataba del asesinato a sangre fría de dos menores de edad que vivían y estudiaban de lunes a viernes en el centro educativo y los fines de semana visitaban a sus padres, una humilde pareja de campesinos que vivía en una vereda a varias horas de la población.

La investigación por el asesinato fue asumida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. El resultado de las pesquisas deja en evidencia no sólo a los autores del crimen sino que revive el fantasma de los vínculos entre militares y paramilitares.

Argelia, al igual que muchos municipios del oriente de Antioquia, sufrió durante años el acoso de las Farc. A comienzos de septiembre de 2002 el gobierno envió a la zona tropas del Ejército pertenecientes al grupo de caballería No. 4 Juan del Corral. Como comandante de los militares en el municipio fue designado el capitán Jorge Enrique Jiménez.

De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, basada en pruebas técnicas y decenas de testimonios, a los pocos días de la llegada del Ejército los pobladores empezaron a ver hombres de civil armados que merodeaban por la población. Los habitantes le contaron a la Fiscalía que sabían que se trataba de paramilitares que actuaban en la zona y ellos los tenían plenamente identificados. En sus declaraciones, los habitantes de Argelia, así como las autoridades civiles y eclesiásticas de la población, afirmaron que cuando comenzaron a ver a los 'paras' le informaron al capitán Jiménez de la situación. El oficial no sólo no tomó ninguna acción al respecto y les negó a sus superiores que existiera presencia paramilitar en la zona, sino que según la investigación presentó ante la población al jefe del grupo paramilitar como un miembro de la Sijin de la policía, pese a que esa autoridad no tenía presencia en el pueblo.

El hombre conocido como Valentín Muñoz, alias 'McGuiver', realizaba requisas en plena plaza pública e interrogaba a los pobladores sobre quiénes eran los colaboradores y dónde estaban los campamentos y caletas de la guerrilla.

La investigación de la Fiscalía demostró que los paramilitares de McGiver y los hombres del Ejército al mando del capitán Jiménez realizaban retenes conjuntos al transporte público en las afueras del pueblo. En uno de ellos la Fiscalía corroboró que McGuiver, delante de los militares, hizo bajar de un bus a una pareja de campesinos. Al día siguiente el cuerpo de la mujer apareció desmembrado cerca de la instalación militar. Su esposo, con un disparo en un pie, escapó pero les contó a las autoridades locales que había sido torturado en las instalaciones militares por McGuiver y sus hombres.

Pocos días después de esto McGuiver, en compañía del cabo Castro y otro soldado ingresaron a las instalaciones del Hogar Juvenil Campesino. Amarraron a las hermanas González y delante del rector de la institución les dispararon en la cabeza. Afirmaban que eran colaboradoras de la guerrilla por el simple hecho de que a los paramilitares les parecía sospechoso que las hermanas viajaran todos los fines de semana hasta la vereda en donde vivían sus padres, la cual tiene presencia del frente 47.

El rector fue testigo del asesinato y está en el programa de protección de la Fiscalía, así como otros funcionarios públicos del municipio de Argelia que fueron intimidados por el capitán. Este les pidió no declarar ya que no lo ascenderían al grado de mayor.

Aunque la Unidad de Derechos Humanos reconoce que la guerrilla fue obligada a salir del municipio de Argelia, cuestiona los métodos empleados para conseguir ese fin.

En el desarrollo de la investigación por el homicidio de las dos menores de edad, la Fiscalía se encontró con 10 asesinatos más en similares circunstancias, los cuales están siendo investigados. El hoy mayor Jiménez y el cabo Castro enfrentan un juicio por el homicidio de las hermanas. Sin embargo las pesquisas no terminan y, según los investigadores, de seguir como van posiblemente terminarán destapando una caja de Pandora que no dejará bien librado a otros miembros del Ejército.

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