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| 9/5/2004 12:00:00 AM

Cuando perder es ganar

Por qué la caída del estatuto antiterrorista, a diferencia de lo que piensan muchos, dejó tranquilo a todo el mundo: gobierno, oposición y comunidad internacional.

Después de una gestación complicada, el estatuto antiterrorista murió la semana pasada en la Corte Constitucional antes de nacer. Paradójicamente, muchos de sus más furibundos defensores, en secreto, lo dan por bien muerto.

La Corte Constitucional, con una reñida votación cinco a cuatro, hundió el lunes en la noche la reforma constitucional que les daba facultades judiciales a las Fuerzas Militares, alegando un vicio de procedimiento. Según la opinión mayoritaria de la Corte, durante el sexto debate en la plenaria de la Cámara se cometieron dos irregularidades. La primera fue abrir la discusión del proyecto con 83 votos cuando se requerían 84 para votar el articulado. Y la segunda fue una manipulación por parte de la mesa directiva de la Cámara para postergar la votación hasta el día siguiente porque no contaban con los votos suficientes para aprobar el proyecto.

En un video de la sesión de esa noche del 5 de noviembre de 2003 se ve un gran desorden porque el representante conservador Alfonso Campo le acababa de pegar un puño a un asesor de Gustavo Petro, del Polo, quien estaba provocando a los uribistas gritándoles "van a perder, van a perder". En medio del despelote se escucha al vicepresidente de la Cámara, Ulises Torres, diciéndole al presidente Alonso Acosta que no cierre todavía la sesión porque hunde el proyecto antiterrorista, una de las principales banderas de la política de seguridad de Uribe. Acosta posterga entonces la votación para el día siguiente. El jueves, con los ánimos más calmados por la renuncia de Fernando Londoño en la mañana, la Cámara aprobó el proyecto por una mayoría de 104 votos.

"De pronto en el fallo hubo más un matiz político que uno real desde el punto de vista jurídico porque la sesión no se levantó irregularmente", dijo Alonso Acosta a SEMANA.

En realidad no es fácil comprender cómo pudo haber generado tanta discrepancia entre los magistrados un vicio de procedimiento. Un observador desprevenido diría que este es un asunto objetivo y técnico. El problema en este caso es que la Constitución no dice nada respecto a la mayoría necesaria para votar la ponencia que abre el debate. El bloque mayoritario de la Corte consideró entonces que no tendría sentido que se permitiera un quórum inferior para abrir el debate al que se necesita para votar cada uno de los artículos. Esta tesis, a juicio de la minoría de los magistrados, era excesivamente formalista y no correspondía a la costumbre parlamentaria ni a los precedentes de la Corte.

Lo que ocurre es que desde noviembre del año pasado, la Corte se ha venido endureciendo respecto a los vicios de forma y ya ha declarado inexequibles reformas constitucionales por problemas en el procedimiento. Hundió una decisión reciente sobre las asambleas departamentales porque la mesa directiva del Congreso no permitió una verdadera deliberación del proyecto, un precedente peligroso para el futuro del proyecto de reelección, en el que varios congresistas han dejado constancia de vicios similares.

Con este fallo, la Corte les envía nuevamente el mensaje al gobierno y al Congreso de que si no siguen rigurosamente el procedimiento para aprobar las leyes, éstas no verán jamás la luz. Porque más allá de la disquisición jurídica, es un hecho que los magistrados que ideológicamente estaban en contra de las medidas antiterroristas valoraron con más fuerza las irregularidades de forma, y con esa base hundieron el proyecto. Mientras que aquellos a favor del contenido del estatuto le dieron menor peso a la cuestión de procedimiento. En conclusión, los congresistas y el gobierno dieron papaya.

La reacción

Aunque tras conocer el fallo el ministro del Interior, Sabas Pretelt, y algunos congresistas uribistas dijeron que pedirían una revisión, fuentes del gobierno aseguraron a SEMANA que Uribe no hará ningún esfuerzo en ese sentido y que tampoco volverá a presentar el proyecto al Congreso. La respuesta del Presidente frente al fallo también fue muy mesurada: "Confío en que se pueda superar este 'impasse", dijo. El Ministro de Defensa y los militares guardaron un inusual silencio al respecto. ¿Por qué la cúpula militar y el gobierno no se fueron lanza en ristre contra la decisión como lo han hecho en el pasado? La respuesta es sencilla: porque no están molestos con el fallo.

Al proyecto inicial presentado por el gobierno los congresistas ya le habían quitado bastantes dientes como las Unesmil, unidades permanentes de policía judicial militar, y las funciones que se les otorgaban en las poblaciones con poca presencia de la justicia. Y en cambio le habían agregado fuertes controles que ya no le permitirían a los militares tanto margen de maniobra.

Sin embargo, se había convertido en el caballito de batalla de los antiuribistas. Al desaparecer el estatuto se elimina un factor de polarización respecto a la política de seguridad y respecto a Uribe, quien con miras a la reelección, necesita unir a los colombianos en cambio de dividirlos. Además, lo que menos le conviene es una nueva confrontación con la Corte, cuando necesita que ésta le apruebe sus proyectos de ley económicos y el de reelección.

A nivel internacional, el estatuto antiterrorista también se había convertido en una pesadilla para el gobierno. En la carta enviada a finales de julio por los demócratas de Estados Unidos a Uribe, firmada incluso por el candidato a la presidencia John Kerry, los políticos lo instaban a cumplir con las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Una de ellas -quizás a la que más peso le dio en su último informe- era la de no darles facultades judiciales a los militares.

Por su parte, los países europeos que firmaron la Declaración de Londres, en agosto de 2002, pidieron al gobierno colombiano y al Congreso "no introducir normas que faculten a las Fuerzas Militares para cumplir funciones de policía judicial ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia". Que fue exactamente lo que el gobierno y Congreso hicieron apenas volvieron de Europa.

En el país el estatuto también venía perdiendo adeptos -incluso entre sus defensores en el Congreso- después de los escándalos y probables abusos de poder de militares en Cajamarca y Arauca. Muchos se preguntaron si estos desmanes los cometían sin facultades judiciales cómo sería cuando tuvieran más poder.

Los propios militares estaban divididos frente al estatuto. Aunque la mayoría consideraba que en algunos lugares remotos del país, donde no hay autoridades oficiales, tener este tipo de facultades es necesario, otros temían que levantar cadáveres, arrestar y allanar sin orden judicial y conseguir pruebas contra los capturados podría contaminar su función esencial de combate.

Además a muy pocos les gustaba la exigencia de rendir informes semestrales al Congreso sobre los resultados en la lucha antiterrorista. Tampoco, tener encima los ojos de todas las ONG de derechos humanos y de la Procuraduría pendientes de posibles abusos en la realización de estas facultades. Al fin y al cabo, en apartadas zonas oficiales de la Fuerza Pública han convertido mucho de lo que permitía el estatuto en una práctica frecuente aunaque ilegal: realizan allanamientos 'voluntarios' o interceptan llamadas sin orden judicial.

Pero más importante aún es que experiencias como la de la estructura de apoyo de la Fiscalía en Arauca demuestran que no es tan difícil que un fiscal o un policía acompañe los operativos del Ejército y cumpla con las funciones judiciales legales, y que por lo tanto el cambio de normas no era tan necesario. Salido Fernando Londoño del gabinete, cerebro e impulsor del proyecto, y con la reelección por delante, el ánimo del gobierno es más conciliador.

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