¿Por qué hay crisis en la educación si aumentó el presupuesto?

Hace un tiempo, en medio de la negociación del acuerdo de paz, se decía que la firma del fin del conflicto con las Farc permitiría que el país, sumido en décadas de violencia, por fin le pusiera la lupa a otras preocupaciones. La expresión parecía en su momento un lugar común, pero se convirtió en una realidad palpable esta semana. Las imágenes de la plaza de Bolívar repleta de estudiantes que pedían más recursos para la universidad pública sorprendieron a muchos. Miles de jóvenes llenaron las calles de casi todas las capitales para poner sobre la mesa un problema histórico, pero irresuelto: la desfinanciación de la educación superior en el país.

Pocos conocían las cifras del problema. Aunque las imágenes de los edificios maltrechos de las universidades han circulado desde hace años, quizás solo en este paro se hicieron visibles las precarias cuentas del sector. Según los rectores, el déficit acumulado alcanza 15 billones de pesos, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que es tres veces la venta de Isagén y parecida a la que buscará el gobierno en la reforma tributaria. ¿Cómo se llegó a esto?

Este desbalance comenzó con la Ley 30 de 1992 que determinó que los ingresos de presupuesto de las universidades aumentarían cado año con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Debido a esa fórmula, mientras que la cobertura aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016 (de 159.218 estudiantes a 611.800), el presupuesto apenas creció de 1,72 billones a 2,93 billones de pesos (70 por ciento). Eso se traduce en que en 1992 el Estado le giraba más de 10 millones de pesos a las universidades por cada estudiante y, en los últimos años, alrededor de 4 millones de pesos.

Puede leer: Estudiantes solo tendrán diálogo con el Gobierno si participan rectores y profesores

La segunda explicación tiene que ver con la parte de la torta que va para el sector educativo. Hace cuatro años, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le entregó al país una noticia sin antecedentes. Por primera vez la plata para educación superaba la de defensa. Los recursos, en efecto, aumentaron desde entonces y una proporción similar se mantiene en el presupuesto que debate en este momento el Congreso. En el presupuesto de 2019 la educación lidera con 41,4 billones de pesos, luego le sigue defensa con 33,53 billones, salud y protección social con 32,29 billones y trabajo con 28,52 billones de pesos.

Sin embargo, eso no significa que más recursos lleguen a las universidades públicas. Estas apenas reciben el 10,6 por ciento del total (4,4 de los 41,4 billones de pesos), pues el grueso de la plata se queda en la educación básica y media, y otro gran rubro, cerca de 10 billones, en pagar las pensiones de los maestros de colegios y universidades.

Con otro agravante. Del total del presupuesto que la Nación gira a las universidades, el rubro que más ha crecido tiene que ver con pagos administrativos, debido al aumento de la cobertura y de los costos salariales y prestacionales de los docentes. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, tengan que “reducir costos, disminuyendo la participación de los docentes de planta, al pasar en un promedio general de 75 por ciento de profesores en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son 27 por ciento y los de cátedra, 3 por ciento”, según cuenta Fernando Noreña, del Sistema Universitario Estatal (SUE). Así, las universidades están atadas de manos, pues no pueden invertir en proyectos de infraestructura física, tecnología o bases de datos, entre otros, pues estos requieren inversiones adicionales que no están financiadas. El estudio del SUE encontró que para ponerse al día se necesitan 15 billones de pesos.

Si bien por primera vez la plata para la educación supera la de defensa, solo 10,6 por ciento llega a las universidades públicas.

En los últimos cuatro años, las universidades públicas tuvieron una especie de chivo expiatorio: Ser Pilo Paga. El programa educativo bandera del gobierno de Juan Manuel Santos le apostó a la meritocracia de los estratos bajos, pero en las instituciones públicas esta inicxiativa cayó muy mal. Mientras que un sector de la sociedad se conmovía con las historias de jóvenes de veredas inaccesibles que cumplían su sueño de estudiar en universidades de élite, en otro sector se resentía el hecho de que ese dinero podría servir para fortalecer la universidad pública.

En efecto, según Horacio Álvarez, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inversión en Ser Pilo Paga, que cubre a 40.000 estudiantes, equivale a las transferencias totales que realiza el gobierno nacional para cubrir 600.000 estudiantes en la educación superior pública.

Pero resulta injusto culpar a ese programa de toda la crisis de las 32 universidades públicas. La repartición del dinero en el Estado no es milimétrica, luego probablemente de no haber existido la idea de los pilos, esa plata habría podido ir a otro sector. Sin embargo, para las públicas también es difícil no hacer cuentas con lo invertido allí. Este año, por ejemplo, del 0,2 del IVA que según la reforma tributaria debía recibir la educación superior, solo llegó el 42 por ciento de los 460.000 millones esperados. Los recursos restantes costearon programas de becas-crédito como Ser Pilo Paga.

El nuevo gobierno ha planteado modificar esta iniciativa con el argumento de que no tiene dinero para financiarlo a futuro. El presidente Iván Duque aseguró que, solo para cumplirles a los 40.000 jóvenes actualmente en el programa, el Estado debe destinar 2 billones de pesos (y ya ha invertido 1,8 billones). Y, por eso, ha propuesto continuar con las becas, pero en un modelo en que las universidades privadas no le cobren al Estado el costo completo de las matrículas, que supera los 20 millones por semestre en algunas carreras.

Le recomendamos: Mentiras y verdades sobre el presupuesto de las universidades públicas

Si la crisis es tan grave, ¿cómo siguen aguantando las universidades públicas? Javier Botero, especialista del Banco Mundial, asegura que ese déficit puede no ser del todo real porque entonces el esquema de la Ley 30 no se habría sostenido más de 20 años. Sin embargo, los rectores cuentan que han tenido que ser creativos para vivir con lo poco que tienen y encontrar recursos por otras vías.

Las estampillas prouniversitarias, por ejemplo, son un camino. La Universidad Distrital, por medio de una de estas, recibió el 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, que significaron 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente, pero que a juicio de otros expertos deben ser incentivadas para que las universidades gestionen sus propios recursos.

María Victoria Angulo, Ministra de Educación

Las multitudinarias marchas vividas el 10 de octubre le midieron por primera vez el pulso en la plaza pública al nuevo gobierno. A pesar de que hubo lunares, como el repudiable ataque a las instalaciones de RCN Radio y a algunos buses y estaciones de TransMilenio, esta podría haber sido una de las protestas más pacíficas de los últimos tiempos. La imagen de los estudiantes lavando los articulados y saludando de mano a los miembros del Esmad dejó el claro mensaje de que un nuevo país se levanta en las calles, y que a Duque no le va a quedar fácil llenar esas expectativas.

El día de la marcha, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, recordó en el Congreso que el gobierno aprobó adicionar 500.000 millones de pesos (223.000 millones para inversión en infraestructura, 55.000 millones para funcionamiento, 121.000 millones para gratuidad y finalmente 101.000 millones para línea de excelencia), además de los 3,9 billones que ya estaban en el presupuesto de esa cartera. Sin embargo, el anuncio está lejos de disipar ese sentimiento popular generado el pasado miércoles.

Le sugerimos: De la plaza Che a la de Bolívar: así marchó la Nacional

El propio presidente lo reconoció. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos… pero tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno”, dijo el día de las marchas. Con un déficit presupuestal, según las cifras de la Casa de Nariño de más de 25 billones, es casi imposible que el gobierno y el Congreso encuentren 15 billones de pesos para destinarlos a la universidad pública. Pero el tire y afloje en el presupuesto con este y otros sectores no va a terminar pronto. Ad portas de una reforma tributaria, este duro pulso mide por primera vez el aceite al nuevo gobierno.