Crimen de Estado

Que a un senador de la República lo mate la mafia, un grupo criminal o la guerrilla no sería raro, pues justamente lo que buscan estas organizaciones es desestabilizar la democracia. Pero que el Estado mismo participe en el asesinato de uno de sus integrantes es espeluznante. Por eso ha causado revuelo la sentencia que acaba de proferir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado por la muerte del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, ocurrida el 9 de agosto de 1994.

Cepeda sabía que lo iban a matar. Había denunciado en 1993 que los militares fraguaban un plan llamado Golpe de gracia, para asesinarlo a él y a otros dirigentes comunistas. Pero mientras el gobierno del momento consideró "inverosímil" esta denuncia, un sicario le dio la razón el 9 de agosto de 1994, cuando murió acribillado camino al Congreso.

Lo que dijo la Corte la semana pasada es, ni más ni menos, que el de Cepeda fue un crimen de Estado. "En el contexto en que fue perpetrado y por haber sido cometido por miembros del Ejército, es decir, desde el Estado mismo, y en conjunto con miembros de grupos paramilitares, la ejecución del senador Cepeda Vargas requirió una compleja organización, lo que se ha expresado también en la dificultad para develar a la totalidad de sus perpetradores, tanto intelectuales como materiales", dice la sentencia en uno de los apartados.

Aunque el Estado colombiano reconoció ante el tribunal internacional su responsabilidad en la muerte del senador, no reconoce que existiera un plan para exterminar a miembros de la UP, y por eso mismo la Corte ordena a la justicia colombiana que investigue este punto.

En el caso de Cepeda, como en muchos otros, solo se llegó a los autores materiales y se desistió de investigar a oficiales de alto rango. No obstante, el proceso de Justicia y Paz ha arrojado datos escabrosos que señalan con claridad no solo que Carlos Castaño ordenó el crimen, sino que contó con información directa de los militares. Algunos paramilitares señalan que el hoy detenido ex director del DAS José Miguel Narváez habría entregado información para cometer el crimen. Muchos ex miembros de las AUC, como 'el Alemán', han dicho que cuando este iba a sus campamentos les decía que los comunistas eran enemigos y era lícito matarlos.

Además de la indemnización económica a la que tiene derecho la familia, que se tasó en 330.000 dólares, la Corte obliga a resarcir el buen nombre del senador y a pedir perdón por este crimen, incluso en el propio recinto del Congreso.

Esta reivindicación de su nombre es importante porque al defenderse ante la Corte, el gobierno argumentó que en la época del crimen Cepeda defendía la combinación de las formas de lucha, incluida la armada, y que como dirigente comunista mantenía vínculos con las Farc. La Corte deja claro que el Estado debió actuar como facilitador para enjuiciar a Cepeda, si es que había lugar a ello.

Quizá lo más trascendental será la orden de la Corte de indagar si había un plan de exterminio, si este se fraguó en los cuarteles militares y por orden de quién. Qué tanto sabía el gobierno y qué tanta indolencia y complicidad hubo de los organismos de seguridad. Por eso esta sentencia puede leerse también como un anticipo de lo que será el caso más grave y costoso que hay contra Colombia en la Corte Interamericana y que aún no se ha fallado: el de los asesinatos de más de 1.500 miembros de la UP, pues los denunciantes alegan que hubo un patrón sistemático de muertes diseñado desde el Estado.

El fallo demuestra también que mientras haya justicia internacional, el país tendrá que afrontar la verdad sobre la guerra sucia que ha vivido. Un proceso irreversible y doloroso, pero necesario para pasar la página de la violencia política.