La Corte regañó a Supersalud por culparla del cierre de hospital en Chocó

La Corte Constitucional le pidió al superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, que en el futuro se abstenga de difundir información inexacta respecto a la supuesta responsabilidad de ese organismo judicial en el cierre del hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó).

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Así mismo, le pidió al presidente Juan Manuel Santos que, como nominador del superintendente, tome las medidas a las que haya lugar luego de la fracasada intervención en ese centro de atención médica que en abril llegó a tener un reporte de cuentas por pagar por unos 31.000 millones de pesos.

El 6 de marzo del 2007, la Corte Constitucional encontró que la situación de infraestructura, disponibilidad técnica y problemas del personal del hospital San Francisco de Asís era tan alarmante, que sólo la intervención del Gobierno podía dar lugar a su salvación. Según reportes contables reflejados desde diciembre del 2006, la entidad había entrado en un déficit administrativo y presupuestal tan severo, que a esa fecha había alcanzado un margen de cuentas por pagar superior a 5.000 millones de pesos.

Por eso, la Corte dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio del ramo debían tomar posesión forzosa de los bienes del hospital y diseñar y ejecutar un plan que permitiera sanear las finanzas de ese centro de atención médica.

Sucesivos programas de interventoría nunca fueron suficientes para encontrar soluciones definitivas. A pesar de que a lo largo de esos nueve años pasaron por el hospital 18 agentes interventores y los plazos para revertir el caos fueron prorrogados en 12 ocasiones, los derechos de los pacientes nunca terminaron de ser satisfechos.

La entidad siguió endeudada con los trabajadores, corta de maquinaria y equipos como ambulancias medicalizadas, y las historias clínicas de los pacientes al garete, gran parte de ellas archivadas.

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El 23 de junio pasado, cuando restaban pocas días para la finalización de la última prórroga de la intervención forzosa de los bienes del hospital, la Superintendencia solicitó una nueva ampliación para terminar de ejecutar los 15.000 millones de pesos que se proponía invertir para cubrir los pasivos de la entidad, de los cuales ya habían sido utilizados unos 8.800 millones.

Sin embargo, la Corte no accedió a esa solicitud. Eso significaba que si al 6 de julio de este año la situación calamitosa del San Francisco de Asís no estaba siendo sometida al cumplimiento de un tipo de intervención que asegurara el fin del viacrucis que seguían viviendo los pacientes, debía ser liquidado.

Como la Supersalud no logró ese objetivo, debió optar por el cierre del hospital y le dejó el turno a la Gobernación de Chocó para que tomara los correctivos que el gobierno nacional no pudo terminar de concretar para satisfacer los derechos de la población.

El 7 de junio la Superintendencia ordenó la temida liquidación. Sin embargo, para la Corte fue reprochable que el titular de esa entidad expresara ante distintos medios de comunicación que esta decisión obedecía a que el tribunal constitucional no había permitido prorrogar una intervención que venía obteniendo resultados satisfactorios.

Para los magistrados de ese alto tribunal resulta inconcebible que el funcionario explique de esa manera los motivos del fracaso. La entidad judicial explicó que tras más nueve años de gestión, las cuentas por pagar de la entidad pasaron de ser de poco más de 5.000 millones de pesos a ser 31.000 millones.

Según el organismo jurídico, las propuestas para solucionar el drama de los usuarios corrían el riesgo de convertirse en la indefinición en el tiempo de las problemáticas a las que se enfrentaban los pacientes chocoanos.

De ahí la advertencia a Norman Julio Muñoz para que se abstenga de entregar versiones de los hechos como la que hizo pública en sus declaraciones ante los periodistas. Ahora la pelota pasa al campo de la Gobernación de Chocó, que deberá definir a quién le encomienda la tarea de administrar y liquidar este hospital.