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Iván Duque, presidente de la República. | Foto: León darío peláez-semana

Justicia

Cuatro decisiones judiciales en contravía de la Casa de Nariño

La Corte ordenó al gobierno Duque regular el uso de la fuerza en las protestas, pero no es la primera vez que le dice qué hacer en temas clave. Aquí una recopilación de fallos que han frenado los planes del Ejecutivo.

24 de septiembre de 2020

La tensión entre las ramas del poder en Colombia vive un nuevo capítulo después de que la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de tutela y ordenara al gobierno a tomar una serie de medidas para prevenir el abuso de la autoridad por parte de miembros de la fuerza pública en el desarrollo de protestas. Adicionalmente, el alto tribunal le exigió al ministerio de Defensa que, en un lapso no mayor a 48 horas, se excusara por los excesos de la Policía Nacional y especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en las manifestaciones que han tenido lugar en todo el país desde noviembre de 2019.

En respuesta, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, ya anunció que no pedirá disculpas y esperará la revisión del fallo que eventualmente haga la Corte Constitucional para dar un pronunciamiento de fondo. “La fuerza pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos” afirmó.

Esta negativa despertó indignación entre sectores críticos al gobierno, al que acusan de desconocer la primacía de la ley y las decisiones de los jueces. Por su parte, desde el Centro Democrático —nuevamente— se señala a la alta corte de inmiscuirse en asuntos políticos y desfavorecer al presidente Iván Duque y sus políticas.

Sin embargo, no es la primera vez que una providencia judicial se choca con los planes o sentimientos del gobierno. Estos son otros ejemplos.

1. Presencia de brigada militar de EE.UU.

El pasado 27 de mayo, la embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó en su página web un comunicado en donde informaba sobre un acuerdo al que había llegado el gobierno de ese país con el ministerio de Defensa de Colombia para luchar conjuntamente contra el tráfico de drogas mediante la asesoría y colaboración en operativos. Una semana después, el ministro Trujillo lo confirmó ante el Senado: se trataba de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), compuesta por 53 miembros de perfiles interdisciplinarios, quienes estarían cuatro meses en territorio nacional sin desplegar actividades en terreno.

Vea: ¿Abuso de poder?: tropas norteamericanos llegan a Colombia

Varios senadores de la oposición, alegando la vulneración de sus derechos políticos porque consideraban que este asunto debía ser tramitado a través del Congreso, interpusieron una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para reversar lo que calificaron como “un proceder inconstitucional por parte del gobierno Duque”. Su petición fue acogida de forma inesperada en un fallo que ordenó la suspensión de las actividades que venía ejerciendo la BSAF. Además, dio un plazo de 48 horas al gobierno para que remitiera al Senado toda la información relacionada con esta brigada con la finalidad de que su estadía en el país sea objeto de control político. La información no se llevó al Legislativo y, en cambio, el ministerio de Defensa impugnó el fallo. Ahora le corresponde a la Sala Plena del Consejo de Estado dar la última palabra sobre el tema.

2. Encomendar al país a la Virgen de Chiquinquirá

Se cumplía el día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia para los creyentes de la religión católica, y el presidente Duque trinó al respecto. Seguro no esperó que un ciudadano, Víctor David Aucenon, acudiera ante los estrados judiciales porque sentía que el mensaje violentaba la libertad de cultos y el principio de separación entre Estado e Iglesia.

El Tribunal Superior de Cali falló a favor la tutela radicada por Aucenon que, en su exposición de argumentos, aseguró que el mensaje del primer mandatario era “discriminatorio” y pidió a los magistrados que le indicaran “que debe abstenerse de realizar este tipo de alegorías a cultos en particular, desde las redes sociales”. El Tribunal ordenó que, en un plazo de 48 horas, el trino debía ser eliminado, pero la Secretaría Jurídica de la Presidencia impugnó y el pleito fue a parar en la Corte Suprema de Justicia. El órgano de cierre estipuló que las acciones de Duque no violaron ningún derecho, aunque sí le recomendó a hacer un manejo más neutral de sus redes sociales para “evitar la confusión entre su rol como ciudadano y su investidura de jefe de Estado”.

3. “Uribe merece defenderse en libertad”: presidente Duque

En agosto, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente en el proceso que adelantaba en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La medida cayó como un balde de agua fría entre los seguidores y allegados al líder del Centro Democrático. Particularmente, en el presidente Duque que, a pesar de asegurar que respetaba las decisiones de las cortes, expresó su solidaridad con su padrino político y pidió que se le permitiera defenderse en libertad. “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia” aseveró.

Vea: ¿Qué posibilidad tiene el expresidente Uribe de revocar su medida de aseguramiento?

Estas palabras lo harían después el blanco de señalamientos por aparentemente ejercer presión sobre la Rama Judicial. Organizaciones de derechos humanos y la oposición alzarían sus voces para quejarse por este proceder. “Ha incurrido en graves actuaciones al hacer alocuciones oficiales y desplegar una agenda mediática para hacer declaraciones públicas a través de medios de comunicación privados y usando canales oficiales de la Presidencia de la República, en las que ha abogado por garantías judiciales para el expresidente Uribe” dijo Iván Cepeda sobre Duque.

Desde que el expediente saltó de la Corte Suprema a la Fiscalía, tras la renuncia de Uribe al Senado, el presidente Duque no ha vuelto a pronunciarse sobre la investigación en curso.

4. La rebelión de las canas

Las parámetros para el distanciamiento social que dictó el gobierno generaron rechazo en un sector de la población mayor de 70 años. Ciertas restricciones eran impuestas, en el marco del aislamiento preventivo, y no les permitían disponer de sus derechos de la misma forma que el resto de colombianos. Por este motivo, encabezados por figuras influyentes como Humberto de la Calle y Rudolf Hommes, un grupo de ciudadanos radicó una tutela argumentando que las medidas afectaban su libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad.

Vea: Rebeldes con canas, la cuarentena de los mayores de 70 años en Colombia

En primera instancia se les otorgó la razón. Y, pese a que el gobierno en su impugnación explicó que las restricciones tenían como base evidencia científica que demostraba que “el grupo de mayor riesgo son los mayores de 70 años ya que en Colombia más del 64 por ciento de fallecidos han sido adultos mayores”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no cambió el sentido de la decisión en segunda instancia. No le quedó otra al gobierno de Duque que acatar la providencia.